Los “tráileres de la muerte” fue la etiqueta que la prensa le puso a un hecho ocurrido en Jalisco en septiembre de 2018, hacia finales del sexenio del priista Aristóteles Sandoval Díaz: las autoridades forenses paseaban a cientos de cuerpos sin identificar en tráileres refrigerados por distintos municipios de la zona Metropolitana de Guadalajara. Las imágenes de los tráileres refrigerados conteniendo los cuerpos apilados indebida e indignamente le dieron la vuelta mundo. El episodio etiquetado como “tráileres de la muerte” nos revelaron tanto a la sociedad jalisciense como del resto del país, que asociada a la crisis por desaparición de personas también teníamos una crisis forense de proporciones incalculables.

El escándalo fue de tales dimensiones que obligó al gobernador Aristóteles Sandoval (asesinado hace cuatro años) a dar la cara y prometer atender la crisis existente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y hacer lo posible para solucionarla. Tres meses después, el gobernador priista entregó el Poder Ejecutivo a Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, quien en su momento se comprometió a enfrentar este problema. Pero no ocurrió así.

El emecista Enrique Alfaro entregó el mando estatal el pasado 6 de diciembre y heredó a su sucesor Pablo Lemus con una crisis forense sin resolver y además agravada, como se puede confirmar al revisar casos gravísimos que se han dado a conocer en estos días en Jalisco.

El colectivo Buscando a Nuestros Tesoros Lagos de Moreno denunció el pasado 16 de diciembre una de las tragedias que la burocracia y crisis forense hacen atravesar a las familias. Se reveló el caso Diego Iván, un joven que desapareció el 11 de septiembre de 2018 en Lagos de Moreno. Tres días después, el 14 de septiembre de 2018 sus restos ingresaron al IJCF del municipio. A pesar de ello, las autoridades forenses no le entregaron a su familia, e incluso ocurrieron omisiones o negligentes extremadamente graves pues desde el 9 de julio de 2019, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, entonces a cargo de Raúl Sánchez, firmó y selló un oficio “con la notificación de un dictamen de genética emitido por el IJCF donde se informa la compatibilidad de Diego con su madre al 99.9%”, reportan en su comunicado el colectivo de Lagos de Moreno.

Es decir, el cuerpo de Diego Iván permaneció 6 años, 3 meses y 5 días en las instalaciones forenses sin que se los entregaran a sus familiares. Son 6 años, 3 meses y 5 días de alargamiento del sufrimiento a su familia y la posibilidad de cerrar debidamente su duelo, debido a la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades.

Estos casos se repiten por cientos en Jalisco y otras partes del país. A veces pasan ocho años sin que el cuerpo de un hijo buscado sea entregado a sus familias. No se trata solo de exceso de trabajo. Claro que hay más desaparecidos y fallecidos por identificar. En el caso de Jalisco trabajadores de Ciencias Forenses denunciaron una situación grave y caótica en el instituto al revelar ineficiencias, despilfarros, falta de comunicación y hasta falta de empatía con los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos.

En una carta anónima que dirigen a los colectivos que buscan a sus desaparecidos del estado, trabajadores del IJCF denunciaron, que en ese instituto existen graves anomalías e irregularidades: Denunciaron que el director Gustavo Quezada Esparza no respeta los protocolos de investigación, que el IJCF no cuenta con insumos básicos, que faltan computadoras (“los tres médicos que trabajan fosas comparten una computadora”); y la existencia de aviadores y recomendados. También revelaron que el director dio la orden de prohibir el ingreso a las instalaciones de la señora Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana desaparecido en Tonalá en enero de 2011 y fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), el primer colectivo de familias buscadoras fundado en el estado. De la mano de la señora Guadalupe Aguilar, Fundej se ha centrado en exigir búsquedas de desaparecidos mediante la identificación de cuerpos que están resguardados en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la entidad.

Quizá el punto más grave de la denuncia de los trabajadores del Instituto Forense de Jalisco es que revelaron que en muchos casos se entrega un cuerpo a la familia sin que se tenga la certeza de que es el de la persona que andan buscando. Dice una parte del comunicado: “hemos recibido la orden de que se armen cuerpos con los diversos segmentos que existen, no obstante de que no se tenga la certeza de que las partes incluidas en determinado cuerpo, pertenezcan al mismo perfil genético”. Son denuncias gravísimas que deben ser investigadas.

Enrique Alfaro dejó la gubernatura y se fue a radicar a Madrid, España, supuestamente para terminar un curso de entrenador de futbol para luego cumplir su sueño de ser entrenador del equipo las Chivas del Guadalajara. Pero se fue a Madrid sin admitir que Jalisco padece una grave crisis forense y de las graves anomalías con las que trabaja el instituto forense estatal. Ahora el nuevo gobernador Pablo Lemus está obligado a admitir esta crisis e intervenir a fondo en el IJCF.

Con toda la gravedad de lo que ocurre en esta materia en Jalisco, apenas es un retazo del cuadro completo que nos bosqueja esta crisis forense de grandes proporciones que asola a todo el país. Si bien Jalisco encabeza la lista de entidades con más desaparecidos del país, con más de 15,300 casos, en rezago forenses ocupa el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Coahuila con 38 mil 361 cuerpos o restos sin identificar.

Así como Enrique Alfaro terminó su gobierno sin reconocer esta crisis, algo semejante hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hacia el final del sexenio dejó de apoyar los esfuerzos para avanzar debidamente con la identificación de cuerpos en los servicios forenses del país.

Pasaron ya tres años desde que en agosto de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó un informe el reveló que en el país había más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, 60 por ciento de las cuales yacía en fosas comunes en cementerios públicos. Un año después, en abril de 2022 expertos entrevistados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmaron que en las condiciones forenses que existían en México, serían necesarios 120 años para identificar los restos humanos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.

Al final del pasado sexenio, crisis se ha agravado y las instituciones o mecanismos para enfrentarla se han desmantelado o debilitado. Y los funcionarios que al comienzo del sexenio empujaron esta agenda, ahora están fuera del servicio público en México, como Karla Quintana ex Comisionada Nacional de Búsqueda, que ha sido designada por la ONU como responsable de un mecanismo independiente para determinar el destino de miles de personas desaparecidas en Siria ocurridas durante la guerra civil que vive ese país desde 2011.

Algo urgente y extraordinario se debe hacer desde la sociedad para evitar que sigan existiendo familias como la de Diego Iván a quienes las autoridades, por negligencia o incompetencia, le entregaron el cuerpo de su hijo buscado más de seis años después. Afrontar la crisis forense es una tarea urgente que debe ser atendida ya. No podemos esperar 120 años para identificar a todos los cuerpos que están en los servicios forenses, mientras afuera hay 120 mil familias que están buscando a sus desaparecidos.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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