Adela Navarro Bello
11/12/2024 - 12:04 am
Gobernadores corresponsables de la seguridad… o la inseguridad
"Ahora sí que la presidenta de la República ya hizo a los gobernadores y gobernadoras corresponsables de la inseguridad y la violencia en el País… finalmente".
Cuando Baja California se convirtió en un modelo en estrategia en materia de seguridad, a mediados del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, esto se debió a tres factores: primero, un titular del ejecutivo dispuesto a enfrentar a los cárteles de las drogas; segundo, militares autorizados para la persecución de narcotraficantes, y, tercero, un gobernador con liderazgo estatal que, con su propia supervisión, cedió la coordinación de corporaciones y dependencias gubernamentales al comandante de la Región Militar.
Fue entonces cuando, presidente, gobernador, alcaldes, delegados federales, mandos militares y marinos, establecieron un plan integral para combatir, investigar, detener y procesar a los que llamaron generadores de violencia, capos, lugartenientes, sicarios, narcomenudistas, mafiosos en general.
Aquella fue la última ocasión en que un presidente de la República hizo a los gobernadores de los estados corresponsables del combate a la inseguridad. La lucha no era solo de la federación, también en las entidades federativas tenían una carga de responsabilidad con las investigaciones de la procuraduría general de justicia del estado, las operaciones e inteligencia de la secretaría de seguridad, y la participación de los delegados de la PGR, los mandos militares, y los directores de seguridad de los ayuntamientos. Por aquellos años también el narcomenudeo pasó a ser también un tema del fuero estatal.
Pero, así como hubo importantes aprehensiones que sacaron de circulación a notorios criminales y mafiosos, proveyendo algo de paz en las calles de las ciudades, también sucedieron actos de corrupción que dotaron al narcotráfico, a los cárteles y sus miembros, de más impunidad. No fue aquella una estrategia a prueba de fuego, pero al menos fue un proyecto que se accionó y dio resultados.
En el sexenio siguiente, el del priísta Enrique Peña Nieto, los militares volvieron a los cuarteles, delimitados en sus funciones entre la sociedad civil y para combatir al crimen organizado, mientras que los gobernadores retomaron su espacio y sin respaldo federal para enfrentar el creciente clima de inseguridad y violencia en el País. De la guerra contra las drogas de Calderón, México transitó a la narrativa de programas para lograr “la paz” de Peña.
Y todo cambió en 2018 cuando al arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquella ocurrencia de un debate electoral presidencial, “abrazos no balazos” fue consolidada como política pública y guía de la estrategia nacional contra la inseguridad.
Seis años de discreto combate a la seguridad dieron como resultado, por ejemplo, que, a Ovidio Guzmán López, el ratón, se le liberara luego que la Policía Federal lo aprehendió en octubre de 2019, nada más que por orden directa del presidente de la República. Por supuesto que esta impunidad le dio a México a narcotraficantes intocables, solo abrazables, lo que les permitió expandir sus ilícitos negocios y convertirse en los principales distribuidores de fentanilo no solo para los Estados Unidos, también en otros países.
La protección oficial a los líderes de los cárteles llegó a tal grado que cuando el 25 de julio de 2024, ya en las postrimerías del sexenio obradorista, en los Estados Unidos detuvieron al intocable e impune por excelencia, Ismael Zambada García, el Mayo, el gobierno de la República inició un debate internacional con la Unión Americana, para develar los detalles de tal detención, e incluso procesando a Joaquín Guzmán López, un hijo del depuesto líder del cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, por secuestro y traición a la patria cuando el Mayo declaró en una carta pública, que el junio Guzmán lo había secuestrado y llevado contra su voluntad ante las autoridades norteamericanas.
La primera mujer presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, siguió con esa dinámica, al menos en lo que a la aprehensión del Mayo se refiere, y cuando hace una semanas sostuvo una reunión privada con el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el tema que dijo le abordó, fue precisamente conocer los detalles de la detención de Zambada García, como si ese fuese el tema de mayor relevancia en la relación México-Estados Unidos, para haber sido el asunto principal en la reunión de los mandatarios vecinos.
Sin embargo, la estrategia de Claudia Sheinbaum Pardo contra la inseguridad, parece transitar en dirección contraria a los abrazos y no balazos. Por ahora le ha dado la carta abierta a su secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, para que instaure una unidad de inteligencia en la desmantelada dependencia que titula y se haga acompañar de otras corporaciones policiacas para enmendar la ausencia de una, y combatir a los cárteles, por tanto, reducir los asesinatos que ocurren en el país, que, en un incremento sostenido, pasaron de los 120 mil con Calderón, a los 158 mil con Peña, hasta llegar a los 200 mil con López Obrador.
Esta semana, la presidenta Sheinbaum hizo a los gobernadores de los Estados corresponsables de la seguridad, o de la inseguridad que se viva en las entidades federativas; también realizó un llamado a cada uno de ellos a encabezar las mesas de seguridad, y coordinar los esfuerzos gubernamentales para disminuir los índices de inseguridad y violencia.
Los conminó de manera personal y directa, a que “atendamos de manera personal el tema de la seguridad, no es algo que se pueda delegar. No se puede delegar”. La mandataria nacional fue más allá y los señaló como corresponsables del clima de seguridad, o de inseguridad y violencia: “El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior es la estrategia es la coordinación general de la estrategia y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado y para eso están todas las fuerzas federales para apoyarles ayudar y además hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad con todo respeto, ahí donde el Gobernador o Gobernadora está al frente se nota ahí donde no se atiende siempre hay problemas y uno puede pensar y no lo digo muy respetuosamente que con atender una vez a la semana es suficiente, no es suficiente”.
Incluso les retó a un trabajo más que coordinado, de diario, hacer del tema de la seguridad, uno de relevancia en los Estados: “Hay que estar diario y que si sube la incidencia en una zona cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices, que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sean la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar dispuestos desde la Presidenta de la República, el General Secretario o el Secretario de Seguridad, el Secretario Marina para atenderlos en cualquier momento a la hora que haga falta… Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad”, sentenció.
Argumentó: “La coordinación no se puede dar, si no está la cabeza”.
Y sostuvo la estrategia de hace dos sexenios: “se requiere coordinación, coordinación entre la Policía y la Fiscalía, coordinación entre la Policía y las Policías y la investigación de las Fiscalías. Es decir, un solo equipo que evite las puertas giratorias, que fortalezca las capacidades de las instituciones”.
El mensaje de la presidenta a los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas fue claro: coordinación para combatir la inseguridad y la violencia, y disminuir la estadística del crimen, por tanto, combatir a la criminalidad organizada. Ahora a esperar para ver si las gobernadoras y los gobernadores, como se les ha sugerido, encabezan la coordinación estatal contra la inseguridad, o si, como en el caso de Sinaloa, o Baja California, por los altos niveles de violencia, se percibe -como recalcó Sheinbaum- que no están al frente de la coordinación por la seguridad.
Ahora sí que la presidenta de la República ya hizo a los gobernadores y gobernadoras corresponsables de la inseguridad y la violencia en el País… finalmente.
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