Se extinguieron. Tal como lo propuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su programa de reformas constitucionales, la tarde-noche del jueves 28 de noviembre el Senado de la República aprobó las modificaciones para la desaparición de siete organismos constitucionales autónomos. La aplanadora de Morena, y los partidos aliados PT y PVEM alcanzaron la mayoría calificada necesaria de 86 votos de senadores, en tanto que la oposición de PAN, PRI y MC alcanzaron 42 votos, entre ellos el del senador ex panista ahora bajo las filas del partido gobernante, Javier Corral, con el argumento de que él fue impulsor de dos de los siete organismos que dejarán de existir.

Los organismos que desaparecen son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Estos organismos gastaron 32 mil millones de pesos entre 2018 y 2024.

El único organismo que me parecía defendible era el Inai porque coincido con otros colegas que la legislación que creó este organismo forzó al Estado mexicano a abrir sus archivos y entregar información que de otro modo no habría salido a la luz pública. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que con la eliminación del Inai no deja de haber transparencia, y que se cumplirá con esta función pero sin corrupción. Vamos a ver si esto se cumple, pero de entrada hay muchos motivos para dudar. Pienso sobre todo en las dependencias militares y de seguridad pública que se escudarán en la supuesta seguridad nacional para negarse a entregar información solicitada.

El resto de los organismos me parecen prescindibles, tal como funcionaban, no así la función que llevan a cabo. Soy de la idea de que los organismos constitucionales autónomos son en sí mismos una anomalía del Estado, pues en teoría todas las funciones que llevan a cabo dichos organismos son competencias gubernamentales y surgen como una anomalía del mismo. Por ejemplo, si se respetaran los derechos humanos, no debería existir una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si se actuara con transparencia un INAI sería innecesario, y si no hubiera monopolios, la Cofece sobraría, y así sucesivamente.

Como dije, lamento la desaparición del INAI pero lo cierto es que los comisionados y la alta burocracia de ese organismo se la pusieron fácil al gobierno de la Cuarta Transformación para justificar su eliminación. Desde hace varios años se han denunciando casos de malos manejos, prácticas corruptas y hasta comportamientos francamente repudiables por parte de algunos comisionados del INAI.

Basta recordar que un ex comisionado de este organismo, Óscar Guerra Ford, fue descubierto utilizando la tarjeta de crédito American Express del organismo en un table dance de la Ciudad de México donde también ofrecía servicios de prostitución.

La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública 2022 del INAI, encontró diversas anomalías como viajes al extranjero y otras partes de la república sin la justificación debida, compras sin licitaciones, parientes y familiares de funcionarios en la nómina (nepotismo) y hasta empleados que cobraban sin trabajar (aviadores) en el organismo.

Prácticamente todos los comisionados del Inai fueron encontrados responsables de utilizar recursos del organismo de manera indebida. “Como parte de la intervención de la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero, se revisaron viáticos y pasajes nacionales e internacionales en el ejercicio 2022, que efectuaron los comisionados del Inai. Al respecto, se apunta que los comisionados y comisionadas activos en 2022 (Alcalá Méndez, Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Norma Julieta del Río Venegas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román Vergara) presentaron CFDI que no correspondieron con los periodos de las comisiones autorizadas; incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas American Express sin acreditarlos con oficio de comisión; en pago de viáticos sin acreditar que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión; CFDI que no cumplieron con la totalidad de los elementos requeridos en los lineamientos, y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados”, reseñó Contralínea en febrero de este año.

Quizá la irregularidad más burda fue que al menos 44 servidores públicos del Inai denunciaron que entre 2018 a 2023, altos mandos del organismo (léase comisionados) les pedían a esos trabajadores entre 10 y 60 por ciento de sus sueldos “para continuar laborando”. Es el caso conocido como los “moches” del Inai.

Un funcionario del INAI, que me pidió guardar el anonimato, me reveló que sólo por la vía de los moches de sueldo, un comisionado podría llevarse hasta 500 mil pesos al mes. Pero ni siquiera guardaban las formas. En el INAI se sabía que el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov tenía una colección de autos antiguos que guardaba en las propias instalaciones del INAI. Por estos abusos y dispendios es que muchos organismos autónomos no serán extrañados.

Pero el mismo celo que el gobierno de la Cuarta Transformación guarda para extinguir comportamientos indebidos y jugosas prestaciones para altos funcionarios, pagos irregulares, nepotismo, aviadurías y contratos irregulares en estos organismos que ya extinguió, debería ponerse en todos los poderes públicos. El poder Judicial está a punto de ser renovado en su totalidad, pero faltaría hacer el mismo escrutinio en los poderes Legislativo y Ejecutivo. O acaso ya no hay diputados o funcionarios del Ejecutivo que utilicen para gastos personales la tarjeta de crédito de la institución pública para la que trabajan, o secretarios o altos funcionarios que cobren moche a sus empleados o legisladores que metan a sus parientes a la nómina. El celo anticorrupción con el que se juzgó a los organismos constitucionales autónomos debe aplicarse para todos los poderes públicos.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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