Después de los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid Hurtado, de Salinas de Gortari y de Zedillo Ponce de León; de los panistas de Vicente Fox Quezada y de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y luego del regreso del neotricolor Enrique Peña Nieto, el PRI quedó huérfano de ideología revolucionaria.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La Constitución de 1917 es la historia más apasionante de México, en la cual se compendian los afanes de quienes el 20 de noviembre de 1910 iniciaron la Revolución Mexicana, gesta histórica de la cual hoy conmemoramos el aniversario 114.
La Revolución Mexicana se escrituró en los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero del 1917, principios fundamentales, orientados en beneficio del Pueblo.
Muchos de los buenos propósitos de la Revolución Mexicana y de la Constitución fueron violentados en 36 años de gobiernos neoliberales, que entre 1982 y 2018 pretendieron cambiar el rumbo del país y de la historia, afanes que los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación procuran revertir con reformas a la Carta Magna que le restituyan su espíritu y origen social.
Entre el 2018 y el 2024 los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, han promovido reformas a 109 artículos de la Constitución General de la República, orientados a encauzar las acciones de la administración pública en favor de los pobres, que integran la mayoría en el país.
En contraste con las 496 reformas que llevaron a cabo los gobiernos neoliberales entre 1982 y 2018, que desnaturalizaron y traicionaron el proyecto histórico de reivindicaciones sociales gestado en la Revolución Mexicana. Las reformas del periodo neoliberal cambiaron el modelo del País, al iniciar una privatización a ultranza de los bienes de la Nación, con el perverso propósito de empoderar y enriquecer a unos pocos, en detrimento del bienestar de la mayoría.
Los mismos priistas, que durante décadas se asumieron como herederos de la Revolución Mexicana han pagado las consecuencias del profundo cambio de rumbo que su partido experimentó desde la llegada al poder y al control del tricolor de los tecnócratas educados en universidades extranjeras.
Así lo reconocen en los documentos que reseñan los trabajos de su 18 Asamblea Nacional, realizada en noviembre del 2001, un año después de que el PRI perdiera por primera vez en su historia la Presidencia de la República. Descubrieron entonces y asumieron que los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana.
En su nueva Declaración de Principios, surgida de los trabajos de esa Asamblea Nacional realizada en 2001, los priistas juzgaron con severidad a los dos ex Mandatarios:
«Hacia 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales», decían las conclusiones.
«Estos agentes -agregaba el documento priista- generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliando aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro País. El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México», recriminaban los tricolores en el año 2001.
Después de los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid Hurtado, de Salinas de Gortari y de Zedillo Ponce de León; de los panistas de Vicente Fox Quezada y de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y luego del regreso del neotricolor Enrique Peña Nieto, el PRI quedó huérfano de ideología revolucionaria.
Si observamos las reformas que se hicieron a la Constitución General de la República durante los seis primeros gobiernos surgidos de la Revolución, veremos que los cambios a la Carta Magna fueron pocos y muy cuidadosos. Lo mismo sucedió en el periodo llamado del Desarrollo Estabilizador.
El nuevo rumbo del país está claramente orientado por el sentido que llevan las 13 reformas constitucionales más recientes, promovidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. El particular, la nueva administración federal muestra preocupación por ampliar las bases jurídicas de protección y apoyo a las mujeres; por profundizar la supremacía del Estado en áreas estratégicas, y fortalecer el combate al crimen organizado dándole más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El pasado viernes 15 de noviembre del 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas al Artículo Cuarto Constitucional orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres y poner freno a la violencia que cotidianamente les afecta. La reforma advierte: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
Ese mismo día se publicó la reforma al artículo 41 constitucional que precisa y promueve la igualdad: “Los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y Municipios, deberán observar el principio de paridad de género”.
Además, se modificaron también algunos párrafos del artículo 116 constitucional para obligar a los gobiernos estatales a proteger mejor a las mujeres: “Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres”.
Y por supuesto, además de oportunidades y protección, se reformó el Artículo 123 constitucional con un sentido de justicia: “A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género”.
Otra indudable preocupación del nuevo gobierno es la seguridad pública, para lo cual promovió reformas al artículo 21 constitucional, para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública federal en el campo de la investigación de los delitos: “La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas […] La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
La ampliación de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Omar García Harfuch es clara en las reformas al Artículo 73 constitucional: “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. También podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres, en términos de las leyes correspondientes”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum también deja muy clara la supremacía del Estado Mexicano en algunas áreas estratégicas, el fortalecer esos criterios en las reformas al Artículo 25 constitucional: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas […] manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado. […] Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos” la Nación se reserva la exclusividad sobre esas actividades.
Con la mirada puesta en el futuro se reformó el Artículo 27 en los siguientes términos: “Tratándose de minerales radiactivos y litio no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional […] así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
El mismo artículo 27, en términos imperativos, advierte que bienes de la Nación no puedan estar sujetos a explotación comercial: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
En las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 30 de octubre del 2024 se recupera la supremacía del Estado en áreas fundamentales y se establece en el Artículo 28 de la Carta Magna:
“La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional; […] el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia”. A este artículo se le adiciona un párrafo: “El Estado Mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares”.
Y además, para evitar tentaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual por lo menos siete ministros, encabezados por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, han mostrado afanes golpistas al tratar de detener las reformas al Poder Judicial, el jueves 31 de octubre del 2024 se publicaron reformas al Artículo 105 aque establecen: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
En tanto que sobre el mismo tema, las reformas al Artículo 107 constitucional advierten: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
La conmemoración del aniversario 114 de la Revolución Mexicana que celebramos hoy lleva, obligatoriamente, al análisis de los postulados de la Constitución Política de 1917, determinados por las aspiraciones sociales de quienes participaron en el movimiento armado. Afanes que con el tiempo se han desdibujado, en favor de las minorías privilegiadas y en perjuicio de los derechos de las mayorías pobres y marginadas.
