Sin limitantes ni censura en redes sociales, particularmente en X, el domingo 6 de octubre fue expuesto sobremanera el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, el priísta Alejandro Arcos Catalán, de apenas 42 años de edad. Fue una de las imágenes más terribles que se han difundido en México a través de los medios de comunicación masiva. Esto es el horror. Su cabeza cercenada en el techo de un auto donde en el interior, en el asiento del copiloto, se encontraba su cuerpo mutilado, cubierto desde la herida superior por una manta.

La acción de exhibir de manera tan cruenta el cuerpo cercenado del alcalde es una deliberada acción del crimen organizado para causar terror no solo entre la población de la capital del Estado de Guerrero, sino entre la clase política que tan cercano como el 30 de septiembre de 2024, tomó posesión en ayuntamientos. Arcos Catalán tenía seis días de haber juramentado como presidente municipal.

Otras fechas fatídicas y a la vez premonitorias habían sucedido a escasos días de que Alejandro Arcos encontrara la muerte a manos aún desconocidas por la autoridad, sea guerrerense o federal. El viernes 27 de septiembre, a escasos tres días de la toma de posesión del 30 de septiembre, Ulises Hernández Martínez fue asesinado en una céntrica zona cuando circulaba en su vehículo personal. El hombre, quien había sido coordinador de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía de Guerrero, se convertiría, con la venia del Cabildo y a propuesta de Arcos Catalán, en el próximo secretario de seguridad pública municipal de Chilpancingo.

Tres días después de la toma de protesta municipal, el 3 de octubre de 2024, la persona que Arcos Catalán había nombrado secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia, también fue asesinado. Al igual que a Ulises Hernández, lo mataron a balazos cerca de una plaza cívica del municipio.

Por supuesto que el alcalde Alejandro Arcos Catalán alzó la voz ante la violencia y la injusticia, pues los homicidas de estas personas cercanas a él y a su administración, ni habían sido identificados, ni detenidos. La amenaza para su persona era latente, el riesgo anunciado, pero ni en esas condiciones de inseguridad y violencia en la capital de Guerrero, al alcalde le fueron puestas medidas cautelares, ya sea por el Estado o la Federación, para que, con escoltas y seguridad especializada, se protegiera su vida.

Entonces, con la indiferencia de Estado y Federación sucedió lo que se anticipó con los crímenes de quien sería secretario de seguridad del Ayuntamiento y el que ya era secretario general. El bestial homicidio del alcalde fue el último eslabón de poder que le quedaba a la delincuencia organizada por deshacer. El segundo piso del crimen se va trazando desde Guerrero y, por supuesto, Sinaloa, donde sigue otra narcoguerra sin gobierno.

Las reseñas periodísticas de la localidad indican que Alejandro Arcos tuvo un domingo de trabajo aquel 6 de octubre, supervisando diversas regiones del municipio que habían sufrido devastación por la tormenta tropical convertida en huracán John. Realizó publicaciones de informe de actividades en sus redes sociales, hasta que ya no se supo de él. Lo siguiente fue verle cercenado y exhibido en el techo de un auto… con el claro mensaje de lo que sucederá a quien pretenda cumplir y hacer cumplir la Ley.

Considerando los matices políticos resalta que, a pesar de los asesinatos de sus colaboradores, ni la gobernadora emanada de Morena, Evelyn Salgado, ni desde la secretaría de seguridad federal o la Guardia Nacional, dirigidas por la presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo, le hubiesen asignado escoltas al alcalde que ya estaba vulnerado en su seguridad, especialmente considerando que, sin una policía en su estructura, el secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno de la República, Omar García Harfuch, está sustentando gran parte de su “estrategia” en materia de seguridad, en la inteligencia y el análisis de la información, sin embargo es evidente que no la aplicó en Guerrero, en Chilpancingo, donde no se requería de mucha inteligencia para saber que el alcalde corría peligro después del asesinato de quien sería se secretario de seguridad, y del secretario general.

El lunes 7 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dedicó unas cuantas palabras y reflexiones al asesinato de Arcos Catalán, con el lugar común de condenar los hechos; refirió que se están coordinando con la fiscalía general de Estado de Guerrero para las investigaciones (no dijo cuál área), así como analizando si el caso lo debe atraer la (autónoma) FGR, de la cual no ha salido información sobre la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en Guerrero, cuando esa sí es una de sus facultades y su obligación. Después, manera muy lamentable, muy desafortunada, la mandataria nacional justificó el desconocimiento sobre la inseguridad en Chilpancingo, a pesar de los tres asesinatos, diciendo que la capital guerrerense “no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación donde hace unos días, asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde, pero no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información”.

La realidad es que, en México, hay municipios inseguros por el alto número de asesinatos, y hay municipios inseguros por el nivel de complicidad entre autoridades y crimen organizado. En las listas fúnebres también aparecen entidades federativas. Ahí está, por ejemplo, el caso de Sinaloa, que, por alguna razón de acuerdo criminal, nunca figura entre los estados con más ejecutados, aunque es de los más criminalizados como sede de un de los principales cárteles de la droga, no en el país, sino en el mundo, el cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, la antecesora de Alejandro Arcos Catalán en la alcaldía de Chilpancingo, la emanada de Morena, Norma Otilia Hernández, quien sobrevive y fue literalmente corrida por los ciudadanos de las honras fúnebres de Arcos Catalán, es notoria porque hace más o menos un año, fue exhibida a través de videos en redes sociales, cuando en su calidad de presidenta municipal se reunió con Celso Ortega Jiménez, cabeza criminal de la célula de los Ardillos, y a saber el grupo que mantiene un control delincuencial en esa zona de Guerrero, a fuerza de plomo y sangre.

En varios videos se le ve platicar condescendientemente con Celso Ortega, señalado por mesas de seguridad como el narcotraficante y criminal organizado que, ejerciendo una sangrienta violencia, controla los territorios en esa región de Guerrero que incluye Chilpancingo. La exalcaldesa parece acordar con el jefe de la mafia y por ello fue expulsada de Morena, apenas en septiembre de este 2024, cuando ese partido ya había perdido, a votos de Arcos Catalán, la capital.

Es evidente que Chilpancingo era un territorio controlado por el narcotráfico, y que hubo algo en la política pública del nuevo Ayuntamiento encabezado por el priísta Arcos que no satisfizo a los Ardillos, y, por tanto, en menos de una semana, asesinaron a tres personas, a quien sería encargado de la seguridad, al secretario general y al alcalde.

Pero Guerrero, como Sinaloa, no aparecen -para la presidenta- entre los Estados con más asesinatos y por tanto no son o no representan un foco rojo en materia de inseguridad y violencia, y hasta donde se sabe, García Harfuch no ha llevado su política de nombrar a los encargados de seguridad en esas regiones para controlar la materia, porque no se debe olvidar el origen del joven secretario de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum: la policía federal preventiva de Genaro García Luna en 2008, en pleno cénit de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, del que -como su líder- la presidenta Sheinbaum, empezó a criticar desde su discurso inaugural, Será que en el secretario llevará la penitencia de un sexenio que así, con estos hechos trágicamente inéditos, mal empieza, y va al segundo piso, pero de la exacerbación del crimen organizado.

Adela Navarro Bello

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