En el conjunto de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de este año, la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano era considerada como la menos polémica y controvertida de todas las fuerzas parlamentarias. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), esta reforma implicaba un cambio necesario y como un “acto de elemental justicia y humanidad que responda a largas luchas de resistencia de los pueblos indígenas de México”.

Y tan no fue controvertida que dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados con 483 votos a favor la madrugada del martes pasado. En la sesión de aprobación la diputada del bloque oficialista (del Partido del Trabajo) Vanessa López Carrillo sostuvo que “la iniciativa es una oportunidad de resarcir la deuda histórica con los pueblos originarios de México, pues significa un rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo”.

Sin embargo, para los conocedores del derecho y de las luchas de las comunidades indígenas, esta iniciativa está lejos de resarcir la deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios. Para empezar, se ha reprochado que la iniciativa que envió el presidente López Obrador al Congreso de la Unión en febrero pasado, dista mucho de la propuesta que el INPI y varias comunidades indígenas le entregaron luego de un proceso de consultas realizadas al comienzo del sexenio.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y uno de los principales conocedores del derecho agrario, recordó que apenas arrancó la actual administración la Secretaría de Gobernación y el INPI organizaron al menos 54 foros de consulta en 27 estados del país en los que participaron más de 27 mil personas, la mayoría de organizaciones indígenas afines al actual gobierno.

De dichos foros y con antecedentes relevantes en las luchas indígenas como los Acuerdos de San Andrés pactados entre representantes del Estado mexicano y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros pueblos en 1996, se presentó a fines de 2019 al presidente López Obrador una propuesta de iniciativa de reforma que contemplaba al menos las reformas y adiciones a 17 artículos de la Constitución.

Además, recordó López Bárcenas en entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, la propuesta emanada de los foros de 2019 contemplaba al menos diez derechos sustantivos para los pueblos originarios en materia de libre determinación y autonomía, acceso a la justicia, representación política, territorios, recursos naturales, consultas, desarrollo, patrimonio cultural. Poco de esto quedó en la iniciativa turnada por López Obrador y que fue aprobada por unanimidad por los diputados federales el pasado martes.

Para López Bárcenas, la propuesta de los foros fue rasurada notablemente por lo que la iniciativa aprobada “quedó chica” en comparación con la propuesta fundamental. Incluso quienes la elaboraron se sorprendieron de cómo fue cambiado su propuesta. “Me recuerda el proceso de 2001 cuando el presidente Fox entrega la iniciativa de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) y los legisladores del PRI, PAN y PRD la rasuraron y ahora quien lo hace es el Ejecutivo”, me dijo López Bárcenas.

Desde el oficialismo, el director del INPI Adelfo Regino Montes, destacó que la reforma aprobada tiene como columna vertebral la consideración de los pueblos originarios como sujetos de derecho público y no de interés público, como así lo establecía la reforma Constitucional de 2001.

Pero lo relevante de esta iniciativa no es lo que contiene, sino lo que no contiene, destacó Carlos González, de la comisión de coordinación del Congreso Nacional Indígena(CNI). Si bien se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, se les escamoteó el reconocimiento de los derechos territoriales y el usufructo y uso colectivo de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos originarios.

La falta del reconocimiento del derecho de los pueblos a sus territorios y bienes comunes es muy grave, sostiene Carlos González en un contexto de acumulación por despojo. “Es preocupante porque hay un conjunto de procesos de despojos de los pueblos originarios que están avanzando aceleradamente, entonces es grave que no se reconozca este elemento neurálgico porque se da pie a que estos procesos de despojos continúen y entonces el discurso y la palabra de que se está saldando una deuda histórica y de que se están reconociendo a los pueblos originarios como alma y espíritu de la nación, no suena muy realista, no suena sincera”.

No solo por esta reforma achicada e insuficiente, sino por el trato a lo largo del sexenio, este gobierno le queda a deber a los pueblos originarios. Me dijo López Bárcenas: “Lamento mucho decirlo porque me hubiera gustado o en el imaginario queda, que siendo un gobierno progresista, porque en otros ámbitos sí lo es, esperaríamos que en pueblos indígenas también lo fuera, pero a los pueblos indígenas nos fue muy mal. Es un retroceso muy fuerte que hemos tenido tanto en los derechos como en las políticas. Fue un gobierno que recortó prácticamente 70 por ciento el presupuesto que ya habían recortado los gobiernos neoliberales”. Y además se recortó sustancialmente la reforma que había sido acordado con representantes de las comunidades. Por esta razón, el gobierno de la Cuarta Transformación sigue en deuda con los pueblos originarios.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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