La reforma al Poder Judicial plantea la reducción de 11 a nueve ministros de la Corte, un tribunal federal actualmente con una mayoría cercana a la élite político-económica que ha intentado conducir las resoluciones a beneficios como la evasión fiscal.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Entre la opacidad dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logran verse, por sus trayectorias, tres principales bloques: los ministros señalados de proteger los intereses de la élite político económica, encabezados desde el año pasado por la Ministra presidenta Norma Piña; los ministros que fueron designados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se apartaron del proyecto del Poder Ejecutivo; y las ministras abiertamente afines a la denominada Cuarta Transformación.
Hace unos días la revista Líderes Mexicanos celebró su comida anual para reunir a los 300 personajes más destacados que «mueven al país». Ahí, junto con influyentes políticos, empresarios y famosos del espectáculo, desfilaron el Ministro y exprocurador fiscal con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Javier Laynez Potisek, así como el Ministro que archivó el adeudo fiscal de Elektra, Luis María Aguilar Morales.
No sorprende. La cúpula de este brazo del Poder Judicial está acostumbrada al lujo y a codearse con los poderosos. No sólo acuden a sus fiestas o bodas, la mayoría del pleno de la Corte prioriza, entre las cientos de demandas por resolver, las demandas sobre temas fiscales de estos personajes, ha observado la Ministra Lenia Batres. En noviembre de 2022 —aún bajo la presidencia de Arturo Zaldívar—, el pleno invalidó como delito grave la defraudación fiscal con el argumento de ser una violación a los derechos humanos.
Abiertamente la Ministra presidenta Norma Piña se colocó a favor del bloque opositor contra la reforma que reduce de 11 a nueve ministros la Corte; marchó a su lado y no condenó el portazo de trabajadores del Poder Judicial dentro de la sede del Poder Legislativo.
Sin embargo, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que recientemente también se manifestó junto con los trabajadores del Poder Judicial, rechaza la narrativa de que los juzgadores «sirven» a determinados grupos. Pardo Rebolledo, quien en 2019 acudió a la boda de la hija de Juan Collado, el exabogado de Salinas de Gortari y Peña Nieto, aseguró en el primer foro sobre la reforma judicial:
«Se ha denostado a la Judicatura Federal afirmándose que somos corruptos y que servimos solo a determinados grupos privilegiados. Quienes hemos sido formados en la carrera judicial, estamos conscientes de que nuestras resoluciones siempre se generan en medio de un conflicto y que finalmente la parte que no obtiene lo que pretendía queda insatisfecha y molesta con quien juzga».
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, explicó que la Suprema Corte es un tribunal federal que, como última instancia, y como garante de la Constitución, revisa acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo. Los casos más reconocidos son el invalidar la prohibición del consumo de la mariguana o el aborto, así como el caso Cassez. Desde la reforma de 1994, observó, ha predominado en la Corte una tradición ortodoxa con base en la Constitución, pero, como en el resto del mundo, no está exenta de la política.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y en cualquier parte del mundo, tiene un elemento político porque lo que interpreta y la defensa es la Constitución, y la Constitución es un elemento de índole político y también ellos tienen algunas ideologías sin duda», afirmó.
MINISTROS PARA EVASIÓN FISCAL
No tiene tanta presencia mediática como recientemente han tenido otros de sus compañeros en torno a la reforma al Poder Judicial, pero el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Morelos, 1969) refleja cómo se cobija a la élite político económica desde la Corte.
Ortiz Mena trabajó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los gobiernos conservadores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue administrador general jurídico (2003-2007) y administrador general de Grandes Contribuyentes (2007-2008). Ya como titular de 2008 a 2012, durante el Gobierno de Calderón, condonó el pago de impuestos por 392 mil millones de pesos a 9 mil grandes contribuyentes, entre ellos, la aerolínea TAESA y Textiles Sanfor, informó la revista Contralínea.
Posteriormente, fue propuesto por Calderón y ratificado para el Senado para Ministro de la Corte de diciembre de 2012 al 2027. Antes, el egresado de la UNAM y Harvard trabajó en el sector privado en firmas de abogados nacionales e internacionales, entre ellas, una firma fiscal.
«Ese ministro fue, antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras. Luego, entra con Fox como director jurídico del SAT. Yo no sé si entonces este señor era el director jurídico del SAT. Pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes del SAT. ¿Cómo está la estructura de recaudación? ¿Quiénes son los que deben de pagar más? Los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes. ¿Y a quiénes se les devolvían los impuestos? A los grandes contribuyentes. Y luego, director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas», dijo al respecto el Presidente López Obrador en enero de 2023, un día después de que tomó la presidencia la Ministra Norma Piña.
Con su especialización en juicio de amparo, otro Ministro que ha avalado la defraudación fiscal, particularmente de Elektra (Grupo Salinas), es el Ministro Luis María Aguilar Morales (CDMX, 1949). Este 2024 culmina su periodo de 15 años como Ministro tras ser propuesto por Calderón. Durante su presidencia en la Corte, de 2015 a 2019, se vendieron exámenes para acceder a cargos federales, de acuerdo con una investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal.
Su padre Luis María Aguilar y Gómez trabajó en la Suprema Corte como Secretario de estudio y cuenta, por lo que desde niño se familiarizó con conceptos como el amparo y la suspensión. Durante el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial celebrado en la Cámara de Diputados, Aguilar compartió que viene de una «familia humilde». Su abuela era maya en Yucatán y su abuelo era un conductor de tranvías en la CDMX, por lo que «nunca ha sido gente rica», sino que creció con su carrera judicial iniciada en 1968 como taquimecanógrafo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tras estudiar Derecho en la UNAM, en la década de los ochenta fue juez y luego magistrado.
«Yo creo en la carrera judicial, me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial hasta llegar al honroso cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal», dijo Aguilar durante su participación.
Sin embargo, el Ministro Aguilar no actúa con base en su origen humilde. Cuando era el Ministro presidente del «independiente» Poder Judicial, acudió al cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari y en 2019, al igual que el Ministro Pardo Rebolledo, fue a la boda de la hija de Juan Collado, el exabogado de Salinas de Gortari y Peña Nieto.
A la par, fue señalado por el entonces Procurador fiscal, Arturo Medina Padilla, de prolongar por ocho meses un adeudo de Elektra, empresa de Grupo Salinas que fue fiscalizada entre 2010 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos.
«Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar una sentencia que lo obligue a pagar impuestos. La Suprema Corte de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto de que son novedosos y que son relevantes, no obstante, que ya existen jurisprudencias y precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los Tribunales Colegiados», expuso Medina.
Al día siguiente el Presidente López Obrador cuestionó: ¿Para quién trabaja el Ministro? Finalmente el pleno de la Segunda Sala rechazó que la Corte, particularmente el Ministro Aguilar, atrajera discutir el juicio de amparo a favor de Elektra y ahora la pelota está en la cancha de magistrados.
LOS «INGRATOS»
Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán (nominados por Calderón) y Javier Laynez Potisek (nominado por Peña Nieto) se han manifestado públicamente o incluso en las calles en contra de la reforma al Poder Judicial.
Pardo Rebolledo se codeó con la élite política en la boda de la hija de Juan Collado; Pérez Dayán –de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal– trae un proyecto pendiente sobre un recurso de revisión de Elektra por 33 mil millones de pesos y Laynez Potisek (Coahuila, 1959) fue Procurador Fiscal con Calderón y Peña Nieto, así como Consejero Jurídico con Vicente Fox. Asegura que la Corte funge como contrapeso al Poder Ejecutivo. «El que ahora la gente conozca a sus ministros, les den seguimiento, nos critiquen y nos evalúen es fundamental», dijo en entrevista para la revista Líderes Mexicanos que lo considera uno de los personajes más influyentes en México.
Sin embargo, aunque los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá (CDMX, 1949) y Margarita Ríos Farjat (Nuevo León, 1973) fueron nominados por el Presidente López Obrador, también han mostrado estar del lado del bloque conservador. Si no fuera así, el Presidente López Obrador tendría cinco ministros afines a sus políticas y, con ello, el pleno de la Corte no llegaría con facilidad a la mayoría (ocho votos) para acordar temas de controversia, por ejemplo, declarar inconstitucional la reforma eléctrica y el paso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena.
«El Presidente tendría cinco ministros afines y quizá el rumbo de las cosas habría sido diferente. La mayoría en la Corte es para temas de acciones de inconstitucionalidad, que son para validar o no las leyes o temas de controversias constitucionales. Si el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat hubieran votado con las ministras disidentes, al ser cinco, hubieran evitado las mayorías para ciertas acciones de inconstitucionalidad», planteó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Zacarías.
Cuando González Alcántara Carrancá era magistrado, ayudó a su amigo exministro presidente, Genaro Góngora, a reducir la pensión alimenticia para sus dos hijos con autismo. De acuerdo con un reportaje de Aristegui Noticias, firmó una sentencia que redujo la pensión alimenticia de David y Ulises a 50 mil pesos mensuales, mucho menos que el 35 por ciento de sus ingresos totales.
Pese a ese antecedente, Alcántara Carrancá fue nominado por el Presidente López Obrador en 2018. Se conocieron cuando fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entre 2000 y 2004, cuando el mandatario fue Jefe de Gobierno. Pero, al ver sus posturas contra la eliminación de los fideicomisos y demás lujos en la Corte, en más de una ocasión ha reconocido que se equivocó al nominarlo.
En verano de este año, el Presidente López Obrador aseguró que el Ministro Alcántara Carrancá es el principal «asesor» de la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien es hija de docentes y hasta llegar a ser la primera mujer presidenta de la Corte comenzó a codearse con la élite. El Ministro fue quien prestó su residencia en las Lomas de Chapultepec para una reunión en diciembre pasado entre ministros, magistrados y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Esta semana el periodista y director de SinEmbargo Alejandro Páez reveló que esa solo fue una de diversas reuniones. Un grupo selecto de líderes de las élites mexicanas se encontraba cada semana con la Ministra presidenta Norma Piña en la casa de Federico Jesús Reyes-Heroles González-Garza para definir la operación política de la Suprema Corte contra el Gobierno de López Obrador.
A las reuniones de 2023 asistieron regularmente el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el director de la revista Nexos Héctor Aguilar Camín, y el propio Reyes-Heroles. No es coincidencia la sede: Natalia Reyes-Heroles Scharrer, hija del exfuncionario público de presidentes priistas, tiene el cargo de secretaria general de la Presidencia de la Corte.
Páez Varela cuestiona en su columna: «¿Cómo es posible que Claudio X. González, representante de la élite económica y patrón de la oposición, se reúna con la Ministra Piña, y además sea dueño y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una organización que litiga contra el Gobierno de la República? ¿Cómo podía garantizar Lorenzo Córdova imparcialidad si acudió a esas reuniones con Piña siendo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y luego columnista de Latinus, el proyecto de la familia del excandidato presidencial Roberto Madrazo?».
En tanto, Margarita Ríos Farjat fue designada por el Presidente López Obrador luego de que como titular del SAT se manifestó contra la evasión fiscal. Ya como Ministra, ha mantenido un voto diferenciado en distintas resouciones, pero se ha pronunciado contra la reforma judicial y este lunes acudió a saludar al plantón de los trabajadores afuera del Senado.
Sobre los lujos en la Corte, llamó a los tres poderes a ajustar los salarios y aclaró al jefe del Ejecutivo que el salario mensual de los ministros es «cerca de 207 mil pesos, y no los 700 mil pesos que se ha mencionado constantemente”, es decir, más que lo que permite el artículo 127 Constitucional sin considerar las prestaciones que elevan a los 700 mil pesos. “Nada está escrito en piedra, y eso no implica que la judicatura no pueda ajustar sus remuneraciones. Toda la Corte, ministros en activo y en retiro, deberían conciliar una forma de equilibrar lo que la sociedad pide, ajustando los salarios hacia el porvenir”, aseveró en un video.
«La Ministra Ríos Farjat se ha conducido únicamente en defensa del constitucionalismo, y en algunas ocasiones incluso ha votado con las ministras del Presidente porque coincide en términos jurídicos; ha sido una Ministra muy seria», observó Zacarías.
LAS DISIDENTES
La mayoría del pleno de la Corte votó a favor de mantener un paro de labores a la par de la huelga de trabajadores del Poder Judicial. No obstante, tres ministras votaron en contra al argumentar que era un acto político que no tiene base jurídica: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, nominadas por el Presidente López Obrador y pertenecientes al movimiento que fundó.
«Son ministras que se han mantenido con un voto muy alineado a las políticas y a los mensajes del Presidente de la República. Han participado con sus votos en contra que en ocasiones han sido determinantes para apoyar aquellos temas de políticas que el Presidente ha impulsado. Yo no criticaría por votar o no con el Presidente, lo que hay que rescatar es la riqueza del argumento», dijo el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Zacarías.
Frente a miles de manifestantes a favor de la reforma judicial que se congregaron afuera de la sede de la Corte, las ministras Batres y Ortiz emitieron mensajes políticos.
La Ministra Lenia Batres ha contrastado con el resto de sus compañeros del pleno por regresar a la Tesorería una parte de sus ingresos para no violar el artículo 127 constitucional, así como por haber renunciado a la prestación de seguros médicos mayores y afiliarse al ISSSTE.
Ortiz Ahfl, por su parte, fue Diputada morenista, pero renunció al partido en 2018, cuando fue nominada para Ministra. Recientemente enviudó del exfiscal en delitos electorales José Agustín Ortiz Pinchetti, también fundador del movimiento obradorista.
«A mucho orgullo, fundadora de Morena», gritó en el mitin la Ministra Loretta Ortiz. Entre gritos de «no estás sola», dijo: «Todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo, el de la eléctrica, derecho al agua, derecho de las mujeres, de niños y niñas».
La Ministra Esquivel, por su parte, estuvo bajo señalamientos de presunto plagio de tesis para obtener en los ochenta el título de licenciatura de Derecho por la UNAM, universidad que finalmente la absolvió. Su esposo, el ingeniero José María Riobóo, fue quien ideó el AIFA, proyecto con el que el Gobierno de López Obrador sustituyó al cancelado NAICM.
Esquivel, quien propuso que la elección popular de juzgadores fuera escalonada, calificó de «tardía» la contrapropuesta de reforma presentada por la Ministra presidenta, Norma Piña, cuando el dictamen ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.
«Me parece una incongruencia que la Ministra Norma Piña hable del respeto a la división de poderes y, por el otro, encabeza un paro en contra del funcionamiento de la Cámara de Diputados, de otro poder (Legislativo), es una incongruencia absoluta», dijo esta semana en entrevista con «Los Periodistas».
Actualmente la Corte está integrada por una mayoría del pleno, ocho ministros, que son cercanos a la élite político-económica y que han intentado conducir las resoluciones a beneficios de ese sector como la evasión fiscal.
Ya con el voto popular en 2025 y años posteriores, ¿cómo compondrá la ciudadanía a este tribunal federal, garante de la Constitución?
