Luego de que el Juez Brian Cogan rechazó la petición de nuevo juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y mantuvo la sentencia para el 9 de octubre sin dar posibilidad de presentar argumentos adicionales en una audiencia, analistas consultados por SinEmbargo señalaron que la única vía que le queda para reducir su sentencia es llegar a un acuerdo de colaboración con los fiscales.
Ciudad de México, a 7 de agosto de 2024 (SinEmbargo).- La defensa de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, falló en su intento de promover un nuevo juicio, una situación que podría orillar al «súper policía» panista a colaborar con las autoridades de ese país y brindar información clave sobre el narcotráfico y la presunta colusión con las autoridades mexicanas, un escenario que se ha planteado desde tiempo atrás y en el cual algunos observadores ven un camino que alcanzaría al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Este miércoles 7 de agosto, el Juez Brian Cogan rechazó la petición de un nuevo juicio a García Luna al considerar que sus argumentos no justifican tal petición. De este modo, la declaratoria de sentencia en su contra por narcotráfico se mantiene para el 9 de octubre, con lo que podría enfrentar un mínimo 20 años o hasta cadena perpetua.
¿Qué le queda al exsecretario de Seguridad?
De acuerdo con analistas consultados por SinEmbargo, a García Luna se le agotan las opciones para evitar ser condenado a cadena perpetua y su único camino es volverse testigo cooperante para abrir nuevas causas penales contra quienes estén ligados a los cárteles.
¿Contra Felipe Calderón? No pueden asegurarlo pero un posible acuerdo depende de los fiscales y de que el Juez Cogan acepte.
“Con esa simple apelación, sí se cierran casi todas las puertas pero no quiere decir que vaya a declarar contra Felipe Calderón porque no hay ninguna evidencia más que Genaro García Luna trabajó bajo su administración, eso no significa que fue cómplice. Posiblemente puede colaborar, pero en Estados Unidos normalmente los fiscales federales van a querer que entreguen a una persona más grande que ellos, no más bajo, entonces ellos tienen la decisión de aceptar el acuerdo. Normalmente, a un acusado le dicen: ‘vas a tener que decirnos todo lo que sabes’”, comentó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
Por su parte, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora-investigadora de Política y Gobierno, explicó que en el sistema de justicia estadounidense se sabe de acuerdo que sorprende y en el caso de Genaro García Luna podría ocurrir aunque no es seguro: “Tengo entendido que porque ya es un caso cerrado, ya recibió el veredicto de culpable aunque sea condena mínima o una máxima de cadena perpetua, ya es un caso juzgado y ya no hay marcha atrás, entonces no sé si esto después de ser caso juzgado puede reducir su condena siendo testigo protegido, aunque me imagino que sí”.
Correa-Cabrera recordó que han habido casos juzgados, como el del “La Barbie”, donde luego de la sentencia se llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU pero que debido a la opacidad del sistema de ese país en carpetas de narcotráfico, esto puede variar y no se sabe con exactitud cuál es la secuencia de dichos acuerdos.
Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el juez Brian Cogan negó a Genaro García Luna la moción para celebrar un nuevo juicio, con lo que será sentenciado en octubre próximo: “Ya van a la sentencia, pues está muy bien”, y recordó que en ese periodo, el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012, se le hizo mucho daño al país con la “imposición” de la elección presidencial.
García Luna, de 57 años de edad, fue declarado culpable por un jurado popular en un Tribunal de Nueva York a cargo de Brian Cogan, en febrero de 2023, de múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, incluidas “sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo, la amenaza de drogas más letal en ese país”.
Luego de este veredicto, su defensa presentó una petición de nuevo juicio argumentando que tenían pruebas inéditas que echaban por tierra la condena y que cuatro de los testigos en su contra dieron un testimonio contaminado. Una de las principales jugadas de los abogados es el polémico testimonio de dos de los testigos, ambos, condenados por narcotráfico: el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia “El Diablo” y Óscar Nava Valencia “El Lobo” —quien aseguró que pagó más de 10 millones de dólares en sobornos a García Luna—.
La defensa argumentaba que “El Diablo”, “El Lobo” y “El Tigre”, quien no llegó a declarar, hablaron entre ellos desde la cárcel, gracias a teléfonos de contrabando, para coordinar su relato e incriminar a García Luna. En respuesta, los fiscales federales rechazaron ese argumento con nueva evidencia valorada por el Juez, quien en su decisión incluso citó el intento de García Luna de pagar entre 500 mil dólares y dos millones de dólares a un testigo para ser parte de un complot en su beneficio.
“Se trataba de un plan claro del acusado para obstruir la justicia mediante sobornos: el acusado comenzó con una oferta de soborno de 500 mil dólares, pero para convencer al John Doe #2, la oferta finalmente aumentó a dos millones de dólares”, indicó el Juez Cogan, quien también señaló que García Luna pretendía incluir a otro recluso para que confirmara la historia.
¿ACUSARÁ A CALDERÓN?
Tras la sentencia de culpabilidad contra García Luna en febrero de 2023 en Estados Unidos por narcotráfico, Felipe Calderón rompió el silencio y dijo: “Tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió”.
Desde que el exsecretario de Seguridad de México fue detenido, en diciembre de 2019, mucho se ha especulado sobre la responsabilidad de Felipe Calderón, si sabía o no sobre las actividades ilícitas de García Luna durante su sexenio y si se benefició, o no, de ello. De acuerdo con Mike Vigil, para un posible acuerdo, los fiscales federales le estarían pidiendo información que señale a alguien con más poder que él, en este caso, un personaje posible sería el expresidente Calderón pero también podría entregar información de capos.
“Sí le queda la posibilidad de colaborar con los fiscales, pero no en sí contra Felipe Calderón, si no simplemente tratar de que él hable todo lo que sepa para llegar a un posible acuerdo. Todo el mundo dice que Calderón estaba metido pero ¿qué evidencia hay hasta este momento?”, dijo Vigil al señalar que, desde su análisis, no hay ninguna evidencia contra el expresidente.
Guadalupe Correa coincidió en que, especulando, García Luna podría entregar información pero no necesariamente que relacionen a Felipe Calderón con el narcotráfico durante su sexenio: “no necesariamente va a ser sobre el expresidente o las altas esferas de la política mexicana, en realidad podríamos estar hablando de aquellos que supuestamente le entregaron el dinero, del cártel de Sinaloa, información que él podría tener sobre las personas con las que tuvo relación en el cártel, cómo estaba operando, con quién estaba operando pero no sabemos qué información puede dar”.
La especialista recordó que durante el juicio contra García Luna, los fiscales no presentaron ninguna sola evidencia que avalara la sentencia y todo ocurrió con base en las declaraciones de los testigos protegidos, y que por esa opacidad en la forma de operar del sistema de justicia estadounidense es que podría surgir un acuerdo o no.
“Especulando, podría ser Felipe Calderón pero por ejemplo, podríamos hablar también de Omar García Harfuch (el próximo secretario de Seguridad) que está hecho por la escuela de género García Luna o el mismo Milton que fue asesinado, también fue de esa escuela. No sé si tenga una relación con este tipo de personajes, pero podría salir a afectar. Yo no estoy segura que la información que dé Genaro García Luna pueda ser de utilidad”, agregó la profesora.
Correa-Cabrera remarcó que, desde su análisis, es importante destacar la opacidad en los acuerdos que realiza el Departamento de Estado de EU en casos de narcotráfico porque dejan dudas al no presentar pruebas materiales y sustentarse sólo en declaraciones.
