El medio nacional dio a conocer una parte del reporte del Presidente López Obrador sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace casi 10 años.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, por la omisión y fabricación de la llamada “verdad histórica” por parte de funcionarios, al tiempo que señaló que los elementos que apuntan al Ejército mexicano buscan debilitar a la institución, según se puede leer en el primer reporte que el Ejecutivo federal envió a los padres de los jóvenes.
En el documento, que fue difundido primero por el diario La Jornada y después por el Sistema Público de Radiodifusión, se muestran 21 puntos de lo que el Presidente llamó su “hipótesis” de las acusaciones que buscan desprestigiar al Ejército.
“En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero”, afirmó.
En este primer informe, el mandatario federal dijo que nunca han dejado de buscar a los estudiantes y aceptó que hay responsabilidad del Estado en el crimen; sin embargo, afirmó que hay señalamientos “sin pruebas” en contra del Ejército mexicano, aún cuando se ha procesado a 20 militares, entre ellos dos generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada. No obstante, hasta el día de hoy no se ha encontrado nada que corrobore su participación directa en la noche de Iguala.
«No hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos», manifestó.
López Obrador resaltó que los familiares de los estudiantes desaparecidos han visitado las instalaciones militares de Iguala, Guerrero, “y siempre se les ha respondido a todas sus solicitudes de información”. Incluso, se les ha permitido entrar a los archivos, con el ofrecimiento de que pueden revisar los documentos con el apoyo de especialistas y universidades, de acuerdo con el Presidente.
“Hacia adelante, en el tiempo que me queda como presidente -deja el cargo el 30 de septiembre- continuaremos la búsqueda de los jóvenes estudiantes desaparecidos y no descansaremos hasta conocer toda la verdad sobre este doloroso, injusto e indignante suceso”, apuntó.
La publicación de Milenio sostiene que el Presidente López Obrador advirtió que es tiempo de cuestionarse el comportamiento de quienes dirigen las exigencias de justicia, sus vínculos con el Gobierno estadounidense y sus agencias, los cuales -asegura el texto- «se trata de personajes de organizaciones de derechos humanos que defendieron y celebraron la excarcelación de por lo menos 60 personas implicadas en la desaparición de los normalistas, bajo el supuesto de que fueron torturadas».
Además, subrayó que, desde el principio, las autoridades buscaron, «por diversos motivos», ocultar la verdad de los hechos, y dejaron en libertad a quienes sí son responsables, y empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de la tragedia «no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios», sino que el crimen recaía en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el manejo de la consigna de que «fue el Estado» y específicamente «fue el Ejército Mexicano».
Además, destaca que el titular del Ejecutivo prevé que en su último informe de Gobierno pueda cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense.
El mandatario espera que antes de su último informe de gobierno, el 1 de septiembre, “podamos, para satisfacción de las madres, padres y familiares y del pueblo de México, cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido; es decir, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”.
Según indicó el Presidente, el entonces Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, no perfeccionó la investigación para ejercer nuevamente acción penal contra estas personas.
En 21 puntos, López Obrador hizo un recorrido cronológico, a partir de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, para sostener la hipótesis en este reporte, como la visita a la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA para solicitar medidas cautelares, «y en ninguna parte hablaron de la participación del Ejército».
Entre reuniones con Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de la República que lleva a la participación del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Mientras, la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como responsables de la investigación, llevaron a cabo detenciones de autoridades locales, policías municipales e integrantes del grupo criminal «Guerreros Unidos» para que -sostiene- mediante tortura, obtuvieran las declaraciones para construir la llamada «verdad histórica», la cual sostuene que los jóvenes fueron asesinados, quemados en un basurero de Cocula y sus restos tirados al río San Juan, la cual resultó falsa, de acuerdo con el GIEI, en su informe de septiembre de 2015. «Los jóvenes no fueron quemados en el basurero y que todo fue producto de declaraciones obtenidas mediante tortura».
«Casi al mismo tiempo, con la participación de los abogados de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y de la organización Agustín Pro Juárez, se tramita una sentencia a favor de los encarcelados, con el argumento de que habían sido víctimas de tortura y se resuelve dejar en libertad a 14 de los detenidos por la supuesta causa de haber sido torturados; posteriormente, a 51 personas más, las cuales usaron esta sentencia como precedente para también ampararse y quedar en libertad», recordó.
A casi 10 años de la noche de Iguala, el Presidente López Obrador puntualizó que si además de lo sabido se presentaran nuevas evidencias que involucren a miembros de la Sedena, no habrá, «como no la ha habido en ningún caso durante el Gobierno», encubrimiento o impunidad.
Hasta el día de hoy, se tienen 119 detenidos; entre los que se encuentran el exprocurador Murillo Karam; Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, más otros cinco servidores públicos de esa institución; 60 policías municipales; 17 militares procesados y 35 integrantes de la delincuencia organizada. «En total, tanto en prisión como en libertad condicional por órdenes de los jueces, se encuentran procesadas 142 personas relacionadas con el caso Ayotzinapa», señala el reporte.
Respecto a la información solicitada por los representantes de las madres y los padres de Ayotzinapa a la Sedena, se han entregado a la Fiscalía Especial 33 tomos con diversas documentales.
