El pasado 6 de julio, apenas tres días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca, ordenó levantar la prisión preventiva oficiosa en contra del general brigadier José Rodríguez Pérez, acusado de estar relacionado con el Cártel de Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata del militar de mayor rango involucrado en el caso Ayotzinapa, y con él son ya once militares los que están siendo juzgados en  libertad por la desaparición de los 43 normalistas. Tres permanecen todavía en prisión preventiva oficiosa: José Martínez Crespo, Eduardo Mota Esquivel y Fabián Pirita Ochoa.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, que presidió en su momento el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, el general Rodríguez Pérez “habría sido responsable de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa)”, en la trágica Noche de Iguala ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El cambio de las medidas cautelares es una muestra de cómo se está llevando a cabo la investigación del caso Ayotzinapa: con extremo cuidado cuando se trata de los militares, lo que deja a los padres y abogados que los acompañan con la impresión de que el caso no avanza o se detiene cuando se implica a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este trato con pinzas a los militares y el estancamiento de las investigaciones, hacen parecer que el caso se “está desmoronando”, como señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Por eso los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa consideraron, en la marcha del pasado 26 de junio al cumplirse 117 meses de la desaparición de sus hijos,  que el gobierno federal que encabeza López Obrador “fracasó” en su compromiso de esclarecer el paradero de los jóvenes.

Al menos así lo admitió el mismo Presidente el pasado martes 9 de julio, cuando al repasar sus compromisos como Presidente, dijo: “Ofrecí cien compromisos, hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización”, dijo en su rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional. En efecto, a pesar de que como Presidente Electo incluyó la investigación de la desaparición de los normalistas rurales como uno de sus 100 puntos a cumplir en su gobierno, a dos meses y medio de dejar el cargo, López Obrador no ha cumplido su palabra de llevar verdad y justicia a los padres y madres de los 43.

Si bien durante los primeros cuatro años hubo avances en la investigación con la creación de una fiscalía especial y una comisión de la verdad, que alentaron las esperanzas de los familiares, en agosto de 2022 hubo un cambio de rumbo notable con las renuncias del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, y luego la renuncia del subsecretario Alejandro Encinas. Y todo indica que el cambio de rumbo se dio porque las indagatorias insistieron en la participación y responsabilidad de mandos y unidades de la Sedena en los trágicos hechos que llevaron a la desaparición de los normalistas rurales.

Después de no recibir a los padres y madres de los 43 normalistas durante todo el proceso electoral, el Presidente López Obrador se reunió con ellos el pasado 3 de julio en Palacio Nacional, acompañado de los secretarios de Gobernación, Sedena, Marina y representantes de la Fiscalía General de la República.

En esa reunión, contó el abogado de los padres y madres, Vidulfo Rosales, los familiares insistieron en la responsabilidad de los militares en la desaparición masiva. En el encuentro reiteraron que el Ejército mantiene en su poder 800 folios que consideran fundamentales para la investigación y que no ha dado a conocer. En esos folios hay una charla entre el comandante de la policía de Iguala y un miembro de Guerreros Unidos, diciendo que se llevaban a 17 muchachos al poblado Paso del Coyote.

Además Vidulfo Rosales señaló que existe un testigo que declaró ante autoridades judiciales “que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados”. El Presidente les respondió que si tienen pruebas las presenten, pero lo que piden los familiares y los abogados que los acompañan es justamente que la Sedena entregue la información que tiene en su poder y que ésta sea revisada y analizada por la fiscalía especial que investiga el caso.

Pero los padres ya no albergan esperanza de que el caso avance en lo que resta del sexenio. Por ahora revisan el informe especial que la Presidencia les entregó la semana pasada y están a la espera de una próxima reunión con López Obrador y con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum el 27 de julio. Ahora esperan que la mandataria electa se comprometa a continuar con las investigaciones, para ver si el siguiente Gobierno sí llega a la verdad y a la justicia en este caso emblemático de desaparición forzada en el país. Por ahora, llevar verdad y justicia por el caso Ayotzinapa es un compromiso incumplido de López Obrador.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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