Apenas el martes, la misma Jueza dejó en libertad al General en retiro José Rodríguez Pérez, quien también es señalado como uno de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Por segunda vez en esta semana, la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, dejó en libertad a un implicado militar por el caso Ayotzinapa, esta vez al exsargento Segundo de Infantería Ezequiel Carrera Rifas.
En marzo, Carrera Rifas fue detenido por primera vez por la Fiscalía General de la República (FGR), pero seis días después fue dejado en libertad por falta de pruebas. Después de una audiencia que inició el miércoles y se prolongó hasta este jueves por la mañana, Duarte Cedillo volvió a insistir que no hay indicios para a Carrera Rifas con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La semana pasada, Ezequiel Carrera fue recapturado en Tepoztlán, Morelos. El 2 de julio la juzgadora había ordenó la aprehensión del exsargento y otros militares. Durante la audiencia, el imputado se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, es decir, extender a 144 horas el plazo para determinar su situación jurídica.
Apenas el martes, la misma Jueza dejó en libertad al General en retiro José Rodríguez Pérez, quien también es señalado como uno de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes. La juzgadora determinó dictar un auto de libertad con reservas de Ley para el elemento castrense.
José Rodríguez Pérez es el militar de más alto rango que ha sido acusado en el caso, fue detenido en 2022 luego de ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener vínculos con el grupo de crimen organizado Guerreros Unidos.
El martes, tras pagar una fianza de 50 mil pesos, Rodríguez Pérez pudo salir de la prisión para continuar su proceso penal en libertad bajo las condiciones de asistir periódicamente a firmar el libro de procesados, no abandonar México y no acercase ni tener algún contacto con las víctimas de los delitos por los que está siendo juzgado.
Del mismo modo, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa señaló al General en retiro como el presunto responsable de ordenar el asesinato de seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos.
UN HISTORIAL DE LIBERACIÓN
No es la primera vez que una decisión de la juzgadora causa polémica. El pasado 20 de enero, la Juez Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva oficiosa contra los ocho militares que están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó en ese momento que fue la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia que no había impugnado un amparo concedido por un Juez federal a los ocho elementos. Por este motivo, la responsabilidad de las liberaciones recaía en el Ministerio público.
El CFJ explicó que los elementos castrenses enfrentan un proceso penal por el delito de desaparición forzada en Toluca, por lo que se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa desde el 22 de junio de 2023. Sin embargo, «los elementos castrenses, inconformes con tal determinación, promovieron juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México», detalló el Consejo de la Judicatura Federal.
Este Juzgado, usando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva oficiosa, fue quien resolvió conceder una nueva medida cautelar a los implicados. Dicha decisión obligó a la Jueza Ivette Duarte Cedillo a celebrar una nueva audiencia. Pero la FGR no hizo lo necesario para argumentar la necesidad de una prisión preventiva.
«La persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia», detalló el CFJ.
