La mayoría calificada que en la Cámara de Diputados obtuvo -aún por confirmarse- el domingo 2 de junio de 2024 el partido oficialista Morena, junto a sus aliados Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, no solo impactó a la oposición, a una parte -mediana o minúscula- de la población, o a integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, también al mercado internacional.

Un día después de conocerse, aun de manera tardía casi a la medianoche, la predicción del resultado por parte de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, que aseguraba un aplastante triunfo del partido oficialista que le garantizaba no solo la permanencia en la presidencia de la República con una ventaja de más de 30 puntos, sino la mayoría calificada en el Poder Legislativo, lo cual le permite aprobar las reformas constitucionales que así deseen, el peso cayó 4.3%. Ese día, fue la moneda más depreciada al abrir mercado en los 16.97 pesos por dólar, y cerrar en los 17.70 pesos por dólar norteamericano. Mientras el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana, tuvo una caída de 6%.

El impacto hizo temer un riesgo en las inversiones ante un poder casi absoluto en una sola corriente ideológica que, bien a bien, pocos conocen, pero que se auto nombran “la cuarta transformación”. Hacia dónde trascenderá esa transformación es la principal incertidumbre que ha ahuyentado a algunos inversionistas, o por lo menos los ha llevado a mover capitales hasta provocar el descenso financiero.

No es esta una acción gratuita, el temor sobre el futuro de las instituciones en México es fundado. En varias ocasiones, tanto la oposición -aun reducida- y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han impedido la aprobación de reformas legislativas, o la entrada en vigor de las mismas, porque estas no fueron debidamente consensuadas, o porque afectan las garantías y los derechos de muchos.

Una mayoría calificada para el partido en el poder, elimina algunos de esos obstáculos legales, y supone una reforma al Poder Judicial para restarle facultades (ya se hizo con las modificaciones a la Ley de Amparo), y una reingeniería en su integración, que beneficie al gobierno de la República, y no necesariamente a la justicia.

El Estado de Derecho en México está basado en la división de poderes, de la autonomía del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El presidente López Obrador intentó, con la propuesta de cinco Ministros, tener un control ideológico sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no lo logró. Dos de cinco, una vez juramentados en el cargo, cumplen con su encargo de mantener y defender la Constitución por encima de cualquier otro Poder o ideología. Esta concordancia con su encargo, fue calificada por el presidente como un acto de traición.

En su perseverancia por tener un Poder Judicial, como el Legislativo, a modo, inició una cruzada contra quienes lo integran: Ministros, Magistrados, Jueces, y el resto de colaboradores. Arengó desde su púlpito presidencial, que una vez que tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo cual bien supuso ocurriría en septiembre de este 2024, iniciaría con sus reformas constitucionales, y primero, con la reforma al Poder Judicial.

La iniciativa del presidente supone acabar con el Poder Judicial como se conoce hasta el momento: disminuir el número de Ministros, disminuir el periodo del encargo, eliminación de salas, y de una serie de garantías económicas, pero lo más temible: la elección de Ministros, Magistrados y Jueces, por voluntad del pueblo. En una elección abierta a la ciudadanía.

En una democracia como la mexicana -ahora mismo estamos siendo testigos de inconsistencias-, en la que se presume, se ve, y difícilmente se prueba, la injerencia de grupos de poder, oficiales, empresariales, comerciales, o criminales, en el financiamiento de las campañas, someter al Poder Judicial a elecciones abiertas, es vulnerarlo, y concediendo parte de la desconfianza podríamos decir, aún más, a la corrupción.

Pero en su ambición por tener todo el poder, este es un riesgo que el presidente no avizora, y desea someter a su voluntad un proceso que, hasta el momento, no ha fallado, y dañar con ello el Estado de Derecho, cuya base es precisamente, la división de poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Más allá del resto de las reformas constitucionales que pretende el todavía mandatario nacional, como desaparecer a los organismos autónomos, limitar el acceso a la información y la transparencia y acotar a la institución electoral, prevalece el temor de acabar con el Estado de Derecho, “transformando” a los Poderes.

En los días siguientes a la caída del peso y de la Bolsa Mexicana, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha debido iniciar acciones para ofrecer certeza, por lo menos en el mercado internacional. Una de ellas fue, siguiendo la consigna de quien sucederá en el gobierno de la República, de hacer del actual secretario de Hacienda, un funcionario transexenal.

Aunque las iniciativas de López Obrador son de él, y no de quien será la primera mujer presidenta de México y a quien le pondrán la banda presidencial el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha hecho suya la ideología denominada “cuarta transformación”, y aseguró, para ser depositaria del voto del actual presidente, que ella construiría “el segundo piso” de ese proyecto. Sin embargo, la futura presidenta tiene un enorme reto entre sí: preservar el Estado de Derecho, que dé certidumbre no solo a los mercados internacionales, sino a las garantías y los derechos de los mexicanos todos.

López Obrador ha dicho que hablará “con Claudia” sobre las iniciativas que ya están en el Congreso, para ver cuáles puede él impulsar y se aprueben, asumiendo que el resto le corresponderá a ella. Pero ha hecho énfasis: “Sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque no es posible que no esté al servicio del pueblo y que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de cuello blanco… Yo propongo que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, ahí es donde se puede llegar a un acuerdo; se puede matizar sobre los requisitos, pero al final que sea en elecciones libres después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos”.

En esas condiciones, a partir del 1 de octubre de 2024, la decisión estará en la primera mujer presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y su principal responsabilidad será esa, preservar el Estado de Derecho, por el bien de la Nación. Finalmente, la investidura presidencial la portará ella, el rumbo del país será su responsabilidad y de nadie más.

Adela Navarro Bello

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