Por: Anaid García Tobón @laanaidtobon*

¿Qué tienen en común México y Ecuador además de un conflicto diplomático sin precedentes? La ausencia de políticas robustas para la alerta y denuncia de hechos de corrupción y otros actos indebidos. En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en la que se reconoce la obligación que tienen los Estados para proteger a quienes denuncian actos de corrupción. Además, en dicha resolución se insta a facilitar canales adecuados de denuncia a partir de la revisión de un caso de Ecuador, el caso Viteri, en el cual una persona que denunció actos indebidos al interior del ejército sufrió la pérdida de su empleo, arrestos y otro tipo de represalias.

En México la situación no es distinta. Denunciantes que dieron cuenta sobre irregularidades relacionadas con corrupción en la Conade sufrieron atentados en contra de su seguridad e inclusive uno de ellos fue privado de su libertad. Esta es una muestra sobre los riesgos que corren en México las personas denunciantes y alertadoras y las represalias que pueden sufrir, que van desde la pérdida de su empleo hasta riesgos a su seguridad y la de sus familias, así como la problemática que conlleva que no existan políticas adecuadas de protección.

La principal institución pública que gestiona los mecanismos de protección de alerta y denuncia ciudadana de actos de corrupción es la Secretaría de la Función Pública, la cual considera la ciudadanización del combate a la corrupción como una de las estrategias que potencian la lucha contra este fenómeno.

Para ello cuenta con el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, un sistema de recepción y seguimiento de las manifestaciones ciudadanas por presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos por servidores públicos y el Programa de protección a personas ciudadanas alertadoras internas y externas.

Sin embargo, tanto esta, como todas las políticas para combatir la corrupción, requieren de recursos suficientes, adecuados y que tengan trazabilidad. Pese a que el combate a la corrupción se planteó discursivamente en los principales ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido una prioridad desde la perspectiva presupuestaria. De hecho, la tendencia presupuestaria de las principales instituciones anticorrupción ha ido a la baja. En 2019, en el primer presupuesto aprobado por la 4T, seis de las siete entidades anticorrupción tuvieron reducciones. Y aunque se han presentado algunos aumentos a lo largo del sexenio, en términos reales, hoy casi todas estas instituciones cuentan con menos recursos que en 2018.

Aunque no todo son malas noticias, pues el Anexo Trasversal Anticorrupción –una herramienta que permite identificar, de la totalidad de los recursos que reciben las instituciones, cuánto destinan en acciones anticorrupción–ha tenido un aumento progresivo; en 2023 y 2024 se incrementaron sus recursos en 77% y 27% respectivamente y en 2023 se logró establecer legalmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asegurando así su permanencia año tras año en el presupuesto federal.

Para el caso de los mecanismos de denuncia y alerta, en donde se enfocan las prioridades 5 y 6 del Anexo Transversal Anticorrupción a las cuáles la Secretaría de la Función Pública destinó 22 y 7.3 millones de pesos en 2024, o sea, tan solo 1.7% (prioridad 5) y 0.56% (prioridad 6) del total del presupuesto que la SFP destina al Anexo.

Este monto es muy bajo considerando la gravedad del problema. De acuerdo con datos del INEGI, en 2021, 57.1 % de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad pública. Aunado a que el costo promedio de corrupción por trámites y servicios fue de 3,044 pesos por persona en términos reales. Si las instituciones tuvieran la oportunidad de detectar los distintos actos de corrupción, estos fueran sancionados y el dinero recuperado, México tendría una bolsa de recursos más grande que podría destinar para tener mejores servicios públicos y una mayor garantía de derechos humanos.

Por ello, es indispensable fortalecer las capacidades institucionales de los entes anticorrupción y esto implica la suficiencia presupuestal, acompañada de controles y fiscalización, así como el fortalecimiento de las herramientas presupuestales como el Anexo Transversal Anticorrupción que permita identificar desequilibrios presupuestarios en las políticas y su reorientación en caso de que sea necesario.

La adecuada protección de personas alertadoras y denunciantes requiere de un sistema de protección, que sea garantizado por una ley que les reconozca –y que aún está pendiente en México– pero también necesita suficientes de recursos para implementarse. Para analizar si este tipo de políticas son congruentes y están alineadas con el presupuesto, es oportuna la examinación del Anexo Transversal Anticorrupción, razón por la cuál es importante que se siga utilizando este instrumento presupuestario. No sólo se trata de gastar más sino de gastar mejor, y en áreas estratégicas que posibiliten controlar y disminuir la corrupción, para ello se han desarrollado instrumentos valiosos como el Anexo.

Conoce nuestro análisis Recursos para el control y la disminución de la corrupción aquí.

* Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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