En un pasado no muy lejano, a Celaya se le conocía como “La Puerta de Oro del Bajío”. Sus habitantes presumían el Claustro Agustino, la Iglesia del Carmen y, por supuesto, el puente de Cinco Ojos sobre el Río de La Laja (en donde antes había agua). En otro tiempo, decir Celaya era hablar de cajeta envinada, gorditas de queso y, por supuesto, de los Toros, el equipo mítico que, al mando de Emilio Butragueño, casi hizo callar al Estadio Azteca en aquella aciaga final contra el Necaxa en 1996. Eran otros tiempos, tiempos mejores.

Hoy Celaya es la zona cero de México. La peor cara del país. Lo que alguna vez fue el orgullo industrial de Guanajuato, hoy representa un fracaso colectivo.

En el último año, en Celaya y en su zona metropolitana han sido asesinados 22 policías. Es una monstruosidad si tomamos en cuenta que, en 2023, la policía municipal estaba compuesta solamente por 382 elementos. La proporción de homicidios por agente es la más alta de cualquier policía municipal en América Latina. En febrero nos enteramos, en una de esas notas que los periódicos todavía llevan a las primeras planas, que el coche de Teresa Castro Ramírez, agente de la policía de aquella ciudad, fue baleado por un grupo de hombres armados. Era su día de descanso y llevaba a su hijita de ocho años a la escuela. A las dos las mataron.

Solo en 2022 fueron asesinadas en ese municipio, que no llega al medio millón de habitantes, 652 personas, una cifra desproporcionada. Es odioso comparar, pero ayuda a entender la magnitud de la tragedia: en todo Reino Unido, país con más de 67 millones de habitantes, ocurrieron 602 homicidios dolosos en todo 2022. La magnitud no es atribuible a la densidad demográfica. Japón, un país con una población similar a la de México, tuvo ese mismo año tan solo 853 casos de homicidio.

Son números con los que nos hemos acostumbrado a vivir, pero jamás deberían dejar de alarmarnos. La muerte en Celaya, en Guanajuato, en México tiene las puertas abiertas.

¿Qué diablos pasa en Celaya? La respuesta corta es que esa región de Guanajuato está bajo el control del grupo criminal Santa Rosa de Lima, increíblemente liderado por un tipo en prisión: José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’. Lo que explicaría la violencia es la batalla que mantiene ese grupo criminal con el Cártel Jalisco Nueva Generación al mando de “El Mencho”, el capo más buscado de América del Norte. Ambos grupos se disputan el control del robo de combustible, la distribución de metanfetamina, el paso de mercancía por las carreteras secundarias y el cobro de piso a comerciantes.

Esa es la respuesta corta. Por tanto, insuficiente.

La respuesta larga es que el Estado mexicano, en su conjunto, lleva al menos diez años sin enfrentar el fenómeno criminal de manera decidida. Y en el centro de la responsabilidad está el gobierno estatal. No hay pretextos para que un estado económicamente próspero como Guanajuato y en donde no ha habido alternancia partidista en tres décadas registre tres mil asesinatos al año (2023). Es el primer lugar en homicidios de todo el país.

El pretexto para los malos resultados suele ser la falta de continuidad de las estrategias de seguridad. Guanajuato no es el caso. Carlos Zamarripa lleva quince años como fiscal del estado. Fue procurador durante diez años y en 2019, tras una reforma legal, se convirtió en fiscal por un periodo de nueve años más. En un hecho sin precedentes para América Latina.

A no dudarlo: el de Celaya es un fracaso federal, pero, sobre todo, un fracaso de la política local. Tres décadas de gobiernos panistas no fueron suficientes para construir una policía estatal decente y una fiscalía con capacidades mínimas para operar. Tampoco lo serán para resolver el crimen de Gisela Gaytán. El fiscal, por cierto, todavía tiene cuatro años de trabajo asegurado. Debido a su autonomía, saldrá del cargo hasta 2028.

Hubo mejores tiempos para Celaya.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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