Empecemos por lo obvio. Las tres publicaciones de finales de enero en torno al supuesto caso de financiamiento ilegal de la campaña de López Obrador en 2006 (ProPublica, Insight Crime y Deutsche Welle) y la de The New York Times presentada la semana pasada, son resultado de filtraciones provenientes de las agencias antinarcóticos de Estados Unidos. No puede ser de otra manera. La primera viene con toda seguridad de la DEA. Con alta probabilidad, la segunda también.

Así, la pregunta central que debemos intentar responder es la siguiente: ¿qué busca la DEA con estas filtraciones? Para contestarla, tomo un ángulo que, desde mi punto de vista, no ha sido explorado con suficiencia en la prensa mexicana. Me refiero al siguiente: la DEA busca enviar un mensaje de inconformidad en un momento en el que en Washington se discute de manera crítica la relación con México. En otras palabras: las publicaciones deben entenderse no sólo en el contexto mexicano, sino también en el estadounidense.

Me explico. Estados Unidos no es un ente monolítico. En ese país (como en cualquier otro) ocurre una lucha por el poder en la que interviene un abanico enorme de fuerzas políticas. Más veces de las que pensamos, éstas persiguen intereses contrapuestos. Los incentivos y preocupaciones de un gobernador no tienen por qué ser los mismos que los de un burócrata en el Pentágono, que los de una comunidad de agentes de la DEA o que los del presidente de Estados Unidos. Hablamos de un país demasiado grande y complejo como para suponer la alineación perfecta de intereses en torno a un tema particular.

La idea del Tío Sam con metas claras y objetivos precisos es una ficción que sirve muy bien para imaginar al imperio todopoderoso, pero que poco ayuda para ordenar las intenciones de los actores políticos relevantes en su interior. A dilucidar la preponderancia de cada actor y a entender la esfera de intereses, limitaciones, alcances y dinámicas entre éstos se dedican los analistas de política exterior.

Tanto en las historias de ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle, como en la de The New York Times, leo una acusación por parte de la DEA a la alta política de Washington. El sentido es inequívoco y se resume en lo siguiente: por razones “políticas” o “diplomáticas”, los agentes de la DEA no pueden realizar el trabajo para el que están mandatados. En los textos se sugiere una justificación de los fracasos de la agencia y un traspaso de su responsabilidad política a esferas más altas.

En el caso de la historia sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña de 2006, la culpa de que la investigación se haya cerrado se atribuye a la decisión de un panel de revisión de actividades integrado por funcionarios del Departamento de Justicia, el famoso SARC. En la narrativa de los artículos periodísticos, en el fondo de esa decisión habrían sido ponderadas consideraciones políticas y diplomáticas por encima de las criminales.

El texto del NYT señala que las pesquisas sobre el supuesto vínculo entre operadores de carteles y funcionarios cercanos a López Obrador después de 2018 tuvieron que archivarse, una vez que los investigadores concluyeron “la poca disposición del gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país”.

En ambos casos la narrativa es la misma: la culpa es de las altas esferas del gobierno estadounidense, nunca de la agencia antinarcóticos. Lo anterior debe entenderse en un contexto que no necesariamente queda claro en México: la DEA sufre la mayor crisis de legitimidad en su historia como consecuencia de los casos de corrupción al interior de la agencia (varios de ellos ya narrados en este mismo espacio) y de su incapacidad para detener la crisis de opiáceos sintéticos. Así, al verse acorralada por la realidad, la agencia reparte culpas por doquier y se protege ante el ciclón electoral en Estados Unidos. Bien pensado, su estrategia tiene una lógica impecable.

Esta explicación en nada contradice la lectura que enfatiza la voluntad de la DEA por influir en el proceso electoral mexicano.[1] En política no hay coincidencias, mucho menos a cien días de la elección más grande en la historia política del país. Lo que esta columna insiste es en detectar las intenciones últimas de una filtración que busca consecuencias en ambos lados de la frontera.

Inmersos como estamos en la política nacional, a veces se nos olvida que la elección que genera genuina incertidumbre ocurrirá en noviembre en el país del norte y no en junio en nuestro propio territorio. Eso lo entienden muy bien en los Headquarters de la DEA.

[1] Sobre el tema en esta columna ver: Pérez Ricart, C. “La DEA ataca a López Obrador: ¿debemos creerle?” 01/02/2024 https://www.sinembargo.mx/01-02-2024/4461287

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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