En la iniciativa presentada por se establece que como parte de las aportaciones complementarias que se integrarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, o “Fondo Semilla”, como lo llamó ayer el Presidente, una parte provendrá de “las economías y ahorros” que se generen con la desaparición de cinco organismos autónomos.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– El 31 de enero, la semana pasada, una Xóchitl Gálvez envalentonada anunció decidida que apoyaría la reforma a las pensiones prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo hicieron las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, que se adelantaron a comprometer su voto. “Por supuesto que estamos de acuerdo con que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto y lo vamos a apoyar”, dijo la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El Presidente les lanzó un señuelo y lo mordieron. La iniciativa los mete en un aprieto que deberán explicar a los votantes, porque para poder financiar pensiones del cien por ciento a los millones de jubilados que se quedaron sin apoyo del Estado mexicano por las reformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón deberán apoyar otra propuesta que no les gustará: la de desaparecer órganos autónomos.
“Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el Gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a los trabajadores”, expresó el lunes el Presidente. “Desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal”.
La semana pasada, los bloques del PRI y el PAN en el Congreso se mostraron abiertos a votar la propuesta, aunque cuestionaron el origen de los recursos. “Esto no tiene problema para votarse, no van a arrinconar a nadie”, dijo por ejemplo, el líder priista de los diputados Ruben Moreira.
“Lo único que queremos saber es el ligero detallito de dónde piensa sacar ese dinero, ¿de dónde?”, cuestionó a su vez el coordinador panista Jorge Romero, quien enfatizó que no apoyarán la extinción de los autónomos para financiar las pensiones de la gente.
Lo cierto es que la iniciativa mete a la oposición en un aprieto, porque han dicho que votarán por la medida y de no hacerlo deberán explicar ante el electorado sus razones, todo ello en medio de un proceso electoral.
En la iniciativa se establecen dos fuentes de recursos para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, o “Fondo Semilla”, como lo llamó ayer el Presidente. Por un lado están las aportaciones iniciales, que vendrán del 75 por ciento de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como el monto que determine este organismo resultado del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
También se contemplan los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y los montos del cobro de los adeudos que tengan ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; del Congreso de la Unión; del Poder Judicial de la Federación; de los órganos autónomos; así como de las entidades federativas.
Por otro lado se habla de aportaciones complementarias que se integrarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que provendrá de “las economías y ahorros” que se generen con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Otras aportaciones complementarias provendrán de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial “que se usaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros”, los cuales deberán ser entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que se concluyan los procedimientos legales en curso.
El actual sistema de pensiones se rige con legislación que se aprobó en el año de 1997 durante la administración de Ernesto Zedillo, quien actualmente goza de una pensión vitalicia por arriba de los 100 mil pesos mensuales por parte del Banco de México (Banxico). Esta Ley sustituyó a la de 1973 del IMSS, donde los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión del 100 por ciento de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse.
Precisamente esto es lo que se busca revertir.
La Secretaria de Gobernación Luisa Alcalde Luján explicó esta mañana que lo que se propone es revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. “Quienes coticen a partir del 97 en el IMSS y de 2007 en el Issste tendrán derecho a que su pensión por retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
“Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un Fondo de Pensiones para el Bienestar, integrado por —un inicio— por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64 mil millones de pesos”, sostuvo.
En su exposición de motivos, el texto señala que se busca “prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007” un escenario que, se lee, “se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social”.
“Estamos convencidos de lograr un verdadero cambio de panorama ya que si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados”, se plantea.
