Las medidas propuestas por el mandatario federal, afirman, «corresponden con la profunda transformación que vive nuestro país desde hace cinco años en diversos ámbitos de la vida nacional».
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Los 23 gobernadores afines a la Cuarta Transformación, en su mayoría morenistas, hicieron este lunes un llamado al Congreso de la Unión a aprobar el paquete de reformas que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado conjunto, los mandatarios de la 4T expresaron su respaldo a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República este lunes, como parte de la conmemoración de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917.
«Hacemos un llamado respetuoso a las y los integrantes de ambas cámaras del Poder Legislativo federal para que apoyen en el espacio de sus responsabilidades este proceso de actualización, que es fiel al espíritu y objetivos que caracterizan al Congreso constituyente de 1917», resaltaron.
Comprometidos con el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano, las y los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, respaldamos el paquete de iniciativas del presidente @lopezobrador_ para reformar la Constitución Política de nuestro país. pic.twitter.com/9vUmw3T5GZ
— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 6, 2024
Las medidas propuestas por el mandatario federal, afirman, «corresponden con la profunda transformación que vive nuestro país desde hace cinco años en diversos ámbitos de la vida nacional».
Calificaron a las iniciativas como medidas que expresan el carácter republicano, cívico y pacífico del «humanismo mexicano», así como una respuesta ante la necesidad de profundizar la renovación de las instituciones y prácticas públicas para que den mejor respuesta y mayor eficacia a las demandas del siglo XXI.
El comunicado fue firmado por las y los gobernadores Delfina Gómez (Estado de México), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Alfonso Durazo (Sonora), Sergio Salomón Céspedes (Puebla), Cuitláhuac García (Veracruz), Cuauhtémoc Blanco (Morelos), Rutilio Cruz Escandón (Chiapas), entre otros. Asimismo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, también se integró a los firmantes del llamado al Congreso de la Unión.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había anunciado: se trata de un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución. Muchas de ellas podrían no pasar, si no es que todas, debido a que no tiene los votos en el Legislativo. Pero quedan como una especie de testamento para su movimiento, y ariete contra lo que él mismo ha llamado “las mafias de poder” en México.
López Obrador fue claro en su mensaje: Son reformas “para evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro”. Es decir: hay que luchar por esas reformas para contener una contrarreforma en caso de que regrese la derecha al poder. “Si los reaccionarios vuelven al poder, que les sea muy difícil echar atrás esas reformas”, dijo el Presidente en el Recinto Legislativo de Palacio Nacional en el marco del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
“Estas propuestas son, a todas luces, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría”, sostuvo López Obrador.
Entre las iniciativas presentadas se incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); prohibir el maltrato a los animales; proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, así como no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto; prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo; no permitir que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual; entre otras más.
