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El Senado de la República está obligado a intervenir y a poner orden en el conflicto de poderes que se ha profundizado en Nuevo León, a tal grado que está en riesgo la funcionalidad del gobierno en beneficio de la sociedad, en esa entidad federativa en la cual están enfrentados, por un lado, el Poder Ejecutivo, representado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, que tiene como contraparte a la mayoría que controla el Poder Legislativo, una cámara de diputados local donde mandan los partidos PAN y PRI, que a su vez actúa con la complicidad del Poder Judicial del Estado.

En Nuevo León está fracturado el orden constitucional, los poderes públicos dejaron de ser funcionales y la Cámara de Senadores estaría obligada a ejercer sus facultades legales, para nombrar una comisión especial que investigue y considere seriamente la necesidad de declarar que han desaparecidos los poderes en esa entidad y que por lo tanto es necesario nombrar a un gobernador interino que convoque a elecciones extraordinarias.

Desde el lunes 4 de octubre del 2021 cuando asumió sus funciones de gobernador en Nuevo León, la confrontación de Samuel Alejandro García Sepúlveda con el Congreso estatal ha sido una permanente sucecisón de desencuentros, amenazas, ataques, vituperios, y demandas ante tribunales federales, con el propósito de combatir, mutuamente, acciones que pretenderían imponer sus intereses y caprichos a la contraparte, en una controversia que ha transitado también por reformas arbitrarias y excesivas a la constitución local, con el deliberado propósito de imponer condiciones al rival político.

García Sepúlveda es actualmente gobernador con licencia y precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, durante el periodo del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024. Pero el mandatario de Nuevo León pretende estar presente en la boleta para los comicios del domingo 2 de junio del 2024, para lo cual solicitó y le fue autorizada por el Congreso de Nuevo León, una licencia del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Para que le cubra las espaldas durante ese periodo, Samuel Alejandro pretende imponer como interino a su secretario general de gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, pasando por encima del Congreso del Estado, que es la institución que tiene la facultad de realizar ese nombramiento.

El pasado 15 de noviembre del 2023 -luego de revisar una impugnación de Samuel Alejandro García Sepúlveda- la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, la designación del gobernador interino realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, al considerar inelegible al magistrado con licencia y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, José Antonio Salinas Garza.

El Tribunal Electoral determinó que existe una prohibición expresa, prevista en la Constitución local, consistente en que los magistrados del Poder Judicial local están impedidos para ocupar cualquier cargo en el gobierno, lo cual es consistente con el artículo 116 de la Constitución federal, que prevé la separación de poderes, que garantiza los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad, que son necesarios para el desarrollo de las funciones de gobierno. Por lo tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación ordenó al Congreso de Nuevo León hacer un nuevo nombramiento de gobernador interino con base en lo dispuesto por la constitución estatal.

El sábado 18 de noviembre del 2023, el gobernador García Sepúlveda publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, un acuerdo en el que establece que en virtud de que participará en la precampaña para el cargo de Presidente de la República, del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024, designa como encargado de despacho, durante ese periodo, al Secretario General de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco

Ese acuerdo del gobernador contraviene la disposición de la Constiticón Política de Nuevo León, que establece en su artículo 122 que cuando las licencias del gobernador sean por más de 30 días, “el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo”. Supuesto que se cumple en el caso de la licencia solicitada por Samuel Alejandro, y aprobada por el Congreso de Nuevo León, que estará vigente del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024.

El desorden provocado por el pleito entre el gobernador y el Congreso Estatal, al cual no es ajeno el Poder Judicial de la entidad, provocó que el pasado lunes 20 de noviembre del 2023, todos los organismos cúpula del sector empresarial de Nuevo León hayan hecho un exhorto enérgico a los poderes en conflicto, para que busquen acuerdos que beneficien a la entidad, por encima de sus muy mezquinos intereses partidistas.

“Los organismos del sector privado y la sociedad civil que suscriben, exigimos a los representantes electos de Nuevo León no escalar el conflicto político-partidista que arriesga la vida social, económica y política de nuestro estado. Los acontecimientos de los últimos meses han impactado negativamente en la vida pública del estado y sus municipios, poniendo en riesgo la estabilidad y gobernabilidad, al no respetarse la división de Poderes ni la autonomía de las instituciones”, advierte en sus primeros párrafos el comunicado.

Y concluyen los organismos empresariales de Nuevo León: “Basta de poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Nuevo León merece comportamientos de mayor altura, acorde a la responsabilidad que como sociedad les hemos encomendado”.

El Senado de la República debe intervenir para poner orden en Nuevo León, con base en las facultades que le confiere el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Fracción Quinta.

El Senado de la República tiene la facultad de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas”.

Y explica la Constitución federal: “El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere”.

Además, la Fracción Sexta, del mismo Artículo 76 constitucional agrega que el senado tiene facultades para “resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas”.

La Ley Reglamentaria de la Fracción Quinta del Artículo 76 de la Constitución General de la República establece que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales “quebrantaren los principios del régimen federal; abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor o estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.

Con respecto a los conflictos políticos que prevalecen en Nuevo León, la Ley Reglamentaria de la Fracción Sexta del Artículo 76 de la Constitución General de la República establece que “se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento”.

Y explica cuando se configura un conflicto político entre los poderes de una entidad federativa: “Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos: I.- Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos; II.- La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar; III.- Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad”.

También existe este conflicto político, en el cual debe intervenir el Senado de la República, cuando ocurre: IV.- El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional; V.- Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones, y VI.- En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros”.

El viernes 17 de noviembre del 2023, Javier Navarro, secretario general de gobierno, advirtió que la administración de Samuel Alejandro García Sepúlveda no reconocerá a un Gobernador Interino designado por el Congreso sin consenso previo y ligado a Movimiento Ciudadano. Anticipó que usarían la fuerza policiaca en caso de que el próximo 2 de diciembre del 2023, cuando inicia la licencia formal de García Sepúlveda, el interino nombrado por el Congreso del Estado pretendiera asumir sus funciones en Palacio de Gobierno.

El miércoles 22 de noviembre del 2023, el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes reiteró que utilizará la Fuerza Civil, como se llama a la policía estatal, y hará "todo lo necesario", para mantener en su cargo de encargado del despacho del gobernador, al Secretario General de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco.

Para poner orden en Nuevo León y restaurar el orden jurídico, el Senado de la República debe analizar la necesidad de declarar que en ese estado han desaparecido los poderes constitucionales y nombrar a un interino que convoque a elecciones extraordinarias.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

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