Una de las grandes promesas electorales incumplidas y pasivos de acción de gobierno que dejan el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y varios gobiernos estatales, es el evidente fracaso en la política para contener y detener la crisis por desaparición de personas que existe en México. Lo mismo ocurre en varios gobiernos locales como en Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano y Marina Ávila Olmeda de Morena en Baja California. En Baja California, el gobierno estatal reporta solo 2,006 personas casos de diciembre de 2006 hasta septiembre de 2023, y sin embargo la fiscalía estatal tiene 17,306 carpetas de investigación abiertas por ese delito en el mismo periodo (Animal Político, 27 septiembre 2023).

Es un caso estatal entre otros que demuestran cómo el gobierno federal y los estatales han estado manipulando las denuncias, carpetas de investigación y cifras totales de desaparecidos para subestimar o de plano rasurar las cifras. En esta estrategia los gobiernos de Jalisco como el federal han actuado de forma muy semejante para ocultar la grave crisis por desaparición de personas que ocurre en sus territorios.  Una crisis que no sólo no se ha resuelto sino que se ha agravado con la tendencia al alza en el número de personas desaparecidas con las crisis asociadas que produce este fenómeno: la proliferación de fosas y centros de exterminio, y la crisis forense asociada con el rezago de más de 52 mil cuerpos sin identificar.

López Obrador y Enrique Alfaro tomaron sus cargos, respectivamente de presidente de México y gobernador de Jalisco, en diciembre de 2018. Para entonces la crisis por desaparición de personas era mas que evidente y generalizada. No es un problema creado en sus gobiernos, sino heredado. El fenómeno actual de las desapariciones comenzó en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa y su errática guerra contra el narcotráfico que desató y multiplicó distintas formas de violencia, entre ellas la desaparición de personas.

Ambos gobernantes respondieron con formas y estrategias parecidas. Al arrancar se mostraron más empáticos y cercanos a los colectivos de familias. López Obrador manifestó esta cercanía con encuentros regulares con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a quienes prometió que llegaría a la verdad en este caso. Y colocó a dos funcionarios sensibles a la crisis por desaparición de personas: Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación y a Karla Quintana Osuna como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNNB). Desde ambas dependencias se impulsó una política para la crisis de desaparición de personas con más presupuesto, cercana a las familias y abierta al escrutinio internacional. Por su parte, el gobernador de Jalisco dijo al arranque de su gobierno que entendía la magnitud del problema y se comprometió a no delegar su atención para asumirlo personalmente.

Desde esos primeros compromisos, a escala nacional se avanzó en la conformación de un Sistema Nacional de Búsqueda y en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que al menos reconocía la gravedad y magnitud del problema. En Jalisco, se aumentó el presupuesto para las agencias de las desapariciones y se continuaron los encuentros con colectivos de familias que buscan a sus ausentes.

Cinco años después, no sólo se ha detenido el empuje inicial, sino que ahora se llevan a cabo acciones para encubrir el problema, e incluso se trabaja deliberadamente en rasurar las cifras de desaparecidos que ofrecen los propios registros oficiales. Además se ha dejado de atender, personalmente, a los colectivos de familias.

Recientemente el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, en su reporte de agosto de 2023, señaló el retroceso en Jalisco. “Al inicio de su administración el tema además de ser prioritario contaba con acciones específicas qué prometían resultados para las víctimas. Desafortunadamente, casi al término de su gobierno, la justicia y la atención a las víctimas siguen pendientes y el número de personas desaparecidas prácticamente se duplicó”, señaló. Desde al menos marzo de 2022, el gobierno de Enrique Alfaro ha dejado de alimentar el registro nacional, en tanto el registro estatal, el Sistema de información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), es alterado o manipulado, según denuncias del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.

A escala nacional, el presidente se ha empeñado desde julio de este año, en disminuir las cifras del registro nacional (113,250 casos hasta ayer). Y para ello ordenó un censo que es criticado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. López Obrador declaró el pasado lunes: “No es cierto que haya 126 mil desaparecidos. No es cierto y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. De manera muy irresponsable, de mala fe salían a decir que habían 126 mil desaparecidos”, dijo en la mañanera del lunes 13 de noviembre.

Pero mientras el  gobierno federal y de varios estados de la república se empeñan en minimizar y rasurar las cifras, los colectivos de todo el país y el monitoreo independiente de los casos, demuestra que la crisis por desaparición de personas sigue al alza, lo que revela que tanto gobernadores como Enrique Alfaro como el presidente López Obrador fracasaron en la política contra las desapariciones. Para cambiar contener y terminar con esta crisis será necesario una fuerte movilización desde los colectivos de familias acompañadas por la sociedad para obligar al Estado y sus instituciones y a las organizaciones criminales a detener esta barbarie.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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