En México existe “una situación generalizada de desapariciones” y “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación”, de este delito por lo que existe una impunidad casi absoluta para castigar este fenómeno. Así mismo, es de suma preocupación el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Estas son algunas de las principales conclusiones y recomendaciones que el pasado 29 de septiembre dio a conocer el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en un informe en el que establece conclusiones después de su visita al país en noviembre de 2021 y del diálogo que establecieron con algunos funcionarios del gobierno mexicano entre el 13 y 15 de septiembre de este año, durante la 25ª sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza.

El CED forma parte de las agencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que México forma parte.

En ese contexto, el gobierno mexicano aceptó la visita de una comisión del CED en noviembre de 2021, posteriormente ha emitido observaciones que han sido respondidas por el Estado mexicano, quien reconoce la competencia de esta instancia de la ONU para revisar la política mexicana en materia de desaparición de personas, incluidas las desapariciones forzadas.

Si bien es de sobra conocido en el país que la crisis por desaparición de personas es uno de los problemas sociales y políticos más graves que aquejan a la sociedad mexicana, no deja de llamar la atención la afirmación de este comité de la ONU de que en el país existe “una situación generalizada de desapariciones” con más de 111 mil personas ausentes.

En el “informe final sobre la información complementaria presentada por México” se hace un repaso general a la situación de las desapariciones en el país y somete a revisión la política pública sobre este fenómeno, y luego establece decenas de recomendaciones al Estado mexicano.

En concreto, los integrantes del CED dividieron su análisis en cuatro apartados: a) política nacional de prevención y erradicación de desapariciones; b) la investigación y justicia; c) búsqueda y coordinación efectiva;  y d) identificación y entrega de restos de personas fallecidas.

Sobre el primer apartado concluye la alarmante situación de “desapariciones generalizadas” que existe en el país, así como la “ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”  y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen; a la vez que cuestiona que las autoridades mexicanas no reconozcan la “responsabilidad de los agentes estatales” en los casos de desapariciones forzadas, cuestiona “la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”. En este punto, subraya la gran cantidad de personas desaparecidas que existen en el país y los pocos casos de personas detenidas por este delito, lo que revela la situación casi generalizada de impunidad que impera en México.

El documento de la CED 18 páginas establece más de 50 recomendaciones al Estado mexicano para tratar de contener y sancionar este delito y entre otras cuestiona la política de militarización de la seguridad pública y pide establecer un plazo para que estas tareas sean asumidas plenamente por policías y mandos civiles.  Hacia final del documento, los integrantes del CED hacen patente la grave crisis forense que existe en el país con más de 53 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.

En un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) hicieron un “llamado urgente al Estado mexicano para cumplir de manera efectiva con todas las recomendaciones formuladas por el CED”. Y en particular se pronunciaron por “transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, que la selección del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General; proteger a los familiares de personas desaparecidas; garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación; y resolver la crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas.

El informe del CED ha sido acogido con beneplácito por los colectivos de familiares que buscan a sus desparecidos, y llaman al Estado mexicano a acatar y aplicar sus recomendaciones, con la esperanza de que así sea posible detener la crisis por desapariciones en México y que pone al país en el epicentro mundial de este fenómeno.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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