Con el número 386/2023 en la sesión del 23 de agosto pasado el Ministro Luis María Aguilar proponía destituir al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero, a la mera hora, no presentó su ponencia. El tema era burocrático: el Presidente no respondió a la solicitud de una magistrada fiscal, María Bárbara Templos, para quedarse en su cargo después de diez años de servicio. Como no respondió el amparo otorgado por otro Juez en Zacatecas, el Ministro Aguilar sintió oportuno amenazar al Presidente con destituirlo. Ya en mayo, la fracción de Acción Nacional en el Senado, había solicitado a la Corte la destitución de López Obrador por desacato porque, según su abajofirmante, Julen Rementería, había incumplido con detener las obras de infraestructura. Luego, igual que el Ministro, Acción Nacional retiró su punto de acuerdo y le echaron la culpa a un pobre asesor. Como si trataran de cumplir una fantasía de sueños húmedos, estos dos ejercicios se retiraron pero alguien había redactado, y los había hecho públicos, casi como para ver cómo se sentía poder terminar con la 4T y su dirigente, López Obrador.

El golpismo del poder judicial vino desde cómo llegó Norma Piña al poder en la Suprema Corte de Justicia; con base en una acusación contra una magistrada en competencia de plagio que fue avalada, sin verificarla insitucionalmente, por el rector de la UNAM, en vísperas de la elección. Luego, en cadena, se dieron la soberbia de un poder judicial que se puso por fuera de la Constitución y de la República, que cree que su autonomía es impunidad total, que pueden decidir lo que sea, sin importar la percepción de justicia. Les comparto la lista que elaboró The Guardian y unos agregados de mi propio seguimiento:

• El Juez Eduardo Alberto Osorio ha decretado libertad de narcotraficantes del Estado de México y Querétaro, 52 veces de las 61 que los han detenido en flagrancia. El Juez pretexta que la Guardia Nacional no tiene facultades para “investigar”.
• El Juez Gustavo Ramírez Cequera ha liberado huachicoleros, como el caso de la Gustavo A. madero el 25 de noviembre pasado, argumentando que no era posible que tuvieran 3 mil litros de gasolina en su poder, además de mariguana, porque las dos actividades eran incompatibles.
• El Juez Daniel Ramírez Peña, absolvio en 2022 al exmagistrado Isidro Avelar, acusado en Estados Unidos por ser socio del Cartel Jalisco Nueva Generación.
• El Juez José Luis Hernández Hernández liberó a los imputados por extracción ilegal de bienes nacionales por el accidente en Pinabete, Coahuila, que dejó 10 mineros muertos.
• El Juez José de Jesús Rodríguez es el maestro de las liberaciones de detenidos: de 80 casos de delincuencia organizada y acopio de armas, en los 80 dio resoluciones a su favor pero las fue repartiendo de la siguiente manera: 39 no vincular a proceso; en 34 calificó de ilegal su detención; y en las 7 que le restaban, directamente los absolvió.
• Oscar Madero González ha liberado a personas que falsifican datos en el SAT, es decir, que sirven a las factureras.
• Ricardo Ignacio Rivera Pacheco ha liberado a 24 huachicoleros en Tamaulipas.
• Jesús Alejandro Jiménez Álvarez ha liberado a 34 personas en posesión de armas del ejército en
  Guanajuato, estado con el mayor índice de homicidios.
• Marco Antonio Torres Reyes, ha hecho lo mismo que los dos anteriores, pero en Michoacán.
• Enrique Hernández Miranda, en Sonora, ha liberado a “polleros” a los que se les detuvo en flagrancia transportando a 116 centroamericanos en la frontera.
• Jorge Ramírez Téllez en Puebla ha absuelto a 6 organizaciones dedicadas al tráfico de armas.
• Pedro Jara venegas, en Sinaloa, ha decidido devolver inmuebles que se usaban de laboratorios de metanfetaminas.
• Francisco Ramírez Marcial, en Nayarit, también devuelve avionetas incautadas por transportar drogas.
• Ernesto Vladimir Tavera Villegas en Tamaulipas, absolvió a seis personas acusadas del secuestro y homicidio del hijo del poeta javier Sicilia ocurrido en 2011 en Morelos.
• El Juez Samuel Ventura Ramos desde Tamaulipas ha decretado absoluciones para 120 acusados de la desparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre ellos, José Luis Abarca, el alcalde perredista de Iguala.
• La Suprema Corte de Justicia decidió descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna una hora después de que fuera declarado narcotraficante por un jurado en Nueva York, en febrero pasado.
• El Juez Genaro Valerio Pinillos de Tamaulipas liberó al ex gobernador, Eugenio Hernández, que tiene una orden de extradición a Estados Unidos.
• Faustino Gutiérrez concedió un amparo definitivo al hoye encargado del proyecto de seguridad pública del Frente Opositor de Claudio y Xóchitl, Javier García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada, y una de cuyas propiedades fue un centro de exterminio del narcotráfico.
• Isabel Porras Odriozola le concedió un amparo al célebre “Mochaorejas”, Daniel Arizmendi, el pasado 13 de abril.
• Norma Piña ha nombrado como sus colaboradores cercanos a dos funcionarios de Genaro García Luna, Sonia Vargas y a Ricardo Márquez Blas.

Este es el Poder Judicial que protege a delincuentes poderosos y mantiene las cárceles llenas de presos sin sentencias, 4 de cada 10, es decir más de 88 mil mexicanos. Este es el poder judicial que libera y absuelve hauchicoleros, traficantes con avionetas, policías que desaparecen estudiantes, y mete en sus nóminas a los colaboradores de Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón. Este es el poder judicial que con una inexplicable soberbia, se reunió hace unos días a petición de Norma Piña para pedir un aumento de presupuesto. A nombre de los 55 mil trabajadores del poder judicial, casi tantos como presos sin sentencia hay en México, Norma Piña quiso explicar así que un poder que tiene un fideicomiso secreto de 20 mil millones de pesos, cuyos ministros ganan más que el Presidente, y que contrata colaboradores del narcotraficante García Luna, pida más dinero. Dijo:

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”. Es decir, se viene una campaña tipo el dinero del INE es la democracia. Nada más que ahora será, la protección al huachicol y a los labortarios de metanfetaminas no se toca. Siguió la Ministra Piña: “El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro Texto Constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial federal, sino también, directamente, al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando, así, en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”. Una vez más, el poder judicial se pone por arriba de los otros poderes, ahora le toca al legislativo al que le ha dado resoluciones en contra porque, según minsitros como Laynez Potisek o Pérez Dayán, no discuten el tiempo que ellos consideran suficiente. Como en el caso del INE, la Suprema Corte de Piña trata de asustar con el petate de la división de poderes y los contrapesos —que son más de “pesos” que de “contras”— para que le aprueben un presupuesto cuyo monto es decisión exclusiva, constitucional, de la Cámara de Diputados. Sigue Piña: “La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, uno punto ocho pesos 8 diarios por mexicano”. Aquí Piña maneja sus datos. El aumento que está pidiendo de 225 millones de pesos es el que representa 1.80 pesos diarios para cada mexicano, incluidos los niños y bebés de brazos. El presupuesto que quiere son 45 pesos por mexicano. Si pensamos que sólo los contribuyentes se lo pagamos, en realidad su presupuesto de 5 mil 855 millones nos sale en 487 pesos diarios para los lujos de los jueces. Sigue la hábil Piña: “Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”. Piña apela a que los ciudadanos no sabemos nada y que pensamos que a la justicia se accede, no por sobornos, pago y cobro de favores, y despachos de abogánsters poderosos, sino por el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Cuando les han dado los presupuestos con dinero público no los usaron para impartir justicia sino para hacer sus fideicomisos ilegales, y tener sus privilegios garantizados. De la lista de cuarenta privilegios que dio a conocer el propio Senado de la República retomo sólo los que me impactan por su cinismo y prepotencia, además de los salarios de 700 mil pesos: 12 millones de seguro de vida; 5 millones al año para contratar personal que les ayude; 800 mil pesos para comidas; 6 millones para vehículos; 200 mil para medicinas; 22 mil pesos para gasolina; 20 millones para cada uno cuando se les acabe el encargo.

Al final de su discurso en defensa de ese poder judicial parcial, arbitrario y corrompido, Piña amenaza con algo así como una “huelga judicial” si no le cumplen su peso con ochenta centavos por mexicano al día, es decir, 225 millones 221 mil 360 pesos, es decir, un total de 5 mil millones 855 mil pesos. Dice: “Desde el Poder Judicial federal, asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas; sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal. El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”.

Se viene una nueva batalla tipo el “INE no se toca” ahora con un poder de la República que ni siquiera tiene una credencial de elector para presionar. Tiene, en cambio, una cauda de parcialidad corrupta en su haber de la cual, seguro, los medios no estarán dando cuenta. Preferirán, sin duda alguna, decir que se está “destruyendo la justicia en México” y harán su gira por los siniestros ministerios del extranjero. Correrán la suerte de Lorenzo Córdova, la del energúmeno adicto al dinero público.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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