La Comisión Nacional de Búsqueda informó a familiares en Coahuila y Guerrero que sus seres queridos aparecían como vacunados contra el COVID-19. Hasta ahora, no han recibido ninguna explicación sobre un hecho que abogados califican como una negligencia.
Por Lucía Flores y Germán Canseco
Ciudad de México, 19 de julio (A Dónde van los desaparecidos).- “¿Ya apareció Miguel Armando, verdad?”, preguntaron las dos mujeres que bajaron de una camioneta blanca con logos de la Comisión de Búsqueda del Estado de Durango. Era el lunes 10 de julio cuando llegaron a la casa de la pareja del hombre desaparecido para decirle que lo habían reportado como vacunado contra el COVID-19.
Miguel Armando Mata Villa desapareció el 17 de febrero de 2012 en Reynosa, Tamaulipas, cuando tenía 20 años. La última vez que habló por teléfono con su madre, María Elena, fue dos días antes. Ella lo notó asustado cuando le contó que lo habían detenido a mediodía en un retén militar, pero le pidió que no se preocupara. Lo acompañaban diez compañeros de trabajo, con quienes se dedicaba a intercambiar muebles por pedacería de oro. Desde ese día, no se sabe nada de su paradero.
Las funcionarias de la comisión estatal, cuenta María Elena, no se identificaron. “Traemos el reporte de que [Miguel] ya está vacunado”, dijeron. “Es el reporte de que ya apareció”. En su mano sostenían una lista de nombres de personas desaparecidas que fueron registradas como vacunadas contra el coronavirus durante la pandemia.
Otras listas similares fueron enviadas a organismos de búsqueda y fiscalías de Coahuila, Durango, Guerrero y la Ciudad de México. Este lunes, los comisionados de búsqueda de Coahuila, Ricardo Martínez, y de Durango, Carlos Burciaga, reconocieron que se trataba de un error.
Lo primero que hicieron los parientes de Miguel fue buscar sus datos ese 10 de julio en el registro nacional de vacunación. Vieron que su nombre aparecía con la primera dosis aplicada. Pero al revisar el sistema una semana después, el estatus había cambiado. Ahora la indicación era “Quiero vacunarme”, lo que significaba que no había recibido ninguna dosis.
SIN MAYORES DATOS
Para cotejar la huella digital de Miguel en 2021, la Fiscalía General del Estado de Coahuila le pidió a María Elena su credencial de elector, que aún no ha logrado que le devuelvan. El domicilio al que fueron a buscarlo las funcionarias no aparece en el documento oficial, pues el joven no había actualizado ese dato y figuraba aún el de su madre. Cómo supieron su nueva dirección es una duda que se plantean sus familiares.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) envió al fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, una lista con nombres de personas desaparecidas que, según el organismo, se vacunaron contra el coronavirus. Además de Miguel, se incluía el nombre de otro joven cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina y entregados a sus familiares hace más de nueve años.
En Coahuila existen, por lo menos, cuatro casos de familias que han sido informadas por la comisión estatal de que sus seres queridos ausentes fueron vacunados, sin que les hayan proporcionado datos sobre su supuesto paradero, indicó Silvia Ortiz, vocera del colectivo Grupo Vida. Mencionó también a una joven de la Ciudad de México desaparecida en 2019, cuyos restos fueron hallados en Puebla en 2022, que fue registrada como vacunada; su nombre se incluyó en una lista que la CNB entregó a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que detectó el error.
En diciembre de 2020 inició la primera etapa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Según datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, se aplicaron 4.7 millones de dosis en el estado.
“Juegan con los sentimientos de las personas, porque uno tiene la esperanza de encontrarlos si están diciendo eso. Imagínense qué emoción para todos aquí en la casa, claro, es una esperanza”, dice María Elena.
Al consultar el registro de vacunación se dio cuenta de que no había ningún dato de dónde se había vacunado Miguel, ni la fecha o el nombre del biológico suministrado.
Recuerda cómo, al momento de vacunarse, la persona llenaba a mano unas papeletas con sus datos personales. “Ahí es donde digo, yo quiero ver eso para ver que mi hijo está vivo”.
Si el Estado declara a una persona como localizada, las y los familiares pierden su registro como víctimas. Cuando Miguel desapareció, su hijo tenía tres meses de nacido; actualmente, recibe un apoyo que María Elena teme que le sea retirado por la supuesta vacunación de su padre. Ella se pregunta qué pasa con las madres que buscan a sus hijos e hijas, “pues uno se acaba, se va deteriorando al paso del tiempo y pues el niño se va a quedar sin ningún apoyo, eso se me hace injusto”.
La próxima semana Miguel cumplirá 32 años. Durante el tiempo de su desaparición, María Elena ha enfermado de hipertensión y diabetes, dice, por la incertidumbre de no saber dónde está. Hasta el momento, ninguna autoridad la ha contactado para darle alguna explicación de lo sucedido. Ella sigue igual que hace once años: no conoce el paradero de su hijo, pero ahora tiene más dudas que al inicio.
SIN MAYORES DATOS
Ivette Melissa Flores Román desapareció el 24 de octubre de 2012, después de que un comando armado ingresó a su domicilio en Iguala, Guerrero. Tenía 19 años. Su madre Sandra Luz levantó una denuncia en el Ministerio Público, pero pasaron quince días antes de que empezaran a buscarla. Hace dos semanas, recibió un correo electrónico con la información de que su hija se había vacunado contra el covid-19.
Un oficio sin fecha, número ni firma, con logos de la Secretaría de Gobernación y la CNB, comunicó a Sandra Luz que, según un registro del 5 de julio de 2021, Ivette Melissa se había aplicado la primera dosis de la vacuna.
“Se obtuvo que la persona desaparecida de nombre Ivette Melissa, primer apellido Flores, segundo apellido Román, CURP sin dato, edad 19 años, sexo mujer, fecha de nacimiento sin dato, entidad de nacimiento sin dato, lugar de nacimiento sin dato, nacionalidad mexicana […]. Se encuentra registrada en la base de datos de la estrategia nacional de vacunación con la siguiente información […] fecha del último registro de vacunación 2021-07-05, sin información de contacto, sin dato de vacuna, ni sede de vacunación”, se lee en el documento.
Esta información, según el oficio enviado, surgió del cruce masivo de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con la Secretaría de Bienestar-Vacunas.
“Yo creo que lo más viable era [que me hubieran avisado] en presencia y no por vía correo electrónico, y pues es todo lo que sé. Con ellos no he hablado, con la CNB para nada, son mis abogados de [la organización] Idheas los que han estado dialogando con ellos, tanto con Fiscalía General de la República [FGR] como con la CNB”, dice Sandra Luz, quien padece del corazón y, desde que recibió el correo electrónico, siente un cosquilleo que no cesa en el brazo derecho.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) “les dio seis meses para dar con el paradero de mi hija, ya sea viva o muerta; entonces, yo creo que quieren subsanar ese espacio, como diciendo pues ya la localizaron”, plantea Sandra Luz sobre las razones de que le hayan enviado el oficio. “Y pues como estas personas [desaparecidas] están ausentes, no tienen voz, pues ahora sí están utilizando sus datos”.
Isabel Suárez forma parte del equipo de abogados de Idheas que acompaña el caso de Ivette Melissa, que fue objeto del primer pronunciamiento del Comité CEDAW sobre un hecho de desaparición forzada. En noviembre del año pasado señaló las omisiones y negligencias de las autoridades en la investigación y emitió una serie de recomendaciones que incluían la búsqueda exhaustiva de la joven.
La abogada asegura que, durante once años, la CNB no ha realizado una sola búsqueda en vida de Ivette Melissa. Las instituciones que las han organizado, agrega, son la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero en conjunto con la Fiscalía Especializada en Desaparición de la FGR.
El correo electrónico que recibió Sandra Luz, considera Suárez, “es un ejemplo del mal actuar, de la negligencia y de las omisiones de la CNB, o sea, que dos años después se enteren [de la vacunación], y no solamente eso, sino que han pasado ya dos semanas [de que notificaron a la familia]”.
Mediante oficios, los abogados de Idheas han solicitado a la CNB que informe dónde fueron recabados los datos de la supuesta vacunación de Ivette Melissa, qué documentos habría presentado y si hubo testigos, pero no han recibido respuesta.
DISCULPE, NOS EQUIVOCAMOS
Tras darse a conocer que varias personas desaparecidas aparecían registradas como vacunadas contra el coronavirus, los comisionados de búsqueda de Coahuila, Ricardo Martínez, y de Durango, Carlos Burciaga, junto con Samuel Ocampo, director de relaciones interinstitucionales de la CNB, sostuvieron una reunión telefónica para hablar del tema.
“Estamos haciendo un ejercicio muy transparente, en donde pues finalmente sí se cometieron estos errores”, se escucha en el audio de la reunión, al que tuvo acceso este medio.
La solución propuesta fue depurar la lista, que se había cruzado previamente con otras bases de datos. “Vamos a enmendar estos errores y de ninguna manera se va a mover el registro sin que exista una prueba de vida firmada debidamente por la persona a la que tendríamos reportada como desaparecida o no localizada”, sostuvo Ocampo.
Uno de los funcionarios subrayó que las comisiones estatales de búsqueda no hicieron nada ilegal. “La verdad, de antemano una disculpa si causamos alguna situación ahí de desconfianza o de molestia”. Incluso se habló de la posibilidad de que se trate de homónimos, personas con el mismo nombre, pero diferente identidad. No aludieron al hecho de que, en el proceso de vacunación, se solicitaba una identificación oficial, un comprobante de domicilio y la CURP.
Para evitar que estos hechos se repitan, los comisionados propusieron que los colectivos de búsqueda compartan sus hallazgos y bases de datos de las personas encontradas en fosas comunes para no cometer errores de identificación.
Ortiz, de Grupo Vida, y María Elena, la madre de Miguel, coinciden en que podría ser una estrategia para reducir el número de personas desaparecidas y, además, dejar sin la protección del Estado a sus familiares.
Se intentó contactar por teléfono y por correo electrónico tanto a Ocampo como al fiscal Herrera, pero no se obtuvo respuesta.
