A través de una carta a la opinión pública, la familia Weinberg, ligada a Genaro García Luna, denunció que durante más de cuatro años su presunción de inocencia ha sido violada y rechazaron irregularidades en los contratos firmados con el Gobierno federal en materia de seguridad.
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– La familia Weinberg rechazó los señalamientos hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron con el Gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A través de una carta difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, quienes cuentan con una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción registrados durante la gestión de Genaro García Luna, aclararon que han sido proveedores estratégicos en seguridad nacional, tanto en México como en Latinoamérica por más de 35 años y siempre han “cumplido a cabalidad los comprimidos contractuales”.
“Hemos prestado nuestros servicios a la Administración Pública Federal en los últimos cinco sexenios. Gracias a nuestro apoyo oportuno, a nuestro personal y a nuestra tecnología, el Gobierno federal actual logró evitar un evento de alto impacto en seguridad nacional e internacional”, refirieron en la misiva.
La familia Weinberg rompe el silencio tras las anunciadas acciones legales en su contra y los insistentes señalamientos de la #UIF. Caso García Luna. pic.twitter.com/L37MEPhBH4
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 25, 2023
Sobre los contratos que la UIF califica como “ilegales o fraudulentos”, la familia Weinberg afirma que han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías 45-GB (Cuenta Pública 2014), 14-GB (Cuenta Pública 2015) y 18-GB (Cuenta Pública 2017).
Como resultado de estas auditorias, agregaron, “no fuimos notificados de observación o de irregularidad”.
“Durante las auditorías se constataron las facultades legales de todos los funcionarios y apoderados vinculados a los contratos, así como la utilidad de los entregables. Claramente en ningún momento existió un desvío de recursos”, señalaron.
Agregaron que los contratos formalizados “fueron adjudicados con el otorgamiento de fianzas de garantía y cumplimiento y el objetivo fue cumplido de manera satisfactoria como consta en las actas de entrega-recepción”.
Además mencionaron que han cooperado con las autoridades estadounidenses en la investigación de estos contratos y de las operaciones financieras realizadas con los proyectos.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, exhibió el pasado lunes diversos contratos irregulares, los cuales fueron firmados por funcionarias y funcionarios de la entonces Policía Federal (PF) con empresas ligadas a Genaro García Luna durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Todas esas erogaciones se hicieron a “un conglomerado de consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos”.
Asimismo, apuntó que se habla de “un gigantesco mecanismo de sacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares”. “No es una cantidad menor. Es una cantidad muy grande. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil, sean restituidos a México todos estos recursos”, insistió.
Según Pablo Gómez Álvarez, “el juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una Corte de Florida. En este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema”.
