En estricto sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no usurpó la responsabilidad y facultad del Poder Legislativo para legislar y crear leyes. Lo que hizo fue advertir que, para hacerlo, los legisladores deben seguir un procedimiento legislativo que, en el caso de una parte del Plan B, o contrarreforma electoral, no siguieron. Vaya que violentaron su propio debido proceso legislativo y por tanto se invalidaban las reformas.

Los nueve votos a favor de la invalidez de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante la impugnación interpuesta por partidos políticos diversos, legisladores, organizaciones, fueron precisamente a la forma, no al fondo.

Los ministros no analizaron la reforma en su conjunto, sino que el proceso que los legisladores siguieron, por las prisas obradoristas para aprobar el Plan b de la reforma electoral cuando ésta no pasó al no obtener la mayoría calificada (únicamente lograron 269 votos de 339 requeridos), violentaron las reglas internas del Poder Legislativo.

La propia Corte lo explicó en una publicación de redes sociales: “Al invalidar el decreto que reforma las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, la Corte refrenda que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo”.

Sin embargo, para aprobar todo al vapor y al son del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los legisladores de Morena, de acuerdo a los denunciantes y al proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, en efecto y sabedores de su preponderancia partidista, se saltaron las trancas legislativas, y en cuestión de horas, sin avisar, sin dar a conocer la reforma, sin publicarla, sin consensuarla y sin discusión, la aprobaron vía rápida. Eso, resolvió la Corte por mayoría de nueve votos, fue violatorio del proceso legislativo.

El Ministro Pérez Dayán, justificó: que “todo proceso legislativo que culmina con la creación de una norma debe cumplir diversos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad, representatividad y de democracia deliberativa, principalmente, a través del respeto a las reglas de votación a la publicidad en el desarrollo del proceso legislativo y en las votaciones mismas, incluyendo preponderantemente el conocimiento de las iniciativas a discutir, de modo que se asegure la participación informada y libre de los Legisladores y la intervención de las Minorías en la creación de las normas. Dos, que la urgencia para la dispensa de trámites legislativos por sus efectos e impacto siempre debe obedecer a una causa real y debidamente razonada”. Observó que en este procedimiento hubo violaciones al aprobar el decreto “sin observar las reglas del procedimiento legislativo” ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores.

El proyecto de Pérez Dayán, con algunas reservas a violaciones a diversos artículos formuladas por los ministros que junto a él integran la Corte, al final de la sesión del 8 de mayo de 2023, fue aprobado.

Esta situación, por supuesto, incomodó a la Presidencia de la República que, ya en días previos, había solicitado no discutir esta segunda parte del Plan b electoral de AMLO, sin antes dirimir otros recursos en otras modificaciones. Los únicos dos votos contra el proyecto del Ministro Pérez Dayán fueron de dos de las ministras que se han convertido en tales durante la presente administración, Jazmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf.

De los primeros de Morena en declarar respecto la resolución de la SCJN fue el secretario de gobernación y precandidato en campaña político electoral para suceder a López Obrador, Adán Augusto López, con un provocativo mensaje en su red de Twitter donde mezcló la política con el gobierno con el partido y las elecciones, sin comas, para que me entienda: “El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”. Prácticamente arengó contra la Corte, metió a su oposición, y pidió el voto, todo desde la secretaría de gobernación.

Unos minutos después, también de Morena, pero más mesurado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, declaró: “…Enmendaron la plana del poder legislativo, por procedimiento, por lo que haya sido, pero lo cierto es que ya la Corte decidió la primera parte del Plan B, y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución. Se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento, es el contrapeso, no hay un poder que se sobreponga a los otros. Y lo que la Corte ha hecho es simplemente mantener viva la división de poderes y la existencia de pesos y contrapesos”. Segundos antes argumentó que por eso él no había votado.

Y pues sí, efectivamente la división de poderes en México es una realidad, aunque moleste al Presidente de la República y a su secretario de gobernación, los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen para equilibrar el ejercicio del poder en un sistema de pesos y contrapesos. Ni es la voluntad de una sola persona, ni es la aplastante mayoría. Es la Constitución y son las leyes.

Esto, sin embargo, no es algo que progrese en la mentalidad e ideología del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien actúa en base a sus pasiones, desconoce las razones y le apuesta todo a la máxima de ‘o estás conmigo o estás contra mí’. Al día siguiente de la corregida de plana de la Corte a las Cámaras, el mandatario salió enojado a su conferencia matutina, y aseguró, que el Poder Judicial “no tiene remedio”, “está podrido”, arremetió.

Y por supuesto justificó sus calificaciones denigrantes: “Que una Ley no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente… no violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la Ley los Ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país, y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”.

En una concordancia muy incongruente (usted disculpe), un día después y ya más “empapado” del tema, al senador Ricardo Monreal Ávila se le olvidó lo de los pesos y contrapesos, lo del equilibrio y aquello de enmendar la página, y habló de “acotar ese enorme poder que le hemos depositado (a la Corte) y que, en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pudiéramos revisar con toda seriedad el alcance que tienen estas resoluciones. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro: es en que la Corte Sustituya al Legislativo, eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario, las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la Ministra, son indebidas, porque las facultades del control institucional que tiene el parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el planteamiento resolutivo”.

El mismo argumento que, básicamente, utilizó el Presidente López Obrador los días previos a la sesión de la Corte, y el que también argumentaron, a grandes rasgos, las dos ministras que votaron contra el proyecto del Ministro Pérez Dayán, Jazmín Esquivel y Loreta Ortiz.
Al final del día, la división de Poderes imperó en México, y la Corte invalidó reformas que se hicieron fuera de procedimiento, aprovechando la mayoría (no calificada) del partido en el Poder en el Legislativo, con todo y que le pese al Ejecutivo, el ejercicio de la democracia en la que vive México, la ejercen y la protegen los tres poderes.

O como justificó el Ministro Luz María Aguilar, su voto a favor de la invalidez de las reformas: “No se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible… No respetar las reglas del proceso legislativo es una deslealtad constitucional y desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México”. Qué más claro puede ser.

Adela Navarro Bello

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