Las personas buscadoras han, en múltiples ocasiones, denunciado amenazas en su contra por sus labores de investigación sobre el paradero de sus hijos e hijas, u otro familiar, pero a falta de una protección adecuada, acusan académicos y colectivos, han sido asesinadas.
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Teresa Magueyal buscaba a su hijo Luis en el estado de Guanajuato. Tres años después de empezar la búsqueda, fue asesinada en el municipio de San Miguel Octopan, al noreste de Celaya. Con ella suman 9 los madres buscadoras, que han sido ultimados en los últimos 13 años, de un total de 18 buscadores, entre padres, hermanos y familiares.
La noticia la dio su colectivo Una Promesa Por Cumplir, con el mensaje: «Hoy otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo«. «Hacer el trabajo que no realizan las autoridades que es buscar a nuestros familiares no debería significar una sentencia de muerte», lamentaron los integrantes.
Así como la señora Teresa, también han muerto violentamente durante la búsqueda de justicia y verdad por sus hijos e hijas las madres Marisela Escobedo, Miriam Rodríguez, María Carmela Vázquez, Rosario Lilian Rodríguez, Sandra Luz Hernández, Esmeralda Gallardo, entre otras; mientras que Leopoldo Valenzuela Escobar, José de Jesús Jiménez Gaona, José Nicanor Araiza, Javier Barajas, Gladys Aranza Ramos y demás también fallecieron en el intento de encontrar a sus familiares queridos.
«Hay madres buscadoras –o colectivos de búsqueda, en términos más generales– en primer lugar, porque al inicio el Estado mexicano y los gobiernos locales negaron la existencia de estas desapariciones», expuso en entrevista con SinEmbargo la doctora Angélica Ospina. «O en el mejor de los casos, se repetía esta narrativa revictimizante y criminalizante de que las personas estaban desaparecidas porque eran criminales».
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Hoy volvemos a perder una gran mujer pic.twitter.com/bidjOjtrmd
— Una Promesa por Cumplir uppc (@PorUppc) May 2, 2023
Ospina es becaria de género del International Crisis Group y catedrática Conacyt adscrita al Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Además de que la falta de reconocimiento de la magnitud del problema de desapariciones por parte de las autoridades –que en México suman más de 112 mil desaparecidos–, también se observa una constante de colusión y corrupción por parte de los funcionarios en los casos, indicó.
«En el mejor de los casos, cuando hay voluntades de las personas, por ejemplo, al frente de las comisiones estatales de búsqueda, en muchos casos lo que sucede es que no hay recursos suficientes para realizar esas búsquedas, entonces son las mismas familias las que terminan asumiendo los riesgos y especializándose en esas tareas forenses».
Magueyal buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, de quien supo por última vez el 6 de abril de 2020. Otros familiares guanajuatenses igualmente han sido víctimas de homicidio por intentar localizar a sus hijos, como María Carmela Vázquez en noviembre de 2022, quien buscaba a su hijo Óscar.
La sinaloense Sandra Luz Hernández desconocía el paradero de su hijo Edgar García Hernández desde el 12 de febrero de 2012, por lo que comenzó a investigar y dio con una lista de probables responsables de la desaparición de Edgar. Sin embargo, las diligencias por parte de las autoridades de Sinaloa no avanzaron, y el 12 de mayo de 2014 la señora Sandra Luz fue asesinada en Culiacán.
En agosto de ese mismo año, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, dirigente del colectivo sinaloense Corazones Sin Justicia, fue privada de su libertad y posteriormente hallada sin vida. Ella buscaba a su hijo Fernando Abixahi, quien fue plagiado en octubre de 2019 en la localidad de La Cruz, Elota.
Más recientemente, Esmeralda Gallardo investigaba la desaparición de su hija Betzabé en Puebla. Betzabé se mantenía desaparecida desde el 13 de enero de 2021 junto con su amiga Fabiola Narváez cuando viajaron a la Central de Abasto, en el norte de la capital poblana. El 4 de octubre de 2022, Esmeralda esperaba un autobús en la autopista México-Puebla cuando un grupo de hombres le disparó y ella perdió la vida.
DENUNCIAN AMENAZAS, PERO NO LAS PROTEGEN
Los riesgos que viven las mujeres que buscan a sus hijos e hijas van desde las amenazas hasta su propia desaparición o muerte. Dos madres que integran el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta y Leticia Álvarez, fueron reportadas como desaparecidas en abril del 2023 y octubre de 2021, respectivamente.
Ambas fueron localizadas con vida horas después del reporte de desaparición, aunque Álvarez presentaba múltiples golpes en el cuerpo y tuvo que recibir atención médica urgente.
Flores Armenta ha, en repetidas ocasiones, denunciado amenazas a su persona; en abril del año pasado denunció en sus redes sociales que un grupo de personas forzaron las cerraduras para entrar al refugio de seguridad que le había brindado el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México y la Secretaría de Gobernación (Segob) y aunque había activado el botón de pánico, no obtuvo respuesta de las autoridades hasta media hora después de los hechos.
«Ellas van recogiendo pistas, son investigadoras, llevan sus propias carpetas de investigación y al final, en muchos casos, las buscadoras asesinadas han logrado encontrar o dar con los culpables, con las personas vinculadas al asesinato o desaparición de sus hijos o de sus familiares, entonces reciben amenazas en ese proceso, y finalmente son asesinadas porque no hay mecanismos de protección por parte del Estado», advirtió la académica Ospina.
La impunidad, señaló la investigadora del CIDE, es un factor importante, puesto que únicamente existe un registro de las personas buscadoras asesinadas a partir de su visibilidad, pero se desconoce si podrían haber más casos. De quienes han sido asesinadas, se han denunciado amenazas previas y «todas habían ido a pedir protección a las autoridades locales y en ningún caso recibieron ninguna protección».
«También llama la atención que en muchos casos los asesinatos tienen lugar a plena luz del día, en muchos casos a pocas cuadras, por ejemplo, del Palacio Municipal. Entonces, te da cuenta de la impunidad rampante. Lo otro es que, después de la muerte de la persona buscadora del familiar, también se reportan asesinatos y desapariciones de otros familiares que continúan la búsqueda», remarcó. «El asesinato de familiares de personas desaparecidas es preocupante, y vale la pena llamar la atención sobre todo para exigir mecanismos de protección».
Ya hice todo y no llega ningún elemento policiaco. Esta es la seguridad que tenemos los defensores de DDHH “protegidos”, que mientras muchos fanfarronean con guaruras, carros de lujo y privilegios por parte de @SEGOB_mx @CMecanismo otras estamos más solas que nunca.
— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 22, 2022
El 17 de noviembre de 2022, el entonces Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, expuso el seguimiento de los casos de buscadoras asesinadas como Ana Luisa Garduño Juárez, Gladys Aranza Ramos, Blanca Esmeralda Gallardo, Rosario Lilian Rodríguez y María del Carmen Vázquez.
A ese momento, se seguía buscando al presunto feminicida de la hija de Garduño Juárez, asesinada en 2012, sin que se produjeran detenidos en ninguno de los dos casos; en el caso de Ramos se detuvo a tres individuos, entre ellos el presunto autor material; se aprehendieron a dos presuntos responsables del feminicidio de Gallardo y de su hija, Betzabé, a quien buscaba se detuvo a una persona. Tanto en el caso de Rodríguez Barrera como de Vázquez no se habían encontrado a presuntos culpables y las investigaciones se mantenían abiertas.
Cuestionado días antes sobre el tema en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tras el asesinato de la señora María Carmela Vázquez que se garantizaría que no siguieran ocurriendo estas agresiones «no permitiéndolo, castigando a los responsables y que no haya impunidad».
Asimismo, indicó que se coordinaría con la Subsecretaria de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, para que se busquen mecanismos. «Ya hay muchos que tienen protección, pero si hace falta más, todo lo que sea necesario».
Mónica Meltis, directora de la organización Data Cívica, advirtió que no hay manera de saber con exactitud cuántas de las personas buscadoras integran el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Segob por múltiples razones.
En primera, porque el Mecanismo está creado para personas defensoras de derechos humanos y no todas las personas buscadoras o integrantes de colectivos se nombran a sí mismas defensoras, explicó, sea porque no quieren hacerlo, porque existe una carga connotativa fuerte en nombrarse de esa manera, o por otros motivos. Por otro lado, también porque no están claros, a su parecer, los lineamientos para que el Estado mexicano determine quién es o no una persona defensora.
«No todas las personas buscadoras pueden acceder a ese Mecanismo, pero también es un Mecanismo que tiene muchos retos en términos de realmente proveer una protección e impedir un asesinato», señaló. «Sabemos que, además, en un contexto como en el que estamos es muy complicado no solamente activar el mecanismo, sino activarlo de forma efectiva para prevenir».
Meltis hizo énfasis en que tener mayor información pública –como si la persona estaba realizando labores de búsqueda– sobre el contexto en el cual desaparecen y asesinan a gente en México permitiría hacer un mejor análisis y tener una comprensión más integral de estos acontecimientos a macro escala. «Creo que tendríamos que estar haciendo un esfuerzo mucho más importante, o bueno, se tendría que estar haciendo desde el Gobierno, para poder tener más información sobre este contexto y entonces ir armando mecanismos y sistemas de protección mucho más efectivos que realmente sean de prevención de riesgos».
TAMBIÉN MUEREN EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Uno de los asesinatos más emblemáticos en la búsqueda por la justicia fue el de Marisela Escobedo en diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. La señora Marisela llevaba dos años de buscar a su hija Rubí Marisol, de quien posteriormente se enteró que había sido asesinada en Ciudad Juárez por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza.
Escobedo mantuvo viva la lucha por justicia y contra la impunidad del asesino, pues fue ella quien lo buscó en repetidas ocasiones y presentó las pruebas para que se le sentenciara, pero Barraza fue puesto en libertad tras un primer juicio a pesar de haber confesado al feminicidio de Rubí. Marisela Escobedo fue asesinada en su exigencia al Gobierno a que no dejaran libre al feminicida de su hija.
Miriam Rodríguez igualmente buscó a su hija, Karen Salinas, quien había desaparecido en San Fernando, Tamaulipas, en 2014. Tras dos años de diligencias, la señora encontró los restos de su hija en una fosa común, pero mantuvo la investigación de los perpetradores del crimen.
Igualmente, entregó a las autoridades los datos necesarios para que algunos de los miembros del grupo criminal que señaló por el feminicidio fueran aprehendidos y procesados. Recibió amenazas, pidió protección que no se le otorgó, y el 10 de mayo de 2017 fue asesinada a balazos en su propio hogar.
Ana Luisa Garduño Juárez llevaba 10 años buscando al presunto feminicida de su hija Ana Karen Huicochea cuando fue ultimada a la vuelta del Palacio Municipal de Temixco, Morelos, el 28 de enero de 2022.
Ante la falta de protección y los asesinatos, la investigadora Angélica Ospina consideró que el Estado mexicano ha fallado recurrentemente con las personas buscadoras y defensoras de derechos humanos. «Falla desde el momento mismo en que ocurre la desaparición, falla cuando no se les busca [a las personas] y entonces ellas [sus madres] tienen que salir a buscar, y (…) hacen eso porque el Estado falla en buscar. En varios casos, por ejemplo en Guanajuato, han reportado las autoridades que hay una denuncia anónima que en cierto lugar hay tal cosa, y la autoridad va, busca y dice que no hay nada, y cuando las colectivas van efectivamente encuentran restos humanos».
«No es que los familiares sean caprichosos, como algunos critican, o que desconozcan los riesgos, es que están desesperados por conocer qué pasa con esta persona desaparecida», sumó. «Y finalmente, el Estado falla al no ofrecerles ningún tipo de protección y falla también al no haber justicia por sus muertes».
