Los expertos consideraron que la salida de Omar Gómez, el titular de la Unidad especializada para investigar este caso, «se forzó porque hubo presión frente a su independencia y autonomía» y subrayaron que en el caso «aún hay mucho miedo» entre los posibles testigos.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a colaborar para esclarecer el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014 al mover documentos sensibles sobre el caso e incluso afirmar que no existen, afirmó este viernes el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la presentación de su Quinto Informe.
«El GIEI solicitó en varias ocasiones, tener acceso a toda la información relativa a los Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Al no haber contado con ella, el propio Presidente [Andrés Manuel López Obrador] ha pedido la información. Tanto el GIEI como la justicia han tenido información y prueba de que dichos documentos, cuya existencia se niega, fueron movidos y concentrados en un lugar determinado», destaca el texto presentado por Angélica María Buitrago y Carlos Martín Beristain, integrantes del grupo.
Sin embargo, añadieron, la respuesta de la Sedena «ha sido que dicho traslado no se ha llevado a cabo, que dichos documentos no existen y que se debe denunciar a quienes están informando de ello». «Así mismo se ha conseguido prueba testimonial de que desde el 2014 se llevaban a cabo monitoreos de actividades telefónicas y radiocomunicación, que se enviaban al Centro Militar de Inteligencia a través de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa en donde también intervino el S-2», dice.
«Se afirma vinculación de varios miembros del ejército con Guerreros Unidos. Asimismo es claro que existe prueba documental reciente, del segundo semestre de 2022, en donde Sedena ordena que las respuestas que se den en este caso ⁄se acuerden’ entre diferentes secciones y ‘se otorgue en los términos que se acuerde’», subraya el informe.
Tanto Buitrago como Beristain señalan que «hay resistencia y miedo a la verdad» en el caso.
El informe también señala que en la Sedena «se realizaron investigaciones internas, pero no se han entregado los expedientes ni la investigación completa». «Siete años después de los hechos, mediante la revisión de archivos de Sedena, se encontró que esta se debió a que dos miembros del 27 batallón no habían compartido parte de la información de los lugares donde estuvieron en la noche, pero se desconoce el contenido de dicha investigación», explica.
Muchos de los soldados, sigue el documento, fueron interrogados por la Justicia Penal Militar, algunos de ellos varias veces, y esa información no ha sido proporcionada a la investigación. «El GIEI ha realizado reiteradas peticiones de que se proporcione el contenido de dichos procesos, debido a que ello permitiría conocer su alcance y consecuencias. El solo hecho de que se dieran esas investigaciones muestra que la versión de que ‘no había habido ningún problema’ no se sostiene y es contraria a la realidad», aseveraron.
Informe_GIEI_V_Hechos,_responsabilidades_y_situación_del_caso_AyotzinapaEn el Quinto Informe el GIEI también precisa que las declaraciones de militares del 27 batallón, tanto mandos como miembros de servicios de inteligencia, «han ido cambiando de versión según se han desarrollado las investigaciones». «Ocultaron inicialmente que acudieron a barandillas y, salvo en un caso, también ocultaron que fueron al Palacio Municipal en la noche. A pesar de tener la evidencia de disparos y ataque a los jóvenes, señalan que no salieron del cuartel bajo el argumento que no les correspondía o que tenían información de la policía municipal de que todo estaba correcto, lo cual no es cierto», ahonda.
«Tenían la evidencia de los ataques, la información en tiempo real del C4, controlaban las cámaras y se transmitió en tiempo real el ataque a los responsables de inteligencia del 27 batallón. Inteligencia militar tuvo presencia en los dos lugares de ataques a los estudiantes y no solo en uno como se dijo, y tanto los OBI [Órganos de Búsqueda de Información] como sus responsables mintieron sobre ello o sobre las circunstancias de los hechos en varias ocasiones», completa.
También recordaron que existe evidencia de que «uno de los soldados a través de medios técnicos ve tres camionetas de la policía municipal, en donde en una de ellas (la del medio) viajan personas de civil, la cual no se ha entregado a ningún proceso de la Fiscalía. Lo que evidencia que se ha seguido ocultando información y mintiendo sobre los hechos».
El Ejército tenía varios soldados infiltrados en la Escuela de Ayotzinapa. Uno de ellos era uno de los 43 jóvenes desaparecidos. A pesar de esto, se ocultó este hecho durante años, y después se ha señalado que se encontraba con licencia para estudiar y no estaba activo, pero dicha respuesta no responde a la verdad porque hay documentación de SEDENA que muestra que fue asignado con función de OBI (fachada) dentro de la Escuela y por lo tanto informaba permanentemente de los movimientos de los estudiantes, asambleas y acciones, como otros OBI en la escuela que han seguido existiendo. De todo esto se encontró prueba documental que contiene información precisa de las actividades internas de la Escuela, de la toma de buses, de las actividades previstas para el mes de septiembre de 2014. Igualmente, los OBI se reportaban todos los días para dar cuenta de su situación, como ha reconocido uno de ellos ante UEILCA.
Por otra parte, el Ejército también tenía al menos tres varios soldados infiltrados en la Escuela de Ayotzinapa. «Uno de ellos era uno de los 43 jóvenes desaparecidos. A pesar de esto, se ocultó este hecho durante años, y después se ha señalado que se encontraba con licencia para estudiar y no estaba activo, pero dicha respuesta no responde a la verdad porque hay documentación de Sedena que muestra que fue asignado con función de OBI (fachada) dentro de la Escuela y por lo tanto informaba permanentemente de los movimientos de los estudiantes, asambleas y acciones», recordó.
Además, indica, existe registro en archivos de SEDENA de que un OBI se reportó el día 27 a sus superiores, cuando ya se habían llevado a cabo los hechos y detenciones, y mencionó que no se comunicaría más por seguridad. «A la petición del GIEI de informar sobre esta circunstancia documentada en un FCA suscrito por el general de la Zona Militar 35, la Sedena ha negado tener información sobre la identificación de ese soldado o sobre lo que comunicó a sus superiores, respuesta que para el GIEI y los familiares es inaceptable con las pruebas existentes», afirmaron.
«FORZADA» SALIDA DE OMAR TREJO
Los expertos, que confirmaron que hay un acuerdo para que continúen su trabajo hasta junio, señalaron que la salida de Omar Gómez Trejo, en septiembre de 2022, fue forzada. «Se forzó la salida de Omar Gómez, se forzó porque hubo presión frente a su independencia y autonomía, sale Omar Gómez y la mayoría de su equipo y entra un nuevo Fiscal, que se posiciona en octubre de 2022 a encontrarse con todo este mundo de información», dijeron en conferencia de prensa los integrantes del GIEI.
Además, destacaron que con la salida de Gómez Trejo hubo una «renovación de más del 95 por ciento» de la unidad especial del caso Ayotzinapa, tras las dimisiones y cambios realizados desde entonces, lo que provocó que hubiera una «pérdida de información contextual, del expediente y de conocimiento del caso por parte de quienes tienen que llevar la investigación adelante en la actualidad».
«Hay que tener en cuenta que se está en fase de llevar a cabo capturas, procesos de judicialización y en otros casos de llegar a sentencias, en donde el conocimiento del caso y la experiencia y compromiso de los fiscales es determinante». También, señalaron, hubo una «pérdida de confianza y aproximación a testigos colaboradores que habían tenido un papel clave en el esclarecimiento de aspectos fundamentales del caso y la búsqueda de los desaparecidos».
«Sin la colaboración y protección de estos testigos, hay parte de la investigación que no podría seguir adelante, así como se limita el acercamiento de otros posibles testigos que necesitan protección para poder colaborar. [Por último, también hay] retrasos en la consistencia de consignaciones e imputaciones por causa de la fragmentación de la información», dice el informe.
Por otra parte, el GIEI también enfatizó en su informe que muchos funcionarios o exfuncionarios deben ser todavía llamados a declarar. «Entre ellos cargos y agentes del CISEN, miembros del gobierno de Guerrero, PGJ, Fiscales y MP, policías estatales y ministeriales, además de ex miembros de SEIDO, autoridades militares y de Policía Federal, autoridades de gobernación, entre otros».
«Estas declaraciones señalamos que deberán ser contrastadas con los datos objetivos y lo que se conoce en el conjunto de la investigación, para evitar volver a diligencias poco sustantivas o repetitivas como ha sucedido. Algunas de estas personas clave han huido del país al ser investigadas, habiendo casos de complicidad de quienes siendo responsables no llevaron a cabo las detenciones o proporcionaron protección o información para su huida, incluyendo contactos al parecer en la propia FGR», añadieron, en referencia a Tomás Zerón, que escapó a Israel, que no tiene tratado de extradición con México.
«Se debe evitar que funcionarios que tuvieron una actuación cuestionable en la investigación en 2016-2018 de funcionarios de la PGR autores de la construcción de la llamada ‘Verdad Histórica’, sigan teniendo poder dentro de la Fiscalía como sucede actualmente. Sin la necesaria independencia, imparcialidad y conocimiento del caso, la fiscalía ve y verá limitado su trabajo», señala el Informe.
Precisamente los expertos destacaron que la judicialización del caso de Jesús Murillo Karam, el gran arquitecto de la «Verdad Histórica» ahora desmontada, se encuentra «consolidado», pero hay todavía «mucho miedo», sobre todo a la hora de recoger nuevos testimonios, nuevas declaraciones «de gente que está en el territorio especialmente». «Hay también hay muchos pactos de silencio que están atados por el miedo», dijo Beristain.
La fiscalía corre el riesgo de que se difieran las investigaciones y capturas, y no se llegue a esclarecer el caso a pesar de contar con la información que ya se encuentra disponible y que se retarden o se limiten las acciones de investigación que aún hay que llevar adelante. Por otra parte, la realización de diligencias de investigación, toma de nuevas declaraciones y otras pruebas, debe hacerse utilizando toda la experiencia previa y preparando dichas diligencias con todas las herramientas y conocimiento existente para tener los necesarios elementos de contraste que hagan realmente avanzar la investigación.
