La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México indicó que entre cinco y seis reportes que reciben semanalmente de personas desaparecidas, corresponden a gente que viajaba entre Ciudad de México y territorio mexiquense.
Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– El trayecto entre Estado de México y Ciudad de México es uno que recorren miles de personas diario, quienes reparten sus vidas entre el trabajo, escuela y la vivienda entre los dos estados.
Es esta cercanía entre la capital y zonas conurbadas las que marcan pauta para que individuos que desaparecen en el camino entre fronteras queden en un limbo entre dos fiscalías que se desentienden de sus obligaciones para buscarlos, acusan familiares.
Es el caso de Fernando Mendoza, desapareció en 2016 cuando se trasladaba entre una paletería en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y su hogar en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Fernando tenía en ese momento 49 años, y una discapacidad intelectual que también le dificultaba el habla. Él auxiliaba en una paletería de la colonia Impulsora con la realización de trabajos y mandados, pero al momento de salir hacia su domicilio en la capital del país, su familia no volvió a saber de su paradero.
Al darse cuenta de su ausencia horas después, su hermana Leticia presentó una denuncia por desaparición ante las fiscalías de la Ciudad de México y Estado de México.
«Él era muy risueño, muy amigable», recuerda su pariente a seis años de su desaparición. «Los colectivos me siguen apoyando a buscarlo, pero realmente con las autoridades yo no he tenido respuesta alguna».
Para realizar la búsqueda y dar seguimiento a su caso, Leticia ha tenido que viajar en múltiples ocasiones desde la Alcaldía Gustavo A. Madero hacia el Estado de México, primero a unas oficinas de la Fiscalía mexiquense ubicadas en Nezahualcóyotl, pero posteriormente le indicaron que sólo la podrían atender en Toluca.
Esto dificultó su labor porque dependía de las ganancias que tuviera el negocio de su esposo para tener los recursos económicos de acudir al Estado de México; ella iba aproximadamente una vez al mes a la capital mexiquense durante los primeros años de la desaparición de Fernando, con un costo de 250 pesos por trayecto. «Cuando iba luego no me daban respuesta, solamente me traían con que ya iban a salir los funcionarios a atenderme, me hacían esperar», indicó.
La señora Leticia acusó que la Fiscalía del Estado de México incluso le indicó que había extraviado su carpeta de investigación. Su experiencia con la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco fue grata, indicó, porque a pesar de que le hicieron el análisis de ADN, nunca le entregaron los resultados.
«No hay más ayuda, y por ese lado uno se siente desprotegido», dijo en entrevista. «El último seguimiento que me dieron fue de la Fiscalía del Estado de México en el 2018, y me tuvieron esperando hasta la madrugada y salí hasta las cuatro de la mañana, cuando me dijeron que la carpeta de mi hermano ya no la tenían. ¿Qué hace uno? Ya perdida la carpeta de investigación, y perdido mi hermano…».
«Se le baja a uno el autoestima porque no le dan el valor al dolor que uno carga, porque es un duelo, que no le dan atención. Yo no me siento con ese respaldo de las autoridades», lamentó Leticia. «No hay esa entrega de los gobiernos para los familiares, y es muy duro no saber de ellos».
HAY CINCO DESAPARICIONES INTERESTATALES POR SEMANA
De acuerdo con la Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, Sol Salgado Ambros, entre cinco y seis reportes de desaparición, de un promedio de 100 a 120 que se reciben semanalmente en la institución, son situaciones donde la persona estaba en un trayecto entre la capital del país y un municipio mexiquense.
La funcionaria detalló que alrededor del 80 por ciento de los casos eran de hombres, sobre un 20 por ciento de mujeres; y en su mayoría se trataba de personas jóvenes en un rango de edad entre 17 y 25 años. Aunque una parte de los reportes correspondían a ausencias voluntarias, otro porcentaje de las personas desaparecidas se trataban presuntamente de la comisión de un delito.
«En ocasiones se están encontrando a las personas de manera cruzada: los que eran del Estado de México se encuentran en la Ciudad de México y a la inversa», expuso Salgado. «En el Estado de México, de los municipios que hemos tenido con mayor índice de localización de personas de Ciudad de México son Nezahualcóyotl, Ecatepec, el Valle de Chalco, Chalco, Iztapaluca; y de personas del Estado de México que se han desaparecido aquí y los hemos encontrado en las alcaldías de Iztapalapa, en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Morelos».
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que no hace esta distinción del contexto en el que se produjo la desaparición, indica que desde el 1 de enero del 2000 hasta el 2 de marzo de 2023 se han mantenido como no localizadas siete mil 531 personas en el Estado de México, mientras que la cifra para la Ciudad de México es de cuatro mil 492 personas.
Estas cifras no incluyen los reportes de desaparición sin año de referencia.
En el Estado de México, exceptuando los reportes sin año de referencia, los municipios con mayor número de personas que permanecen desaparecidas son: Ecatepec de Morelos, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez y Chalco. De todos estos, sólo Toluca no es una demarcación que colinde con la Ciudad de México.
También es de remarcar que se trata de varios de los municipios más poblados del Estado de México. En orden, la población mexiquense es mayor en Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan de Juárez, Chimalhuacán, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2020.
Esto también se observa en la Ciudad de México. Las alcaldías con mayor población –Iztapalapa y Gustavo A. Madero, respectivamente– presentan también los números más altos de personas desaparecidas, junto con Cuauhtémoc, que ocupa el tercer lugar, seguido por Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.
La Comisionada de Búsqueda mexiquense consideró que las dinámicas de desaparición que se dan en la entidad obedecen a una lógica regional, más allá de ser una problemática únicamente entre la capital y su vecino colindante, ya que cuando los presuntos perpetradores de la desaparición de una persona está relacionada con cédulas delictivas, buscan las zonas limítrofes de los estados para cometer delitos .
«Creo que más bien tendríamos que hablar de problemáticas regionales porque no veo una diferencia» con que sea una desaparición entre Ciudad de México y Estado de México, señaló. «Obedece a un contexto regional del centro de México; por ejemplo, yo veo que en todas las entidades, las zonas limítrofes favorecen cualquier delito, y en especial el de desaparición, porque la mentalidad del delincuente busca ir al otro lado, pensando que la manera de buscar o investigar va a ser mediante mucho papeleo y eso va a dificultar que se encuentre la persona. (…) Mientras se cruce de frontera a la víctima, es un elemento que favorece al delito».
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Tanto académicos como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México tienen identificado que la operación de la delincuencia organizada –para trata de personas, narcotráfico o tráfico ilegal de otro tipo de recursos como madera– es un factor clave en el análisis del contexto de las personas desaparecidas.
Álvaro Martos, integrante del Observatorio sobre desaparición e impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que se ha podido identificar tres grandes grupos de perpetradores en la desaparición cometida por particulares en el centro del país. El primero está vinculado con los grupos del crimen organizado, ya sea tráfico de drogas, extorsión y tráfico de recursos como madera talada ilegalmente.
El segundo grupo son las personas que a veces actúan de manera individual y otras en grupo, detalló, que son personas conocidas por las víctimas; y finalmente está un tercer grupo vinculado a las redes de trata de personas ya sea con fines de explotación sexual o laboral.
Con respecto al primer grupo, Martos apuntó que en la zona sur de la Ciudad de México existen grupos de crimen organizado relacionada con tala ilegal, los cuales operan principalmente en el Ajusco y parques nacionales en la zona limítrofe con Morelos y el Estado de México.
Esta sospecha es un rumor que corre también en el Parque Dos Aguas, en la comunidad de San Rafael del municipio mexiquense de Tlalmanalco. La localidad está ubicada a unos 30 kilómetros de los límites de la Alcaldía Tláhuac, un recorrido que hizo Gerson García en octubre de 2022 cuando quiso ir a caminar a un lugar que conocía desde su infancia, cuando acampaba en el área natural con los Scouts.
Ahora, su madre María Antonieta Tenorio lo busca: en el Estado de México, en los Servicio Médico Forense (Semefos), en la Ciudad de México, en albergues y en penales. Con acompañamiento de colectivos de desaparecidos, ella ha mantenido la búsqueda por su hijo en los últimos meses.
Tras una revisión inicial de las cámaras del sistema de C5, pudo identificar parte del trayecto que tuvo Gerson cuando salió de la colonia Santa Cecilia en la Alcaldía de Tláhuac, lo que le permitió a María Antonieta ir de puerta en puerta a pedir a los vecinos informes sobre su hijo, hasta que ya no hubo rastro del hombre en los videos, pero de lo que está segura es que llegó al Parque Dos Aguas.
Su experiencia ha sido distinta con las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México. La primera le ha proporcionado apoyo de búsqueda con cédulas de personal, perros rastreadores, ha compartido boletines con la ficha de búsqueda y la ha acompañado al Parque a buscar a Gerson.
En cambio, María Antonieta aseguró que las autoridades capitalinas no le han brindado la misma atención. Acusó que los funcionarios de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas no le han dado actualizaciones de su caso, e incluso en ocasiones les ha reclamado una completa falta de conocimiento sobre los hechos a pesar de que ella levantó una denuncia hace meses.
«Aquí en la Ciudad de México, la verdad es que me dieron carpetazo y nunca me han dado una respuesta. Todo yo se los entregué en las manos, a la fecha nunca me dieron resultados ni siquiera del análisis del ADN», señaló. «Y le robaron a mi hijo dos memorias, y no las han entregado. En la Ciudad no me han dado nada de apoyo (…) me llegaron a hablar diciendo que la carpeta de investigación ya estaba en el Estado de México y ellos ya no iban a hacer nada; y los del Estado son los únicos que me han apoyado».
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL FRACASA
«Desde hace ya mucho rato, desde hace varias administraciones, hemos comprendido que la desaparición en la Zona Metropolitana es totalmente responsabilidad de ambas entidades, porque es verdaderamente difícil pensar que pudiéramos trabajarlo con lejanía o con falta de coordinación sabiendo que aquel lugar es donde la misma calle, sólo por unos metros, puede ser de Ciudad de México o Estado de México. Son límites imaginarios, entonces hemos trabajado de manera muy fluida, abatiendo el tema de los formalismos», dijo la Comisionada Sol Salgado con respecto al trabajo de la institución a su cargo con su homólogo en la Ciudad de México, y las fiscalías de ambos estados.
Pero esta informalidad en la cooperación interinstitucional, indicó el académico Álvaro Martos, también puede dar pie a que los mecanismos para trabajar y compartir información dependan de los trabajadores que estén en ese momento de la administración, y no obedezcan a un protocolo ya establecido que se debe de acatar independientemente de los funcionarios en turno.
«El caso de esta joven que desapareció en Indios Verdes, en la Ciudad de México, y luego fue localizada en el Estado de México, desnudó las dificultades o o las diferencias de criterios que hay cuando una persona desaparece en este tipo de territorios que están atravesados por fronteras políticas», explicó.
«Una desaparición producida en la frontera de dos entidades hace que las autoridades deban hacer un esfuerzo adicional del que ya tienen que hacer para coordinarse, y la coordinación interestatal entre las autoridades que están relacionadas a la búsqueda de personas y desaparecidas en México apenas se está desarrollando y diríamos que en general es deficiente», recalcó.
En muchos de los casos, resaltó Martos, son las familias quienes tienen que impulsar procesos de búsqueda y lograr que las comisiones y fiscalías participen y brinden el apoyo después de exigirles que busquen a sus seres queridos en las fronteras estatales.
A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece los mecanismos de coordinación institucional, Martos indicó que en la práctica no hay normativas ni protocolos aplicados, por lo que los funcionarios tienen que desarrollar sus propios mecanismos informales de comunicación directa.
Pero esta cooperación termina dependiendo de la capacidad de los funcionarios para subsanar la falta de canales institucionales y las relaciones personales que se tejen entre trabajadores del Estado, que no necesariamente se mantienen al cambiar la plantilla laboral.
«Eso obviamente en un largo plazo deja en una posición muy débil a estos mecanismos informales, porque si las personas se van se pierden esas cadenas de comunicación, se pierden esos contactos y se pierden esos mecanismos informales de coordinación interinstitucional».
Martos expuso otro de los factores que juegan un papel en las capacidades de las fiscalías y comisiones de búsqueda: el presupuesto, la autonomía y los recursos con los que cuentan. Para el 2023, el Gobierno de la Ciudad de México designó 22 millones 843 mil 582 pesos en presupuesto. En cambio, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) obtuvo 83 millones 991 mil 149 pesos para su ejercicio fiscal de este año.
«Depende de los recursos que tienen en el sentido de que aquellas comisiones de búsqueda que tienen más personal, que tienen más peso político en el entramado institucional y que tienen mayores capacidades de búsqueda y de investigación, son las que por lo general tienen mayores capacidades de coordinación y ahí, por ejemplo, la Comisión de búsqueda del Estado de México es una de las comisiones que a nivel nacional más recursos humanos tiene», remarcó. «Es disparejo el suelo en el sentido de que en el Estado de México está más desarrollado el tema, pero en la comisión de búsqueda de la Ciudad de México todavía falta mucho trabajo por hacer».
Una de las estrategias que ha implementado la Cobupem es la creación de cédulas que trabajan con las autoridades municipales, particularmente en zonas limítrofes con otros estados –incluyendo Guerrero, Michoacán y Ciudad de México–, para buscar a personas. Se conforman por agrupaciones de policías especializados en desaparición que conocen mecanismos como la Alerta Amber, el Protocolo Alba y el Protocolo Homologado de Búsqueda.
El investigador destacó que estas cédulas son unas de las experiencias «más positivas» a nivel nacional, porque en muchos estados hay poca coordinación con las autoridades municipales para la búsqueda de personas, además de que históricamente han habido casos donde son estas policías y gobernadores locales quienes están detrás de las sustracciones.
«Muchas veces las desapariciones han estado vinculadas al cuerpo de seguridad en los municipios, entonces obviamente las familias, las comisiones de búsqueda y las fiscalías no querían que los probables perpetradores participaran en la búsqueda porque podían agravar la desaparición a través del acceso a información reservada, el ocultamiento por estar en terreno, etcétera».
En otro aspecto, debido a la formación histórica que tuvieron las fiscalías, generalmente trabajan de manera autónoma «en el peor de los sentidos (…) o en un sentido equivocado cuando autonomía se entiende como aislamiento, y parece que las fiscalías muchas veces toman esta posición de no coordinarse, no colaborar y no cooperar haciendo uso de esta idea de la autonomía».
En el caso de la Ciudad de México, profundizó el académico de la UNAM, ha habido una apuesta a que sea la Fiscalía General de Justicia quien realice las labores relacionadas con la desaparición en vez de la comisión local de búsqueda.
«Si tú ves a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, hablando sobre el tema de los desaparecidos, las pocas veces que lo hace lo hace de mano de la Fiscal General Ernestina Godoy. Rara vez, o yo no tengo registro, al menos, de un acto, una presencia pública o una comunicación donde la mandataria respalde y reconozca el trabajo de las comisiones de búsqueda, y eso te habla de que la apuesta institucional está con la Fiscalía», concluyó. «Esto no tiene que ver tanto con una falta de voluntad política, aunque en parte sí, pero habla más bien de una orientación de la voluntad política».
