Dos de cada tres personas de entre 0 y 17 años que desaparecieron en México en el 2022 eran mujeres, que según investigadores son principalmente víctimas de secuestro o engaños para ser explotadas sexualmente por bandas criminales en el país.
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Las desapariciones de dos niñas y una adolescente —todas ellas localizadas con vida— ocurridas con días de diferencia en el norte de la Ciudad de México generaron una fuerte movilización ciudadana y al mismo tiempo exhibieron una problemática que afecta a las infancias. Las cifras oficiales muestran que los casos de niñas, niños y adolescentes sumaron cinco mil 806 en el 2022; es decir 16 reportes diarias.
Las mismas cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que este delito toca en su mayoría a mujeres, pues dos de cada tres personas menores de 18 años reportadas como no localizadas en México durante el año anterior eran niñas y adolescentes mujeres, con un total de tres mil 751.
La investigadora Javiera Donoso Jiménez, que ha estudiado esta incidencia, ha identificado que en este grupo de edad es común que los menores de edad sean reclutados por grupos criminales para desempeñar distintas actividades. Mientras que los hombres principalmente realizan labores de venta y distribución de narcóticos o trabajo forzado, las mujeres son integradas como parejas sentimentales de los miembros de cárteles o destinadas a la explotación sexual.
«Los varones entran a trabajar al grupo criminal; las mujeres, en cambio, cumplen otro rol: son compañeras sentimentales de ellos, y cuando ella ya no quiere mantener una relación de noviazgo con estos muchachos, o se dan cuenta de en lo que están metidas y quieren salir, entonces son víctimas de feminicidio», indicó la doctora en Ciencias Sociales. «La otra cuestión es que también las niñas de esta edad son mucho más propensas a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, (…) lo que nos hemos dado cuenta es que son principalmente niñas entre 10, 12, 13 años, hasta más o menos los 15, y ellas desaparecen».
Donoso Jiménez detalló que en muchas ocasiones, las niñas son reportadas en mayor porcentaje como desaparecidas porque entran en redes de trata con fines de explotación sexual, para el desempeño de actividades legales y criminales, o son víctimas de feminicidio; mientras que niños y adolescentes hombres operan dentro de las redes de trata pero tienen la posibilidad de regresar periódicamente a sus casas, por lo que sus familiares no consideran necesario levantar una denuncia por desaparición.
En los casos de las dos niñas desaparecidas en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la capital del país y la joven de 16 años sustraída en el paradero de la estación del metro Indios Verdes, hubo una rápida respuesta y movilización social de familiares, colectivos, amistades y la sociedad civil en general para exigir que las autoridades realizaran las diligencias de búsqueda de manera exhaustiva, pronta y eficaz. Esta presión social ejercida, indicó la académica, es clave para el hallazgo de personas desaparecidas.
«La presión social es la que los obliga [a las fiscalías y policías] a hacer su trabajo; como que los evidencia en su incompetencia y eso los obliga a salir a hacer su búsqueda, y las encuentran», expresó la coautora del informe Desaparición de mujeres adolescentes, niñas y niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Comisión Nacional de Búsqueda con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El documento, que hace un análisis de caso para la entidad, concluyó que hay «dos grandes explicaciones causales asociadas a la desaparición de mujeres, adolescentes, niñas y niños en el Estado de México; la trata y la violencia de género».
La investigadora remarcó que las primeras horas después de la desaparición son clave en posibles casos de trata porque cuando las jóvenes y niñas son sustraídas, primero son llevadas por los grupos criminales a casas de seguridad ubicadas en puntos estratégicos cerca al sitio de rapto, para esconderlas y esperar a que baje la atención pública, policial y mediática de la persona desaparecida; antes de trasladarlas a otros estados o incluso otros países.
«Generalmente tienen casas de seguridad muy cerca de donde las secuestran, muy estratégicas, que son las que les permiten conectar con las otras redes», profundizó. «Entonces el poder visualizar las cámaras inmediatamente, el poder analizar el territorio, decir: ‘Ok, aquí está la cámara, aquí se llevaron a las chicas, este vehículo hizo este recorrido, tenemos este mapa en este sector, tenemos tantas casas que podrían ser, vamos a hacer un cateo’ tiene mucho que ver con un análisis territorial».
Cuando la joven de 16 años que fue raptada del paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México fue resguardada por la Policía de Nezahualcóyotl, donde fue localizada en el Estado de México, dijo a la corporación que “había más niñas” en el lugar donde se fue privada de su libertad.
“Lo que ella dice es que era una habitación en donde sí había más personas, más niñas y mujeres” y en el vehículo donde la trasladaron, declaró a medios Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal.
Donoso Jiménez remarcó la necesidad de que las autoridades no solamente tengan identificados estos modus operandi y las ubicaciones donde se estén presuntamente realizando estos ilícitos, sino que tomen acciones para desmantelarlas. «Si tú desmantelas una red de trata, estás salvando muchas vidas».
LA TERCERA PARTE NO REGRESA A CASA
Del universo de niñas y adolescentes mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el 2022, mil 353 (36 por ciento) siguen sin regresar a casa.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar de mujeres menores de 18 años (253) y de niños, niñas y adolescentes (390) que permanecen desaparecidos; seguida por el Estado de México con 188 niñas y adolescentes mujeres no localizadas y un total de 317 menores sin ser encontrados; y Morelos con 180 y 269 casos, respectivamente, según las mismas cifras oficiales.
El Gobierno federal ha declarado Alerta de Violencia de Género con Modalidad por Desaparición en dos entidades: Estado de México (2019) y Veracruz (2021); mientras que en Guanajuato, Puebla y en Nayarit se solicitó su declaración y está actualmente en análisis.
Nadia Guadalupe lleva cinco años y tres meses sin regresar a su casa en Puebla, donde fue vista por última vez al subir en la mañana a una unidad de transporte público el 27 de octubre de 2017 rumbo al bachiller. Cuando su madre, Victoria Rosales Camacho, se dio cuenta alrededor de las tres de la tarde que su hija no había llegado a casa, empezó a contactar a amistades de la joven de 17 años, a la escuela y hasta al checador de la ruta para intentar averiguar qué pasó.
Nadia nunca llegó siquiera a la escuela.
Desde ese día por la noche, la señora Victoria y su familia han emprendido un largo trabajo de búsqueda, primero contactando con la Fiscalía estatal para denunciar los hechos, donde le indicaron –que ahora sabe es falso– que necesitaba esperar 72 horas para que se iniciaran las diligencias, y no activaron la Alerta Amber.
Decepcionados con la respuesta de las autoridades, Victoria, su esposo y segunda hija empezaron realizar la búsqueda por su cuenta y con sus propios medios, yendo a volantear en las zonas donde podía encontrarse Nadia y preguntando por la joven. En ocasiones, le mencionaban que la habían visto en zonas aledañas, pero para cuando juntaban los recursos para acudir, ya no había rastro de la adolescente.
La familia sospechó que Nadia había sido raptada para ser incorporada a una red de trata, considerando también la cercanía de Puebla con Tlaxcala, un estado reconocido a nivel internacional por la explotación sexual de mujeres; pero la licenciada que llevó su caso negó esa posibilidad sin dar más explicaciones.
«El trato de la Fiscalía [de Puebla] para que busquen a mi hija, no lo he tenido; el trabajo lo hemos hecho nosotros», dijo la señora Vicky en entrevista para SinEmbargo. «Hay jovencitas que llevan más de 10 años desaparecidas y nunca las han encontrado y la Fiscalía no da resultados».
Ella y su esposo han recorrido Puebla, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, partes de Tlaxcala y hasta fosas clandestinas en Veracruz en la búsqueda de su hija. Aunque fueron a las fosas clandestinas, apuntó, lo hizo más por acompañar a otras familias en su trabajo y para aprender de la experiencia, pues ella está segura que Nadia está viva y en las calles.
«De todos modos va uno, aprende uno y de todos modos se encuentra a otras personas que están desaparecidas. Yo sé que le da alivio a otra gente y es como si fuera yo encontrando partes de mi niña [en cada hallazgo]», expresó.
Desde el 2017, la carpeta de investigación de Nadia ha pasado por cuatro encargados en la Fiscalía poblana pero con pocos avances, y Virginia hasta solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) apoyar en las diligencias, donde –contrario a las autoridades locales– le aseguraron que el caso tenía un perfil de probable trata con fines de explotación sexual. Fue hasta que se contactó con la agencia federal que se logró una coordinación de su caso para que se investigara a nivel nacional y no sólo local.
En su experiencia de estos cinco años, ni la Fiscalía ni la Comisión Estatal de Búsqueda han sido eficientes para atender los casos de desaparición suyos. En cambio, ha encontrado gran fuerza en su colectivo, Voz de los Desaparecidos Puebla, y los familiares que salen al campo con palas y fotos de sus seres queridos.
Como parte del colectivo, Virginia, su esposo y los demás integrantes del grupo civil se acompañan y aconsejan a otros cuando se acercan con un caso de desaparición. «Yo al colectivo no lo siento como unas personas que me acompañan, sino que yo me siento como si estuviera yo en familia», compartió. «Es muy importante porque siento que no ando buscando sola y yo sé que todos los del colectivo adoptan a todos los desaparecidos. Aprendes a adoptarlos y aprendes a pelear no nada más por la voz de tu hija que no está, sino que aprendes a pelear por todos».
Así como Nadia, desde que hay registro a partir de 1964, la CNB reconoce un total de 10 mil 217 mujeres de entre 0 y 17 años que se mantienen como desaparecidas o no localizadas. El acumulado para los 58 años de estudio indica que el Estado de México concentra el mayor número de casos sin localización, con dos mil 589 niñas y adolescentes mujeres aún desaparecidas; seguido por Tamaulipas con mil 776, Ciudad de México con mil 306, y Nuevo León con mil 159.
Cuando se considera el universo total de personas menores de 18 años desaparecidas, no localizadas y localizadas durante el año pasado, el Estado de México lidera el número de reportes por desaparición al registrar 995 casos; seguido de Nuevo León con 936 y Veracruz con 523.
«HAY HERRAMIENTAS, PERO NO VOLUNTAD»
Como el caso de Nadia Guadalupe ilustró, la doctora Javiera Donoso Jiménez consideró que las herramientas en términos de leyes, protocolos y estructuras al interior de las instituciones que existen en México para la búsqueda de desaparecidos son adecuadas y atienden la problemática de la mejor manera –considerando que fueron hechas con la participación de investigadores y colectivos locales de búsqueda–, pero falta que los trabajadores gubernamentales tengan la voluntad de realizar las diligencias.
«En realidad tienen todas las herramientas para poder buscar en la Fiscalías, pero también la cuestión es que hay una situación de voluntad de las personas que trabajan en las instituciones», resaltó.
«Tenemos comisiones de búsqueda, como la de Puebla, que no encuentra nadie porque no busca a nadie. Por otro lado, tenemos las fiscalías, pero la Fiscalía no busca. La Fiscalía dice, ‘Mi labor es investigar y no buscar, entonces ese no es mi problema; que busquen los familiares y después que encuentren algo yo empiezo a investigar’, o cuando la comisión de búsqueda encuentra, ellos empiezan a investigar. Entonces hay un problema serio en términos de la operacionalización de todos los protocolos porque las instituciones chocan, y ciertamente hay instituciones que no hacen su trabajo».
Algunos de los obstáculos que mencionó Donoso Jiménez para que las instituciones sean eficientes en la búsqueda de desaparecidos es la falta de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda tanto a nivel local, regional y nacional; la burocracia para liberar recursos y permisos para realizar diligencias; los prejuicios –particularmente en los casos de mujeres– sobre «irse con el novio» o «salir de fiesta»; y hasta la corrupción debido al involucramiento de funcionarios con grupos criminales que lleva a la omisión de seguimiento de casos o a la no desarticulación de redes de trata.
«No hay seguimiento porque las fiscalías están sobrepasadas con la cantidad de casos que hay. Además no solamente eso, sino que cuando tienen la posibilidad de investigar, muchas veces la presión de los grupos criminales y de las autoridades –de los superiores que les dicen ‘Ya no le muevas ahí, déjalo’– porque saben lo que hay detrás, precisamente redes poderosas de trata o de grupos criminales que se dedican a desaparecer mujeres, los obligan a no hacer su trabajo».
«Las instituciones como las fiscalías están sumamente infiltradas, y esa infiltración implica que no pueden hacer su trabajo, porque sino eso significa que le van a pisar los talones, o van a denunciar, a sus socios. Sea por corrupción o sea por amenazas, sea por lo que sea, pero estas instituciones no hacen su trabajo porque están comprometidas con estos grupos criminales», concluyó Donoso Jiménez.
EL FRACASO DE LA ALERTA AMBER
Otra de las herramientas que se han desarrollado a nivel nacional es la Alerta Amber, que fue puesta en funcionamiento en el 2012 para «coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional».
Sin embargo, en la práctica este mecanismo no siempre es puesto en acción por las fiscalías estatales, puesto que está a la merced de la discrecionalidad de las autoridades, expuso Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia.
«La Alerta Amber sí es un mecanismo para para encontrar oportunamente a las niñas, niños, adolescentes, como está diseñada en su origen en los Estados Unidos. Es un mecanismo de alertas regional y que articula la acción de las autoridades, las televisoras, radiodifusoras y terminales de autobuses, aeropuertos y se emite de manera inmediata», explicó. «Pero no se está aplicando como en los Estados Unidos, entonces es totalmente discrecional dependiendo el funcionario público que esté en la Fiscalía de la entidad federativa… Es una simulación y es un fracaso».
Rescató, sin embargo, el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes que se aprobó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 2021, pues consideró que este es más efectivo en la realización de diligencias y toma más en consideración un análisis de contexto que permita conocer las condiciones en las cuales se produjo la desaparición de un menor de edad.
Este análisis, profundizó, permite una identificación de patrones de desapariciones para que las comisiones estatales de búsqueda puedan anticiparse a dónde hacer trabajos de campo y dónde preguntar por el paradero de una persona.
El coordinador de la red de organizaciones defensoras de derechos de infancias recordó que las desapariciones de niños, niñas y adolescentes tienen el factor diferenciado que a edades tempranas –desde bebés a niños pequeños– están relacionadas con adopciones ilegales, mientras que los adolescentes son plagiados o desaparecidos para incorporarlos a redes de grupos criminales que operan regionalmente.
Las cifras de la CNB para el 2022 y de manera general desde 1964 demuestran que los adolescentes, tanto mujeres como hombres, de entre 12 y 17 años de edad son las principales víctimas de desaparición.
Estos actos, independiente de la edad, afectan el desarrollo de los menores de edad no sólo en términos de la privación de su libertad, sino también tiene un impacto en otros derechos particulares a niños, niñas y adolescentes.
«Tenemos que recordar que la desaparición es un crimen continuo: cuando un niño, una niña, por su edad están sin la familia o en una institución, están en riesgo. Es decir, pierden la escuela, pierden su derecho a vivir en familia y puede ser víctima de muchas formas de violencia, o incluso la muerte», advirtió Pérez García.
LAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA
A través de su experiencia en trabajo de campo y acompañamiento a casos de desaparición, los entrevistados coincidieron en un conjunto de acciones que pueden ayudar en la prevención de la desaparición de un familiar –especialmente de niñas, niños y adolescentes–, y en la búsqueda en caso de que ya se hayan producido los hechos.
En un país con 110 mil 248 personas que permanecen desaparecidas, el coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia invitó a la no criminalización de los desaparecidos pues, lamentó, «cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de este crimen».
Juan Martín Pérez García propuso la creación de un protocolo de seguridad dentro de la familia que contemple los siguientes elementos:
-Información actualizada de todos los integrantes de la familia, incluyendo rasgos físicos, medidas, lugares que se frecuentan, círculo de personas cercanas y fotografías
-Números telefónicos de amistades cercanas y frecuentadas por las personas
-Horarios de actividades, transportes y rutas utilizados habitualmente
-Fijar roles en caso de una desaparición con respecto a quién contactará a la fiscalía, a colectivos y comisiones de búsqueda
-Uso de chats familiares y aplicaciones para compartir geolocalización en tiempo real
-Establecer tiempos máximos de respuesta en caso de quedarse sin señal o batería en el celular, y que cada individuo cumpla con la responsabilidad de notificar a sus familiares lo antes posible sobre su situación
Por su parte, la académica Javiera Donoso Jiménez recordó la importancia de difundir información en la sociedad, a través de las escuelas y con los padres de familia, sobre el uso de redes sociales y sus riesgos, pues en su investigación ha identificado que las jóvenes frecuentemente son contactadas por miembros de grupos criminales a través de aplicaciones como Instagram, Facebook o TikTok.
