A mediados de diciembre del recién extinto 2022 se estrenó el documental A plena luz: el caso Narvarte, el cual revisa de manera crítica los cinco asesinatos de personas ocurridos en dicha colonia de la Ciudad de México. Sin embargo, al menos parte de esas muertes tienen más que ver con Veracruz que con la capital del país, debido a que, entre ellas, se encuentran la del fotoperiodista Rubén Espinosa y la de la activista Nadie Vera, críticos del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El filme profundiza en el hostigamiento del régimen veracruzano contra Rubén y Nadia y sugiere una línea de responsabilidad de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Duarte por sus asesinatos. El documental, entre otros elementos, ha puesto luz nuevamente en las violaciones de derechos humanos de Duarte y Zurita, también apodado “Capitán Tormenta”. Esta pieza de cine ayuda a la memoria a rescatar y profundizar sobre el papel Zurita, y el aparato a su cargo, en este obscuro episodio de aquella entidad.

En 2011, correspondió a este obscuro “Capitán”, de quien se dice disfrutaba su apodo, tomar las riendas de SSP de Veracruz. Hay diversos testimonios que mencionan la una cruzada contra Los Zetas como una de sus principales tareas, la cual también ha trascendido, asumía casi como personal. El secretario fue reorganizando la policía y creando distintos grupos. Nombró al general Domito Roberto García Reyes, como director de Operaciones de la SSP. El general fue encargado de la seguridad de Luis Donaldo Colosio en el atentado que acabó con su vida en Lomas Taurinas. Uno de los grupos de mayor confianza del funcionario fue el grupo de élite “Los Fieles”, heredado de la administración de Fidel Herrera. A ese grupo se le institucionalizó, denominándolo Grupo Jaguar, al mando de Rafael González Meza, “El Teniente”. También se creó el Grupo Tajín para, según sus objetivos, ayudar a la población civil en casos de desastres. Finalmente, en 2014 se creó la Fuerza Civil para tratar de cumplir con los requisitos impuestos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe señalar que el inicio del duartismo coincidió con dos procesos del crimen organizado a nivel nacional, que repercutirían en Veracruz: 1. el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS) se separaron; cayeron los Caballeros Templarios en Michoacán, lo que fortaleció al CJNG; 2. Inició un proceso de fragmentación de los Zetas por diversos motivos. En este contexto, se llevaría a cabo pacto entre el Gobierno de Veracruz y el CJNG para combatir y desplazar a los Zetas. Ya que por lo menos en dos momentos la acción u omisión de las autoridades favoreció la consolidación del CJNG. En 2011, cuando los Mata Zetas enfrentaron a Los Zetas hubo una tolerancia oficial para golpear a estos últimos, que se habían convertido en un grupo extremadamente violento. Por otro lado, el 4 de octubre de 2011, el gobierno estatal y el federal, iniciaron el Operativo Conjunto Veracruz Seguro II, con el envío de efectivos militares y federales, incluidas fuerzas especiales, que se integraron en apoyo a los policías estatales y municipales en activo, para tratar de desarticular a los Cárteles Golfo y Los Zetas. Es decir, a fines de 2011 e inicios del 2012 inició un embate contra los Zetas por parte de las autoridades y ahora en alianza con el CJNG; lo cual supone un proceso de control de territorios por esta dupla e incremento de la violencia en su camino.

La SSP de Zurita encabezó los señalamientos de desaparición forzada durante el sexenio de Javier Duarte. Al parecer, el vínculo operativo entre los policías estatales y el CJNG se denominaba “Los Estuches”. Presuntamente, el Grupo Fuerza de Reacción y la subdirección de Operaciones, ambos de la SSP, fueron clave en la identificación, localización y detención de sujetos ligados a Los Zetas para su interrogatorio mediante torturas en instalaciones de la Policía o en penales del estado.

Bermúdez Zurita renunció al cargo en agosto de 2016 y dejó en su lugar a Nabor Nava Holguín, quien, un año después, ya en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue detenido por desvío de recursos, del que fue exonerado, y después por desaparición. Nava Olguín continúa prófugo. En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ejecutó el operativo denominado “Tiro de Gracia” que permitió cumplimentar 19 órdenes de aprehensión en contra de ex mandos de la SSP durante el gobierno de Javier Duarte, entre ellos el titular Bermúdez Zurita y José Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Readaptación Social, por su presunta implicación en un esquema organizado a través del cual se cometieron desapariciones forzadas mediante el uso de “fuerzas especiales” en 2013. Sin embargo, en diciembre de 2018, Zurita dejó el penal para seguir su proceso en libertad. Ese mismo año, aprehendieron a Rafael González Meza, director de la Fuerza Civil, José López Cervantes (ya en libertad), “El Comandante Black”, Gilberto Aguirre Garza, extitular de Servicios Periciales; a Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada regional de la Policía Ministerial; y a María del Rosario Zamora González, exdirectora de Investigación Ministerial, todos de la FGE. Posteriormente, se detuvo a Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal de Veracruz. A estos funcionarios de la FGE se les investiga por la desaparición de cadáveres del caso “La Barranca”.

En este contexto, durante el período de Javier Duarte hubo un aumento de personas desaparecidas y hallazgos de fosas clandestinas. En 2010 se identificó una fosa; en 2011 aumentó a 31; en 2012, 37; en 2013, 26; en 2014, 48; en 2015, 39; y sólo en 2016 disminuyeron a 9. Sin embargo, en 2017 el número casi se duplicó por el descubrimiento del entierro masivo de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Es la mega fosa clandestina más grande de América: 154 fosas (y continúa la búsqueda), al menos 295 cráneos y más de 15 mil fragmentos óseos. Por otro lado, hasta 2014, se tipificó el delito de desaparición forzada, por lo que de 2011 al 2013 no hay registro de este tipo de delito en Veracruz. No obstante, en 2014, según una investigación, la entonces PGR había atraído 52 casos de desaparición forzada en Veracruz. En 2015 se reportaron 16 casos y en 2016, seis.

Como lo bosqueja “A plena luz: el caso Narvarte”, es difícil pensar que los tentáculos del aparato de Zurita no estén vinculados con las muertes de Nadia Vera y Rubén Espinosa, quien tomó la foto de Duarte que se convirtió en célebre portada de la revista Proceso, la cual fue “desaparecida” de los quioscos en Veracruz el día de su publicación. En ese estado queda mucha verdad y justicia por encontrarse, deudas en que todo el que pueda debe colaborar.

Erik Del Ángel Landeros

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Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y candidato a doctor en Historia por la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Texas y con el Diplomado Líderes Progresistas por la Fundación Friedrich Ebert. Se ha desempeñado en el sector público y académico. Actualmente es profesor en la carrera de Relaciones Internacionales y Coordinador Ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la SRE.

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