Trabajadores del campo mexicano y sus familiares han presentado diversos malestares físicos tras una exposición crónica a insecticidas, herbicidas o fungicidas altamente tóxicos, cuya regulación está actualmente bajo debate en el Senado.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Jornaleros agrícolas, quienes asperjan plaguicidas tóxicos en los cultivos, presentan llagas en los pies, salpullido, malformaciones, conjuntivitis, diarrea, intoxicación o hasta tumores, malestares que también se han observado en los familiares con los que conviven incluidos sus hijos, de acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros.
La Secretaría de Salud no ha publicado algún estudio que demuestre la relación entre la exposición crónica a los plaguicidas y las secuelas en trabajadores del campo. Pero existe diversa evidencia científica sobre los efectos a la salud humana como cáncer, daños al cerebro, al sistema nervioso y al hígado, defectos de nacimiento, esterilidad, abortos espontáneos, alteraciones hormonales y afectación del sistema inmunológico, entre ella, la citada en el informe de la Red de Acción sobre Plaguicidas (RAPAM, 2017) y la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, en el Senado un grupo de legisladores de Morena prepara un dictamen con iniciativas que legislan el uso de plaguicidas altamente tóxicos que incluyen, tanto la postura científica de retirarlos de inmediato, como la de la agroindustria que pide no prohibirlos sino dosificarlos, por lo que organizaciones han señalado un claro cabildeo contra la salud.
Al respecto, esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún no está resuelto lo del herbicida glifosato que prohibió gradualmente en un decreto de 2019. «Hemos limitado el uso, pero no lo podemos cancelar de manera tajante porque necesitamos una alternativa», dijo en Palacio Nacional. «En eso estamos, pero en todo caso –pese a las presiones de empresas extranjeras– se pone por delante la salud».
Este miércoles, el Senador Monreal abundó en que esperarán la postura de la Secretaría de Economía y Gobernación sobre los efectos que pudiera provocar esta reforma para continuar con el dictamen. «Hay una campaña sistemática en mi contra, no tengo nada qué ver con eso. Yo no estoy parando esta reforma de glifosato, es el propio Gobierno el que solicitó esperar», aseveró a la prensa, luego de que suscribiera una primera iniciativa.
La industria de plaguicidas químicos en México se concentra en la Unión Mexicana de Fabricantes de Agroquímicos (UMFFAAC) y Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), que agrupa a las trasnacionales Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow-Dupont y BASF. Ambos son asociados del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que abiertamente ha pedido al Presidente López Obrador y al Congreso no prohibir el uso de plaguicidas para no poner en «riesgo» la producción nacional de alimentos.
En México están autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos en los distintos usos (agrícola, doméstico, jardinería, industrial). Considerando su peligrosidad para la salud humana, 63 ingredientes activos tienen una toxicidad aguda alta; 43 son probables causantes de cáncer en humanos y 35 son considerados como perturbadores endocrinos, documentó la Red de Acción sobre Plaguicidas. Entre ellos, 140 ingredientes activos no están autorizados en otros países.
JORNALEROS SIN PROTECCIÓN
La Secretaría del Trabajo está regulando la subcontratación incluyendo el sector agrícola, pero aún gran parte de los trabajadores del campo, entre ellos menores de edad, no tienen seguridad social y deben recurrir a médicos y farmacias privadas cuando presentan síntomas tras una larga exposición a insecticidas, fungicidas o herbicidas.
«No sólo se enferman los jornaleros por estar directamente vinculados a los productos a veces sin equipo especial (como mascarillas, solo cubrebocas o paleacates), también son efectos que recienten sus familias cuando están en el albergue por el contacto con la ropa o los utensilios de cocina, o también al amamantar», dijo Margarita Nemecio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública e integrante de la Red Nacional de Jornaleros.
En representación de los que trabajan con frutas y verduras intoxicados, requirió: «Los plaguicidas peligrosos necesitan regularse porque los efectos no solo son en los trabajadores agrícolas, también en el resto de la población que consume estos productos rociados. No es sólo ver si habrá impacto en la producción, sino también en el ambiente, en las personas que estamos alrededor y los consumidores».
El informe de la Red de Acción sobre Plaguicidas plantea que la incorporación de niños y niñas al trabajo agrícola en lugares como Sinaloa es un empleo ilegal tolerado debido a que incrementa la ganancia económica de las empresas.
Se trata en su mayoría de hijos e hijas de campesinos que se desempeñan en actividades agronómicas como el corte de hortaliza, amarre y desbrote de mata, apunte de personal, riego, así como también participan en las labores dentro de los invernadero donde siembran, trasplantan, cortan, desbrotan. También los incluyen en el trabajo de empaque como selección, armado de cajas y etiquetado.
Margarita Nemecio, quien hace recorridos en diversos campos en el país, explicó que los rociadores son capacitados para preparar la mezcla de plaguicidas y asperjarla en los surcos a través de las mangueras de la maquinaria, tanque o avioneta en horarios o hectáreas donde no está el resto de los jornaleros. Pero la gran mayoría no trae mascarilla especial y las gotas se dispersan en el aire posterior a la aspersión.
«Cuando se corta el producto unas 24 horas después, he visto que está impregnado en la hoja y tierra, se ve una capita blanca y no es el rocío de la mañana. Si eso lo tienen en contacto con la mano toda una jornada, al final la piel la absorbe», planteó.
En estas condiciones, compartió, un bebé de un año que gateaba se intoxicó en Sinaloa, el granero del país, por beber parte del contenido de un garrafón con agroquímicos que alguien no retiró del área; una mujer de la Montaña de Guerrero presentó un tumor tras años de ser jornalera sin que aún tenga los 40 mil pesos para operarse; o un joven chiapaneco falleció en Michoacán luego de comenzar a trabajar en un rancho sin equipo especial.
Sobre éste último caso, abundó Nemecio, en un primer reporte el médico dijo que se debía a un grado de intoxicación por los productos manejados, pero luego no sostuvo el diagnóstico y lo atribuyó a la COVID-19, por lo que la familia denunció al IMSS por negligencia médica.
«Es un gran vacío que no haya un estudio de la Secretaría de Salud que dé claridad sobre los efectos nocivos», consideró la integrante de la Red Nacional de Jornaleros.
Y aunque existe la NOM-030-STPS-2009 de la Secretaría del Trabajo respecto a servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, «las inspecciones no se hacen cuando están rociando ni dan un seguimiento para ver si hay efectos nocivos en la población».
