«¿Qué cuentas pueden dar a las más de miles de familias que tienen personas desaparecidas?» cuestionan organizaciones a las autoridades estatales, luego de conocer el subejercicio de 31.7 millones de pesos de la Comisión Estatal de Búsqueda. «Es una irresponsabilidad tremenda».
Ciudad Juárez, 4 de noviembre (La Verdad).– A pesar de las miles de personas desaparecidas en el estado, el Gobierno de Chihuahua no utilizó los recursos que tenía destinados para encontrarles.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación arrojó que la entidad regresó el 90 por ciento del dinero que se había presupuestado a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), con lo que dejaron de realizarse actividades para buscar personas o esclarecer desapariciones.
Por vía de subsidios federales, en 2021 Chihuahua recibió 36 millones 259 mil pesos para el funcionamiento de la comisión local encargada de la búsqueda de personas, en el marco de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
De los 36.2 millones (18.185 millones por proyecto ejecutivo y 18.074 millones por una bolsa concursable de proyecto ejecutivo ampliado), Chihuahua regresó a la Federación el 87.5 por ciento, es decir 31 millones 734 mil pesos, exhibe la revisión de la ASF.
Ni la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNBP) -encargada de enviar los recursos a las estatales- ni la local explicaron las razones del subejercicio.
“No se proporcionó la información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron dichos recursos ministrados, por lo que éstos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, Auditoria Superior de la Federación.
Chihuahua no fue la única entidad que regresó recursos, las comisiones de búsqueda de Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Estado de México también reportaron subejercicios que fueron reintegrados a las arcas federales por un total de 121 millones de pesos, indicó la ASF.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de la que depende la Comisión Estatal de Búsqueda, no respondió a una solicitud de entrevista para conocer las razones del subejercicio.
«NO TIENE NOMBRE LO QUE ESTÁN HACIENDO»
La decisión de no gastar el dinero público para la búsqueda de personas lastima profundamente a las familias que, paradójicamente, dejan todo su patrimonio en los esfuerzos por saber qué fue de sus seres queridos, observa Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), organización que acompaña a madres de mujeres desaparecidas.
“Lo que significa que una persona desaparezca, el desgaste emocional y físico de los familiares, si vemos eso, no tiene nombre lo que están haciendo de no ejercer los recursos. Las familias se movilizan, sus vidas se vuelven más precarias en cuestiones económicas porque mucho del recurso que ingresa a la familia se dedica a la búsqueda, a los traslados, a atender las pistas falsas, a ir a la capital porque ahí es donde está en MP (Ministerio Público) y pueden saber cómo van las investigaciones, es de una irresponsabilidad tremenda esto que hace el gobierno”, apuntó Mendoza.
“¿Qué cuentas pueden dar a las más de miles de familias que tienen personas desaparecidas?, cuando se piden que hagan rastreos, cuando se necesita la participación de la comisión local de búsqueda es burocratismo, que tienen poco equipo humano, que tienen que atender los 67 municipios del estado, que en todos lados hay personas desaparecidas, nos hacen ver que no se dan abasto en atender las solicitudes de rastreo de búsqueda cuando realmente no las están haciendo”, agregó Mendoza, que ha acompañado a colectivos de familiares de desaparecidos.
Para Silvia Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, los hallazgos de la ASF contrastan con la respuesta que ha dado la CEB sobre la falta de recursos.
“En una ocasión que hicimos una búsqueda en zona urbana, se requería uso de maquinaria pesada, de trascabo y retroexcavadora y camiones de volteo para poder sacar el escombro y recuerdo que no logramos nada dentro de la Fiscalía, nos decían que no había posibilidad, que era difícil, solo consiguieron un camión que estuvo un solo día.
Tuvimos que ir a la Comisión Nacional de Búsqueda y ahí se encargaron de contratarlo todo, de estar al pendiente, vimos la diferencia de recursos y del personal capacitado”, rememora Méndez, que también ha acompañado a personas que buscan a sus familiares.
Lo mismo sucedió con un georradar que, en el caso de la CEB resultó un aparato que se descompuso a las pocas horas de iniciar el rastreo.
“No tenían ni siquiera baterías para el aparato. Pero cuando vino la Comisión Nacional el radar era computarizado, aquí simplemente no tienen esa tecnología”, aseguró.
Ambas activistas señalan que ni siquiera hay personal suficiente para la búsqueda de los desaparecidos. De acuerdo con Méndez, quienes realizan los rastreos recorren todo el territorio prácticamente sin descanso ante la escasez de servidores públicos asignados a la comisión.
Méndez recuerda que cuando el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte solicitó personal canino, desde la CEB se les informó que al haber solo un equipo, era mejor que los propios familiares contrataran esa ayuda.
Desde el 25 de agosto de este año, la CEB de Chihuahua tiene a Omar Antonio Tinoco Torres como encargado de despacho tras la salida de Laura Irene Moreno Espinoza.
MÁS DE 3 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS
Desde el 15 de marzo de 1964 y hasta el 1 de noviembre de 2022, Chihuahua acumula tres mil 498 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, lo que la convierte en la onceava entidad con más casos registrados, según los datos de la CNBP.
En los primeros lugares están Jalisco con 15 mil 27 personas desaparecidas, Tamaulipas con 12 mil 404, Estado de México con 11 mil 734, Veracruz con 7 mil 419 y Nuevo León con 6 mil 225.
A pesar de no estar entre las primeras 10 entidades con más desapariciones, Chihuahua fue la cuarta entidad con más recursos para su comisión local de búsqueda, solo por detrás de Baja California (con 51.8 millones de pesos), Coahuila (con 48.1 millones) y Puebla (con 38.3 millones).
Entre los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASF detectó que los servidores públicos de la CNBP y las comisiones locales “no acreditaron que los servidores públicos que la integraron en el ejercicio 2021 se encontraban certificados y especializados en materia de búsqueda; tampoco contaron con la documentación que acreditó el cumplimiento de lo señalado en los Criterios para la capacitación, especializados en materia de búsqueda”.
Además, indicó que la comisión nacional no tiene publicados los lineamientos para otorgar recursos, reglamento interior, manuales de organización general ni de procedimientos o algún tipo de documento normativo donde se establecieran funciones, atribuciones y actividades.
La CNBP ni siquiera tiene Programa Nacional de Búsqueda, como le mandata la ley, explicó la auditoría.
