José Luis, quien comercia pollo desde hace 20 años, fue detenido en Tultepec, Estado de México, junto a tres de sus empleados y dos trabajadores de una empresa a la que le surte productos. Su familia asegura que los arrestos fueron ilegales y denuncian que la Fiscalía estatal trata de acusarlos por delitos que no cometieron.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Familiares y abogados denuncian que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está intentando fabricar delitos contra un comerciante de la entidad y cinco trabajadores detenidos de manera irregular en Tultepec la madrugada del 21 de octubre.
De acuerdo con la defensa legal de los hombres, sus derechos humanos fueron violados desde el momento de la aprehensión, pues policías de Ecatepec los agredieron física y verbalmente y les impidieron contar con abogados de su confianza.
A ello se suma que hasta esta tarde, previo a la audiencia inicial programada a las 15:30 horas en los Juzgados de Control de Chiconautla, no habían tenido acceso a la o las carpetas de investigación iniciadas, por lo que no tienen certeza de los datos con los que la Fiscalía busca imputarles los delitos de robo de transporte, portación de armas y cohecho.
El viernes 21 de octubre, cinco camionetas de la Policía Ministerial ingresaron con violencia a la oficina de José Luis Balderas, comerciante de pollo desde hace 20 años, ahí lo detuvieron a él, a tres de sus trabajadores y a otros dos empleados de una empresa de Córdoba, Veracruz, que se surte en el Estado de México. Entre las personas privadas de la libertad hay un joven de 19 años y un adulto mayor que se desempeña como vigilante.
“Estamos hablando de que fue un montaje. El uso de la fuerza de la policía fue totalmente excesivo y fuera de proporción, hubo golpes al momento de la detención, insultos, humillaciones”, acusa Roberto Carvajal, abogado de José Luis y los trabajadores detenidos.
Un familiar del comerciante, quien dio su testimonio de manera anónima a este diario digital, insiste en que la Fiscalía mexiquense “está tratando de fabricarle delitos”, pues los policías ministeriales no mostraron una orden de cateo antes de ingresar al lugar de trabajo del empresario y, según han podido comprobar en los últimos días, tampoco contaban con órdenes de aprehensión que justificaran las detenciones.
Como ejemplo de las irregularidades detectadas, relata que la madrugada del viernes una camioneta que tenía reporte de robo fue estacionada en el lugar de trabajo de Jorge Luis y la persona que la conducía se hizo pasar por un cliente, de acuerdo con esta versión, minutos después entró a la oficina un grupo de policías que rompió con arietes las puertas del establecimiento, robaron dinero y las grabaciones de las cámaras de seguridad.
“También plantaron un arma, la forma en la que entraron y la preparación que tenían nos hace defender que este es un evento planeado”, comenta el familiar del comerciante, quien lamenta que los días que José Luis lleva detenido han estado marcados por la incertidumbre, pues la Fiscalía rebasó el plazo de 48 horas que tiene para presentar a los imputados ante un Juez de control, a ello se suma que las autoridades no informaron que el empresario sería trasladado a otro ministerio público.
“Sin tener una orden y sin avisar a abogados, lo subieron a una patrulla en la que estuvo desaparecido por dos horas, fue hasta que dimos con él en el Ministerio Público de Coacalco”, agrega.
Por su parte, Javier Savedra, uno de los abogados defensores, también acusa que la comunicación con sus clientes “ha sido muy escasa y complicada, incluso para poder darles alimentación o agua”.
Por lo pronto, dijo el abogado, la defensa legal de José Luis y su familia esperan que el juez de control que llevará el caso tome en cuenta los datos de prueba que presentarán en la audiencia inicial, entre ellos la grabaciones que pudieron obtener y que comprobarían la actuación ilegal de la policía mexiquense.
El abogado también adelantó que ya promovieron un recurso de amparo por las detenciones irregulares y prevén acercarse a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad para consignar la violaciones a los derechos de los trabajadores detenidos en Tultepec.
“Pedimos ser escuchados para que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, deje la fábrica de delitos y deje de inculpar a gente inocente y trabajadora”, expuso la familia del comerciante Jorge Luis en un texto que ha difundido en sus redes sociales.
