Esta semana es importante para la historia política de México.

A partir de este martes, ingresarán al Campo Militar No.1, para tareas de reconocimiento, medio centenar de familiares y sobrevivientes del periodo conocido como Guerra Sucia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ahora? Intentaré explicarlo en pocas líneas.

Cualquier habitante de la zona metropolitana de la CdMx puede identificar con facilidad el Campo Militar No.1. Basta con mirar Google Maps para asombrase de la magnitud territorial del sitio: cientos de hectáreas que se despliegan entre la zona popular de Naucalpan de Juárez, el Club de Golf Chapultepec, Avenida Conscripto y la zona del Toreo. Es un lugar extraño y enigmático para quienes nos hemos acostumbrado a transitar por sus linderos sin poder mirar más allá. Es terra incógnita, lugar alérgico a la cartografía civil. Hasta ahora.

El Campo Militar No. 1 fue uno de los centros clave de la represión del régimen autoritario. El primer registro que se tiene del sitio como espacio de desaparición de civiles data de 1952, año en el que comenzó a ser utilizado como centro clandestino de cremación. Algo más de una década más tarde, en 1964, fue construida la prisión militar del Campo.

En la prisión militar, todavía en uso, se establecieron —si hacemos caso a decenas de testimonios y a múltiples fuentes documentales— cárceles clandestinas en las que se detuvo, torturó y desapareció a una cantidad todavía no determinada de personas. Por la prisión militar —y probablemente por otros lugares en el Campo todavía no identificados— pasaron, entre otras, comunidades de víctimas, dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, heridos del Halconazo de 1971, personas vinculadas con grupos guerrilleros, así como víctimas de la Brigada Blanca —el grupo policiaco-paramilitar responsable de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron desde mediados de la década de los setenta hasta principios de los ochenta.

A pesar de la evidencia prácticamente incontestable del uso del Campo Militar como centro de detención y tortura, durante décadas apenas se avanzó en el esclarecimiento de los eventos que ahí tuvieron lugar. Sus puertas se habían mantenido cerradas a cualquier civil interesado en saber qué diablos pasó ahí.

Además de la prisión militar, ¿hubo otros sitios de detención en el Campo? ¿dónde están las “instalaciones subterráneas” y “galeras de dos metros de largo por uno de ancho y sin luz natural” que recuerdan los sobrevivientes?, ¿dónde está el famoso sótano que mediante una breve escalera conectaba a otro lugar subterráneo en el cual se torturaba a los detenidos? ¿cuál es la cancha de basquetbol que veían desde sus celdas algunos de los prisioneros? ¿es posible identificar esos lugares y usarlos como pistas para la búsqueda de personas aún desaparecidas? Estas son preguntas que han estado presentes en la lucha por la Verdad y la Justicia en nuestro país. Las visitas de esta semana al Campo Militar No. 1 ayudarán a responderlas.

El ingreso al Campo Militar es sólo una de las acciones que impulsa la Comisión de la Verdad. Desde principios de julio, expertos de la Comisión han comenzado la revisión de acervos documentales del Ejército mexicano. Cada mañana, un grupo de expertos se presenta en la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena para examinar fondos documentales otrora inaccesibles y largamente resguardados. Pronto comenzarán, además, los trabajos de análisis de documentos custodiados en zonas militares de todo el país. Es difícil no exagerar la relevancia de estos hechos.

En el marco de los trabajos de esclarecimiento histórico, en próximas semanas se harán públicas las primeras convocatorias para recolección de testimonios a víctimas y testigos de violaciones graves a los derechos humanos perpetrados entre 1965 y 1990. A lo largo de todo 2023, los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad se desplegarán en todas las regiones del país para escuchar a comunidades de víctimas que —hasta ahora— han sido marginadas de la historia oficial. Esto incluye, por supuesto, a víctimas del Estado en contextos de implementación de estrategias contra la insurgencia armada, pero también contra disidencias (estudiantiles, urbano-populares, laborales y sindicales, político-partidistas, sexo/genéricas, en la Fuerzas Armadas y cuerpos policiales) y para la ejecución de políticas públicas (económicas/modernizadoras, de combate al narcotráfico y para la gestión de la delincuencia común). Esto permitirá a la Comisión de la Verdad entender la profundidad, amplitud y extensión de la violencia perpetrada por el antiguo régimen contra distintos sectores de la sociedad.

El Campo Militar No.1 es la primera de varias instalaciones castrenses que, a lo largo del año, serán indagadas como parte del trabajo de la Comisión. En el horizonte está la inspección de la base naval de Pie de la Cuesta, sitio desde el cual, según testimonios cruzados, despegaban los vuelos de la muerte en los que —amarrados en costales con piedras— se lanzaba a opositores del régimen al mar.

Es normal que en la avalancha y saturación de noticias en la que vivimos, el ingreso de medio centenar de familiares y sobrevivientes al Campo Militar sea apenas una nota al pie en los grandes medios de comunicación. Se trata, sin embargo, de un episodio importantísimo en la larga lucha por la Verdad y Justicia, una batalla que no sólo trata de explorar el pasado, sino que se entrelaza con la búsqueda inapelable por encontrar las raíces de nuestra violencia actual. Entremos al Campo.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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