Desde 2014, la PAOT emitió recomendaciones al Diputado federal Jorge Romero Herrera, entonces delegado de Benito Juárez, en las que le solicitaba corregir las irregularidades en siete inmuebles con demoliciones, pero no respondió.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) giró recomendaciones desde 2014 al entonces Jefe Delegacional de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera –actual Diputado federal del PAN–, en las que evidenciaba diversos incumplimientos en las construcciones de siete inmuebles que violaban la normatividad urbana y le hizo la petición de «demoler» niveles excedentes; pero no hubo respuesta.
Así quedó asentado en la Recomendación 02/2014 de la PAOT, publicada el 24 de febrero de ese año, en la que le solicitó que iniciara las acciones administrativas conducentes y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de las obras, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra de los directores responsables de obra y servidores públicos involucrados.
Esta misma recomendación también se observa en el siguiente boletín de la PAOT de marzo de 2014, donde la dependencia emite recomendaciones a las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez para revisar los inmuebles construidos.
El entonces procurador ambiental, Miguel Ángel Cancino, recordó que desde mediados del 2012 la PAOT emitió resoluciones en las que se solicitaba a la demarcación corregir las irregularidades con demoliciones, pero no respondió. Jorge Romero asumió el cargo como delegado en Benito Juárez desde el 1 de octubre de 2012, por lo que le correspondía a él atender estas recomendaciones.
Se trata de los inmuebles ubicados en José María Ibarrarán 38 y Capuchinas 97, colonia San José Insurgentes; San Francisco 1857, Actipan; Real de Mayorazgo 71, en Xoco; Uxmal 543 y 587, en Vértiz Narvarte, y Mitla 221 y 235, en la Narvarte, como se observa en la siguiente recomendación.
1216_recomendacion_02_compressedEstas construcciones ya habían sido denunciadas por los propios vecinos a través de redes sociales y por el diario Libre en el Sur, que en 2014 evidenció que las constructoras utilizaban la Norma 26, que es un permiso para construir viviendas populares, para edificar casas de lujo.
Según el diario, ante las protestas de los vecinos, Jorge Romero argumentaba que la Alcaldía no expedía permisos ni certificados de uso de suelo, sino era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). No obstante, sí tenía la obligación de constatar que cada certificado cumpliera con lo dispuesto en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, o en su caso impedir la obra, pero no lo hizo.
La recomendación al entonces delegado Jorge Romero también incluye una solicitud a la entonces Procuraduría capitalina para que inicie investigaciones que deriven en el castigo a los directores responsables de obras y funcionarios públicos que hayan infringido las leyes otorgando permisos para la construcción de esos siete inmuebles.
Las observaciones de la PAOT fueron las siguientes:
1. En el expediente PAOT-2010-349-SOT-137, referente al inmueble ubicado en la calle José María Ibarrán 38, en la colonia Insurgentes, la dependencia informó que luego de una denuncia presentada el 17 de marzo de 2010 por presuntas contravenciones en materia de uso de suelo y construcción, se hizo una investigación y se constató que el edificio se construyó con permisos que no correspondían a lo avisado.
2. El expediente PAOT-2010-392-SOT-159, referente al inmueble ubicado sobre la calle San Francisco, número 1857, colonia Actipán, la dependencia detalló que el 24 de marzo de 2010 se presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de suelo y construcción y el 26 de junio de 2012 se emitió una resolución en la que se pedía demoler los pisos no permitidos. La recomendación no fue atendida y eso se constató en la revisión del 22 de febrero de 2013 cuando vieron que el edifico de seis niveles estaba completamente habitado.
3. En el expediente PAOT-2010-431-SOT-181, referente al inmueble ubicado en la calle Capullinas 97, colonia San José Insurgentes, la dependencia destaca que el 5 de abril de 2010 se presentó una denuncia y el 25 de junio de 2012 se emitió una resolución en donde se le pedía a la Alcaldía revisar esa obra. No obstante, el 22 de febrero de 2013 la autoridad capitalina constató que se hizo caso omiso, pues el edificio de cinco niveles estaba completamente construido y habitado.
4. En el expediente PAOT-2010-2145-SOT-1090, referente al inmueble ubicado en Real de Mayorazgo, número 71, colonia Xoco, la dependencia informó que se presentó una denuncia el 5 de octubre de 2010 y para el 26 de junio de 2012 se emitió la resolución administrativa por las irregularidades encontradas en los permisos de construcción. La recomendación tampoco fue atendida porque el 23 de febrero de 2013, durante una revisión, se observó que el edificio de seis niveles ya estaba terminado y totalmente habitado.
5. En el expediente PAOT-2011-951-SOT-447, del inmueble ubicado en Uxmal 587, colonia Vértiz Narvarte, la dependencia señaló que el 16 de mayo de 2011 se presentó una denuncia y el 31 de junio de 2012 se emitió una Resolución Administrativa. Al igual que en los otros predios, la Alcaldía no atendió el aviso y se construyó un edificio de cinco niveles que ya estaba habilitado.
6. En el expediente PAOT-2011-1722-SOT-799 ACUM PAOT-2012-797-SOT-384, referente al predio ubicado en la calle Uxmal 543, colonia Vértiz Narvarte, la PAOT informó que con fechas de 9 de septiembre de 2011 y 2 de mayo de 2012, se presentaron las denuncias por irregularidades en materia de uso de suelo y construcción.
Para el 31 de julio de 2012 se emitió una Resolución Administrativa que no fue atendida porque se observó la construcción de un edificio de siete niveles parcialmente habitado y con dos departamentos en venta.
7. En el expediente PAOT-2011-2258-SOT-1067, ACUM PAOT-2012-1976-SOT-840, referente al predio de la calle Mitla, número 221 y 235, colonia Narvarte, la dependencia informó que el 28 de noviembre de 2011 y el 5 de noviembre de 2012 se presentaron denuncias por presuntas contravenciones en materia de uso de suelo y construcción.
El 30 de noviembre de 2012 se emitió una Resolución Administrativa, pero no fue atendida porque en una revisión realizada el 22 de febrero de 2012 se observó que seguían trabajando en el inmueble de siete niveles, con un avance del 90 por ciento en su construcción.
El entonces procurador ambiental, Miguel Ángel Cancino, informó que la PAOT había recibido hasta 2012, mil 779 denuncias ciudadanas relacionadas con predios de la entonces Delegación Benito Juárez, lo que representaba el 10 por ciento del total de denuncias en la capital. Las colonias más denunciadas eran la Del Valle y Narvarte, con 23 por ciento y 11, respectivamente.
Las administraciones de Jorge Romero Herrera y Christian Damián Von Roehrich de La Isla están en la mira de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) debido a la investigación del caso denominado “Cártel Inmobiliario”, una presunta red de corrupción en la que exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores con constructoras y desarrolladoras para edificar obras.
De acuerdo con la investigación en curso, los servidores públicos de la Benito Juárez autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
Sobre estas irregularidades que la PAOT había alertado desde 2014, el pasado 17 de agosto Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, señaló tener información para abrir nuevas líneas de investigación en el caso.
“En su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción”, dijo Lara López en conferencia de prensa.
Luis Vizcaíno Carmona, quien fue el exdirector general jurídico y de gobierno de 2009 hasta el 2016 en las administraciones de Mario Palacios Acosta y el Diputado federal panista Jorge Romero, fue detenido desde el pasado 30 de julio acusado de haberse enriquecido a través de extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.
Además, la dependencia a cargo de la Fiscal Ernestina Godoy, también está en busca del exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, a quien señaló de ser uno de los líderes del llamado “Cártel Inmobiliario” en esa demarcación junto a Luis Vizcaíno Carmona.
No obstante, ese entramado de corrupción podría extenderse a más servidores públicos.
