Al presentar el informe, Encinas indicó que los resultados son sustancialmente diferentes de los datos presentados en la «verdad histórica».
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A diferencia de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, “nosotros no torturamos a nadie” para obtener los datos y llegar a las conclusiones que se muestran en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo esta mañana Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la ‘verdad histórica’, lo cual es absolutamente falso”, afirmó Encinas Rodríguez al presentar más detalles de la elaboración del Informe de la CoVAJ en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la ‘verdad histórica’, lo cual es absolutamente falso. La ‘verdad histórica’ se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF, lo cual es falso porque el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento en que había concluido este evento. Se dice que tras los enfrentamiento de los estudiantes con los policías municipales (enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones a los estudiantes de los policías municipales) la policía de Igual entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el Río San Juan.
«Como vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distritos perímetros de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial y de fondo, que la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, a la fabricación de pruebas y a la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie», insistió el funcionario federal.
Encinas reveló, una a una, las diferencias entre la llamada «verdad histórica» y los resultados de la investigación por la Comisión para la Verdad en una síntesis durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador e instó a que el informe, disponible en la página del Gobierno Federal, sea leído por cualquier interesado.
Respecto a si se trata de un tema político, indicó que «este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad».
«También hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del Gobierno es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos».
De acuerdo con el Subsecretario, se cuenta con 13 fuentes de información básicas, entre las que se encuentran 115 testimonios de personas estuvieron involucradas en los hechos, además de 87 millones de registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos «analizados rigurosamente a lo lago de dos años», 41 mil 168 documentos aportados por la administración publica federal y otros órganos autónomos, así como datos provistos por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), 50 videos de tortura a detenidos, 467 capturas de pantalla de cinco números telefónicos que ubicaron 37 conversaciones entre distintos actores y 36 atores más relacionados, trabajo de campo, entre otros.
El análisis de los datos ha revelado una red de vínculos entre el grupo Guerreros Unidos, la policía municipal de Iguala, así como seis grupos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y autoridades en distintos puntos.
Lo anterior «demuestra, con toda certeza, que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías y de que, evidentemente, se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula», expuso.
Encinas también señaló que el análisis de los vínculos a raíz de la información documentada revela «con toda claridad los vínculos y las relaciones, ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también cona autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 batallón de infantería de Iguala en el estado de Guerrero».
La información presentada por el funcionario acredita el involucramiento de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas, resaltó, así como las omisiones de las autoridades que permitieron dichos actos.
«Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjuga cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos como la privación de la libertad, homicidio, involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y consentimiento del Estado».
A su vez, el Subsecretario indicó que la «verdad histórica» dice que la desaparición fue un hecho fortuito, lo cual es «absolutamente falso».
Respecto a un informante dentro del grupo de los normalistas, para el que no se activó el protocolo de búsqueda como está establecido, y las acciones a tomar, Encinas recalcó que «nosotros somos una Comisión Por la Verdad y la Justicia no somos policía, la autoridad jurisdiccional tiene que hacer su trabajo y respecto al soldado informante hay responsabilidad de la autoridad militar y será ésta la que tome las acciones».
«El GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] tiene todo el acceso, son coadyuvantes de la Fiscalía General de la República [FGR] y tienen todos los datos», concluyó.
