Por: Alejandra Ramírez (@AllejandraRam)*

Uno de los grandes temores de las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, es imaginar que la vida se les puede terminar sin lograr encontrarles. Por desgracia, este trágico final ha sucedido. A continuación, menciono solo algunos casos de una dolorosa lista que debemos albergar como un registro para la memoria histórica de la atrocidad, pero también, como un motor para seguir de pie en exigencia de la búsqueda de todas y todos los desaparecidos en México, de verdad y justicia para quienes partieron de este mundo sin saber dónde están sus seres amados:

Margarita Santizo, madre de Estaban Morales Santizo, policía federal desaparecido en Michoacán el 3 de abril de 2009. Margarita murió el 16 de octubre de 2014, su último deseo fue ser velada frente a la Secretaría de Gobernación. Romana Ortiz Reyes, buscó a su hijo Pedro Ramírez Ortiz y a su nieto Armando Salas Ramírez, desaparecidos el 12 de mayo de 2008 en Torreón, Coahuila. Romanita murió el 26 de abril de 2017.

Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Minerva murió el 4 de febrero de 2018.  María del Carmen Ortiz, buscaba a su hijo Héctor Rangel Ortiz desaparecido el 10 de noviembre de 2009, en Monclova, Coahuila. María murió el 20 de marzo de 2021.

Las integrantes del colectivo “Solecito” en Veracruz, Yolanda Rivera Treviño, madre de Ámbar Nayely Suárez Rivera, desaparecida desde el 02 de octubre de 2013; Yolanda murió el 24 de enero de 2019. Rosa Méndez de Vidaña quien buscaba a su hija María del Rosario y a su nieto Pablo desaparecidos desde diciembre de 2014; Rosita murió el 9 de septiembre de 2019.

El caso más reciente es el de Doña Rosario Ibarra de Piedra, ícono de la búsqueda en México, quien perdió la vida el pasado 16 de abril de este año después de luchar durante décadas para encontrar a su hijo, Jesús Piedra Ibarra detenido-desaparecido en el año 1975, durante la represión estatal en el marco de la denominada “guerra sucia”.

Si bien cada caso tiene sus particularidades, todos están atravesados por la desaparición forzada, entendiéndose como un acontecimiento que marca un antes y un después, como un evento que fractura el transcurrir de la vida provocando múltiples daños que se agudizan con el paso de los años y, en algunos casos, desemboca en la muerte.

Los daños y las secuelas que provoca la desaparición forzada se encarnan en los cuerpos y subjetividades de quienes asumieron la búsqueda de sus seres amados como su centro de vida. Tales afectaciones repercuten en la salud física con la cronificación o aparición de enfermedades, y en el desgaste psicoemocional que se va deteriorando ante una búsqueda que se torna interminable e indefinida en el tiempo.

Los estragos del paso del tiempo, junto con el dolor de la ausencia y la impunidad[1] que permea en este ámbito, deben ser comprendidos en su intersección con la violencia estructural que coloca a las y los familiares en condiciones socioeconómicas precarias incluso previo a la desaparición forzada, y con las que hacen frente a la búsqueda y a los diversos daños. Además, no debemos perder de vista que la vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras, se exacerba en contextos globales como el que seguimos viviendo por la pandemia por COVID-19.

De esta manera, los daños y las secuelas constituyen expresiones de la violencia en las diferentes dimensiones (físicas, emocionales, espirituales, simbólicas, materiales) y deben ser comprendidas dentro del continuum de agravios que las familias van experimentando desde la desaparición forzada. En ese sentido, el Estado está obligado a garantizar la salud integral durante todo el proceso de búsqueda y después de ella, así como implementar medidas de reparación que respondan a las necesidades y los sentidos de las víctimas.

El Estado mexicano y sus instituciones, deben asumir con seriedad la responsabilidad que tienen ante las vidas de las y los desaparecidos, y de quienes les buscan, comprender que tanto sus acciones como inacciones, tienen profundas consecuencias para miles de familias. La Ley General de Víctimas[2] en el Capítulo II. “De los derechos de ayuda, asistencia y atención”, refiere como derecho de las víctimas, el establecimiento de medidas de ayuda inmediata y de asistencia que debieran garantizar el acceso a la salud física y psicológica, así como el apoyo en materia de alimentación, transporte y alojamiento en las acciones recurrentes de búsqueda. Todo esto como parte del derecho al acceso a la justicia.

Las afectaciones por la desaparición de un ser querido persisten mientras no se logra su localización, por eso el establecimiento de condiciones dignas para la continuación de su búsqueda es una obligación ineludible del Estado mexicano. Ante este panorama, una vez más, recordamos el llamado a que active urgentemente los mecanismos necesarios e implemente las medidas que se requieran para localizar con celeridad y efectividad a las y los 100 mil desaparecidos que estamos por alcanzar en el país, esto incluye acatar las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED)[3] en el informe de su reciente visita a México.  Así también, identificar a los más de 52 cuerpos que esperan recuperar su identidad, impulsando una “política nacional en materia forense”.

Solo con las acciones conjuntas entre el Estado, los organismos nacionales e internacionales, la participación activa de las familias y las organizaciones que les acompañamos, podremos evitar que más madres mueran en la incertidumbre y el dolor de no encontrar a sus hijas e hijos, y sin haber accedido a la justicia.

Este 10 de mayo, recordamos a quienes partieron de este plano físico sin encontrar y, señalamos al Estado que, pese a esta situación, la búsqueda debe continuar. Asimismo, caminamos con las madres que saldrán a las calles para reclamar la presencia de sus seres amados que seguimos sin localizar. Entre las movilizaciones, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que articula más de 60 colectivos del México y Centroamérica, realizará la “XI Marcha por la Dignidad Nacional”, que saldrá a las 10:00 a.m., del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. 

¡Hasta Encontrarles!

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Para leer más acerca de la impunidad como factor que impide no solo la justicia sino los procesos de sanación de las víctimas, consulte el Informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, disponible para descarga: https://fundar.org.mx/mexico/pdf/InformeAyotziFin.pdf

[2] Para consultar la Ley General de Víctimas: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

[3] Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

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