La exclusión en el sistema financiero daña a la ciudadanía ya que no le permite aumentar el potencial de apertura de negocios, por ejemplo, lo cual reduciría el desempleo y aumentaría el ingreso de los hogares. En cadena, las condiciones de vida de cada familia podría mejorar, desde mejores opciones de alimentación hasta mejoras en las viviendas.
Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Los mexicanos son excluidos de las instituciones financieras por el color de su piel, edad, zona geográfica o por ser parte de la población indígena, entre otras razones, lo que deriva en problemas de estabilidad económica y de seguridad social, revela un estudio editado por elConapred y la Cepal. Los datos muestran que por estos motivos el 61 por ciento de la población mexicana no tiene algún tipo de cuenta bancaria.
En México apenas 39.1 por ciento de las personas mayores de 15 años es titular de una cuenta bancaria, 12 puntos porcentuales menos que el promedio de América Latina (51.4 por ciento), de acuerdo con el Índice de inclusión financiera del Banco Mundial de 2017.
El estudio Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México, escrito por Ana Laura Martínez y César Reséndiz, y editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), junto con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), dio cuenta de este diagnóstico a la vez que da cuenta de otros factores que limitan el acceso a los servicios que presta el sector financiero y propone una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas marginadas de dichos servicios.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, el 24 por ciento de la población mexicana contestó que en los cinco años anteriores le habían negado algún derecho sin justificación. Entre quienes respondieron que sí, uno de cada seis casos se refirió a la negación arbitraria de un préstamo, crédito de vivienda o tarjeta bancaria.
A diferencia de lo que pasa con otros servicios o mercados de consumo, el acceso a servicios financieros no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para potenciar las capacidades.
Y en ese sentido, la experiencia de la pandemia de COVID-19 ha recalcado lo ya dicho: una población altamente incluida en el sistema financiero permite brindar apoyos en situaciones y contextos críticos. Además, de que en el caso de los seguros de vida no se tiene algún producto similar en el mercado informal que lo sustituya.
En 2021, el coronavirus se colocó como la catástrofe más cara para las aseguradoras, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), quien destacó que el gasto promedio por atención médica y hospitalización ha sido de 499 mil 949 pesos.
Agregado a la discriminación, la falta de infraestructura bancaria es una barrera relevante en México, pues el BM resaltó que el número de sucursales bancarias por cada 100 mil habitantes es casi cuatro veces menor al del Brasil y la mitad del de los Estados Unidos o Guatemala.
Al mismo tiempo, la desconfianza en las instituciones financieras se interpone como una barrera al uso de productos financieros formales en el país, pues la institución global mostró que el 37 por ciento de las y los mexicanos que no son titulares de una cuenta bancaria afirma tener su reserva con los bancos, dato con el que México se posiciona entre los siete primeros países (de un total de 123) en los que el recelo hacia las instituciones financieras es una barrera a la inclusión.
inclusion-financieraAdemás, la desconfianza en los bancos es el motivo principal para no tener una cuenta para alrededor de cuatro de cada diez personas jóvenes y adultas (hasta 54 años).
Los resultados del análisis hecho por Martínez y Reséndiz expone que los grupos que están en riesgo de ser discriminados en mayor medida por el sector financiero mexicano son las mujeres, las personas habitantes de zonas rurales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las y los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas que reciben programas sociales.
Asimismo, de forma transversal la apariencia física, la vestimenta, el uso de tatuajes, el tono de piel, la condición laboral, el lugar de residencia y el nivel de ingresos son variables relevantes en la determinación de los grupos discriminados.
Para cada uno de los grupos identificados la discriminación se expresa de forma distinta. Puede tratarse de actos de discriminación directa reflejados en una diferencia en el trato o de actos de discriminación indirecta institucionalizados, pero ambos obstaculizan el acceso y uso de los servicios financieros para grupos específicos de la población, refiere el análisis.
«El trato discriminatorio en el sector financiero se genera y persiste muchas veces de forma inconsciente. Nadie lo menciona, nadie lo ve y termina por invisibilizarse. No obstante, existe, como existe en la mayoría de las esferas de la vida política, social y económica de México. Está presente en prácticas tan visibles como la publicidad o el trato en las sucursales, pero poco cuestionadas por el público y los proveedores de servicios».
¿QUIÉNES SON «SUSCEPTIBLES» A SUFRIR DISCRIMINACIÓN?
La discriminación es un fenómeno estructural y por tanto no es exclusiva del sector financiero, destaca el documento. La discriminación en el sector financiero, en general, y en las sucursales bancarias, en particular, surge en un contexto de discriminación estructural histórica que ha jerarquizado a la sociedad mexicana en torno a distintas variables identitarias, sociodemográficas y económicas, añade.
En México es posible observar una brecha en el acceso a servicios financieros de acuerdo con el grado de urbanización de las localidades. De acuerdo con la ENIF 2018, existe una brecha en tenencia de cuando menos un producto financiero de 17.3 puntos porcentuales entre las poblaciones rurales y urbanas (54 y 74 por ciento, respectivamente). Pero la brecha existe incluso entre la población ya bancarizada, pues en la tenencia de algún instrumento de crédito y seguros es de 11 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.
En el caso de los seguros es particularmente importante ya que no existe un sustituto en el mercado informal, por lo que el estudio editado por la Conapred y Cepal resalta que esto afecta de forma especial a las poblaciones indígenas por su concentración en zonas rurales.
Sobre las barreras por variables socioeconómicas, la brecha más notoria es la relativa al género. De acuerdo con la ENIF 2018, el porcentaje de mujeres que cuenta con al menos un producto financiero es del 31 por ciento, frente al porcentaje de hombres, que es del 38 por ciento. Del mismo modo que en las barrera geográfica, la brecha se enfatiza en la población ya bancarizada para los crédito y de seguros, 1.6 y 3.4 puntos porcentuales, respectivamente.
«En parte, estas diferencias pueden explicarse por procesos de discriminación estructural de género, pues las mujeres cuentan con menos activos financieros y una tasa de participación laboral menor que la de los hombres», destaca el análisis de Inclusión financiera sin discriminación. Tal como revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2019, sólo el 44.6 por ciento de las mujeres se encuentra en el mercado laboral remunerado, en contraste con el 71.8 por ciento de los hombres. Adicionalmente, la tasa de informalidad a la que se enfrentan las mujeres resulta en una barrera para comprobar ingresos y una mayor variabilidad en los mismos, lo cual podría dificultar el acceso a productos financieros.
Por nivel de escolaridad, el porcentaje de personas con educación primaria que tienen una cuenta bancaria es del 23 por ciento, en contraste con el 70 por ciento de las personas con educación profesional y el 90 por ciento para las personas con posgrado.
Precisamente en este fenómeno de escolaridad se cruzaría también las diferencias en el ingreso y al mismo tiempo con la comprensión de ciertos elementos del sistema bancario y financiero, como saber que hay un seguro de protección al ahorro. Con respecto a este tema, datos del Inegi del 2018, el 38 por ciento de las personas que afirmaron conocerlo cuenta con educación profesional y el 14 por ciento cuenta con educación primaria.
En otro punto, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) de 2020, el 44 por ciento de habitantes de la Ciudad de México no cuenta con productos financieros formales, pese a la accesibilidad geográfica y el nivel de ingreso promedio.
Según un experimento de 2017, citado por el análisis de Conapred y Cepal, realizado con la finalidad de medir el trato diferenciado basado en el tono de la piel en sucursales bancarias de la Ciudad de México. En el experimento participaron tres parejas de actores formadas por un joven mexicano con tono oscuro de piel y otro con tono claro. Cada pareja visitó 100 sucursales bancarias ubicadas en la Ciudad de México, para un total de cerca de 600 visitas a 300 filiales.
Los resultados mostraron que los sujetos con tono más oscuro de piel percibieron que la persona que fungía como ejecutivo bancario fue descortés con ellos en el 24.7 por ciento de las visitas, en contraste con el 10.7 por ciento para los sujetos de tono más claro de piel. Sobre el acceso a la información, en el 45.9 por ciento de sus visitas, los actores de tonos oscuros de piel pensaron que la persona ejecutiva de cuenta les ocultó información, en contraste con el 21.6 por ciento para los de tonos claros de piel.
A estos se les preguntó con mayor frecuencia acerca de su calificación crediticia (54.5 por ciento frente a 37.1 por ciento), sus características personales (83.5 por ciento frente al 73.3 por ciento) y se les dijo con mayor frecuencia que podrían calificar para un crédito para pequeñas y medianas empresas (45.5 por ciento frente a 33.6 por ciento). Finalmente, la persona ejecutiva de cuenta planeó una visita de seguimiento en 54.7 por ciento de los casos para los sujetos con tonos más claros de piel clara y en 27.7 por ciento de las veces para los de tonos más oscuros.
PERSONAS EN LA BANCA MEXICANA POR PROGRAMAS SOCIALES
Aquellas personas que son beneficiarias de programas sociales de Gobierno se encuentran inscritas en los grupos vulnerables de discriminación de la banca comercial.
La población que recibe programas sociales tiene mayor concentración en localidades rurales (52 por ciento frente al 13 por ciento para el caso de banca comercial). Además, el 85 por ciento de estos cuentahabientes son mujeres, frente al sólo 48 por ciento para la población usuaria de banca comercial, de acuerdo con la ENIF 2018.
Al mismo tiempo, los datos muestran que de las personas que tienen cuenta bancaria, el 37 por ciento sólo la tiene para recibir apoyos de Gobierno, lo que podría ser indicativo de una mayor variabilidad en el ingreso con respecto a la población atendida tradicionalmente por la banca.
Finalmente, más del 50 por ciento de las personas que tienen una cuenta bancaria para recibir un apoyo gubernamental tiene nivel educativo de primaria o inferior, el 32 por ciento no tiene ningún grado de escolaridad concluido, el 4 por ciento tiene preescolar y el 18 por ciento únicamente primaria. Esta composición debe ser considerada para diseñar estrategias que permitan superar las barreras para el desarrollo de capacidades financieras.
Los autores apuntan que se debe aprovechar que los programas sociales son una manera de acercar a las personas a la banca mexicana, y destacan el potencial del Banco del Bienestar tanto en la bancarización como en la protección de las personas susceptibles de sufrir discriminación en el sector.
«Para alcanzar dicho potencial, el Banco del Bienestar requerirá una estrategia de trato centrada en las necesidades de las personas hoy excluidas del sector financiero, así como estrategias que promuevan la creación de ecosistemas a partir de los cuales las y los usuarios puedan valorar en mayor medida los instrumentos financieros», destaca el análisis, el cual se acompaña de recomendaciones como el trato incluyente y no difereciado, la capacitación del personal bancario para erradicar la discriminación, el impulso de la educación financiera, al mismo tiempo que se analicen las necesidades de los grupos vulnerables y se responda a éstas. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven en zonas rurales, no establecer horarios de atención «cuadrados», ya que muchos deben trasladarse por largos caminos hasta llegar a las sucursales bancarias para poder recibir sus apoyos.
