En noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió blindar la información de las obras de infraestructura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Un Ministro de la Corte concedió la suspensión que fue solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El 8 de diciembre, a través de un comunicado, se anunció que, por unanimidad, el pleno del INAI determinó presentar una controversia constitucional ante la SCJN “en contra del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno”.
El organismo argumentó que dicho Acuerdo, que se publicó el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”.
En noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo, así como del exministro José Ramón Cossío.
"¿Cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Como 120 días más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo –porque actúan de manera coordinada y conjunta–, junto con el exministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto [Felipe Ángeles]?", preguntó durante su habitual conferencia de prensa matutina.
Claudio X., como se le conoce de manera coloquial, es opositor de su Gobierno y el principal promotor de la alianza “Va por México”, que unió al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para enfrentar a Morena en las elecciones de este 2021.
Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que si los jueces amparan a los opositores contra estas obras poco antes de entregarlas, quedarán inconclusas porque se le acabará el tiempo a su administración para enfrentar en los tribunales, ganar y retomar.
Por ello, defendió el acuerdo que se dio a conocer este lunes, ya que busca “agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”.
El Jefe del Ejecutivo federal explicó que también se pretende dar tiempo para presentar toda la documentación de las obras, esto en el entendido de que las empresas y "las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias".
"Eso fue el acuerdo. Es un asunto interno de las dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur, a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, concluir las obras. Esto no tiene nada qué ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas", destacó.
Asimismo, el Presidente de México subrayó que en su Gobierno existe la convicción de actuar con honestidad, por lo que habrá “cero corrupción y también cero impunidad”. "No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar a manos llenas y ahora no pueden, ni podrán", advirtió.
"Es un acuerdo para agilizar tramites y que por los tramites burocráticos no se detengan las obras"
Fue lo que dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el documento donde declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos de su sexenio. pic.twitter.com/DZmxqx5hSJ
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 23, 2021
PROYECTOS Y OBRAS, ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL POR DECRETO
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó antes un decreto por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
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De esta manera, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entró en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento.
La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
