Siempre es más fácil hablar de lo que está mal. Escribir de las fallas y errores del gobierno es sencillo y ofrece al columnista esa aura de crítico independiente que tan buena paga deja en nuestros tiempos. Por el contrario, escribir de lo que se hace bien suele ser trabajo del propagandista y militante incondicional; en los tiempos que corren puede ser de mal gusto. No nos importa.

En el gobierno de la Ciudad de México se están haciendo las cosas bien en materia de seguridad pública. Decirlo no debería ser delito ni prueba de falta de independencia. Decirlo es hablar con la verdad y la evidencia en la mano.[1]

Conviene comenzar explicando la premisa principal: el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue un desastre en materia de seguridad (y en otra infinidad de cosas). Tres indicadores bastan para probarlo: 1) Al final de su administración el promedio diario de delitos de impacto era alrededor de 145. Hoy es de 75, un decremento de 43.2 por ciento. 2) Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en junio de 2018 el 91.7 por ciento de la población consideraba que vivir en la Ciudad de México era inseguro. Tres años después la cifra es del 68 por ciento, con algunas alcaldías con un porcentaje menor al 50 por ciento. 3) A principios de 2019 se registraban, en promedio, más de cuatro homicidio diarios en la CDMX, con algunos picos de 7 u 8 cada día. Hoy el promedio es de 2.4, la cifra más baja en varios años.

Los resultados en materia de seguridad pública fueron malos durante el gobierno de Mancera. Sin embargo, peores y más viles fueron sus intentos para maquillar cifras. En su administración se alteraron, manipularon y reclasificaron expedientes de manera sistemática para esconder el desastre que dejaba su gobierno. El subregistro de delitos fue escandaloso; se ocultaron el 90 por ciento de los secuestros, el 65 por ciento de los robos a transeúnte, el 50 por ciento de las violaciones y el 11 por ciento de asesinatos.[2] Increíble pensar que con esos antecedentes el antiguo Jefe de Gobierno buscara ser presidente de México hace tres años y hoy sea senador de la República. En otro país estaría preso.

Vientos de cambio llegaron a la CDMX a finales de 2018. Para diferenciarse de la administración anterior, el nuevo gobierno implementó una política de datos abiertos que evita cualquier intento de maquillaje de cifras y permite a cualquier ciudadano examinar, prácticamente en tiempo real, el estado de la seguridad pública de la capital. Los resultados son sorprendentes.

En al menos 16 delitos hay una reducción de al menos dos dígitos en el número de carpetas de investigación reportadas entre enero y septiembre de 2021 respecto al mismo periodo en 2019. Sobresalen, desde luego, la disminución de carpetas de investigación que involucran homicidio doloso (-33.9 por ciento) y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego (-48.6 por ciento). Son igual de impresionantes los resultados para robo de vehículo con violencia (-48.2 por ciento) y sin violencia (-40.5 por ciento), así como robos en transporte público en Metrobús, metro, taxi y microbús. Para otros diez delitos hay resultados parecidos.

Se podrá decir, desde luego, que carpetas de investigación reportadas no son necesariamente el mejor proxy para medir el delito. De acuerdo. Un abogado del diablo diría que la gente ahora denuncia menos que antes y que eso explica, al menos de manera parcial, el decremento de carpetas de investigación. Ese argumento, sin embargo, no se sostiene. No hay nada que haga pensar que, en los últimos tres años, se haya reducido el incentivo para denunciar delitos en la CDMX. Todo lo contrario. El gobierno de la capital y la FGJ crearon un muy funcional sistema de denuncia digital que permite ahorrarse horas, filas y burocracias para denunciar al menos una docena de delitos diferentes.

Por si fuera poco, los resultados de la última ENVIPE confirman que en la CDMX se ha reducido la cifra negra de delitos no reportados. Si en 2017 la capital tenía la cuarta tasa más elevada de delitos no denunciados a nivel nacional, en 2020 pasó a tener la octava más baja. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que se ha vuelto más sencillo denunciar, el número de carpetas de investigación ha disminuido.

¿Cómo explicar los buenos resultados? ¿Qué se ha hecho bien? No pocas cosas.

En primer lugar, la depuración del cuerpo policial. Desde principios del sexenio fueron removidos mandos que llevaban décadas en sus puestos a pesar de existir en su contra acusaciones de corrupción, extorsión y crimen organizado. Esto llevo, en el corto plazo, a un violento reacomodo de dinámicas criminales a escala local. Sin embargo, a mediano plazo, ha roto el funcionamiento de violentos esquemas de gobernanza criminal.

En segundo lugar, la aplicación de técnicas de inteligencia policial otrora en desuso o utilizadas, por el contrario, para perseguir opositores.[3] Para este eje ha sido clave el fortalecimiento del programa de Cuadrantes Prioritarios de la Ciudad de México, así como la coordinación entre la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) y la Guardia Nacional.

En tercer lugar, la implementación de nuevos programas y procesos que garantizan la integración, capacitación y ascenso de los mejores cuadros en la SSC CDMX. A los policías de la CDMX se las paga mejor que hace tres años (incrementos de hasta 9% anual sobre salario base), se les cuida más y se les reconocen sus méritos como nunca antes. En ese eje toca reconocer el buen funcionamiento del programa “Policía Distinguido de la Ciudad de México”, así como el “Programa General de Formación Policial”.

Por último, la ejecución de políticas enfocadas en la atención a las causas de la violencia. Sobresalen los programas de intervención integral como son “Barrio Adentro”, “Pilares”, “Sí al desarme, sí a la paz”, “Brigadas de Prevención Comunitaria” y la “Estrategia 333 Colonias, Pueblos y Barrios” —ese último enfocado en atender las zonas con bajos índices de desarrollo social.

No hace falta repetir que aún falta mucho por hacer y que las tendencias positivas en materia de seguridad son fácilmente reversibles. Basta recordar que Miguel Ángel Mancera logró descomponer en apenas unos meses los avances que hicieron las administraciones que le precedieron. En seguridad pública no hay triunfos permanentes. Las buenas métricas deben confirmarse todos los días en cada zona, región, sector, cuadrante, polígono y colonia de la CDMX. Lo que lleva meses o años en mejorar puede resquebrajarse en un par de semanas. Esa —acaso— es la única regla cierta de la seguridad pública en nuestro país.

Los riesgos de retroceso están ahí y dependen de muchísimos factores —algunos de ellos francamente fuera del control del gobierno capitalino. Además, aunque todo apunta que apenas hay relación entre una cosa y otra, habrá que ver cómo el fin de la pandemia y el aumento de la movilidad impactará sobre los indicadores de éxito mencionados. ¿Continuará la buena tendencia en seguridad pública en la Ciudad? Aquí estaremos para analizarlo de cerca.

Por ahora es justo decir que, en un contexto de crisis económica y magros resultados a escala nacional, en materia de seguridad pública algo en la CDMX se está haciendo bien. Reconocerlo no debería ser difícil. Escribirlo no es un delito.

[1] Para escribir esta columna me baso en información actualizada de las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021.

[2] Véase: https://www.animalpolitico.com/2019/07/subregistro-cdmx-2018-robos-secuestros-homicidios/

[3] Véase, por ejemplo, el excelente reportaje de EL PAIS sobre cómo un centro de inteligencia operó entre 2013 y 2018 para espiar enemigos políticos de Miguel Ángel Manera. Véase: https://elpais.com/mexico/2020-09-22/una-investigacion-revela-el-aparato-de-espionaje-durante-el-gobierno-del-exalcalde-miguel-angel-mancera.html

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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