Frente a la crisis hídrica por la sequía prolongada, activistas han puesto un ultimátum al Congreso para que apruebe en periodo extraordinario la Ley General de Aguas, la cual plantea un acceso equitativo y participativo a este derecho y da dientes a la Conagua para controlar la sobreexplotación de grandes concesionarias.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Congreso tiene menos de 15 días para votar lo que ha omitido en nueve años. Ante la emergencia declarada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la sequía prolongada, que en un efecto boomerang también limitará la operación de la industria, la coordinadora Agua para Todxs insiste en la urgencia de que se apruebe la Ley General de Aguas en un periodo extraordinario de esta LXIV Legislatura, que termina el 31 de agosto.
La dependencia prevé que el estrés hídrico aumentará durante los próximos 10 años en 30 de las 32 entidades. Pedro Moctezuma Barragán, académico que impulsa el dictamen que recoge las iniciativas consensadas en cientos de foros realizados desde 2012, afirmó en entrevista que es «histórico» el acuerdo con el que se podrán implementar «limitaciones temporales» mediante reducciones de volúmenes a los concesionarios que se encuentren en cuencas o municipios en sequía de severa a excepcional conforme indique el Monitor de Sequía en México. Al ser por el calentamiento global, dijo, estas medidas se volverán permanentes.
Una forma de mitigarlo, expuso Moctezuma, es abrogar la Ley de Aguas Nacionales (1992) «pensada» para la sobreexplotación, acaparamiento, despojo y contaminación por parte del mercado privado y aprobar la Ley General de Aguas, una iniciativa ciudadana respaldada por 198 mil firmas que plantea un acceso equitativo y sustentable al agua, pero que lleva pendiente desde diciembre de 2012 pese a que la reforma al artículo 4 constitucional exigió al Congreso su aprobación en 360 días.
La calificadora Moody’s planteó que la medida de emergencia «limitará la capacidad» de generación de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que pone en riesgo el plan federal de modernizar 12 de estas plantas y complicará los esfuerzos por alcanzar el objetivo nacional de generar el 35 por ciento de la electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024. Aunque las industrias de minería y de bebidas tienen planes de gestión, agregó, deberán aumentar el gasto de capital para mantener un acceso adecuado.
«Se está identificando esta falta de sustentabilidad por parte de las grandes empresas que no le apuestan a un cambio tecnológico, al ahorro de agua, descarga cero o a instalarse en sitios con disponibilidad», comentó Moctezuma Barragán respecto al análisis de Moody’s.
El proyecto de dictamen documenta con cifras de Conagua que 3 mil 304 usuarios (consorcios agroindustriales, inmobiliarias, embotelladoras, mineras) acaparan 22.3 por ciento de toda el agua concesionada, principalmente en acuíferos sobreexplotados.
«Estas trasnacionales —como la cervecera Constellation Brands en Baja California, la embotelladora Bonafont en Puebla o la lechera Lala en la Comarca Lagunera— sólo ven ganancias de corto plazo como meta. El agua es un derecho humano, no una mercancía», afirmó Moctezuma, Coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
«Ya no debemos tomar por sentado que tendremos suelos fértiles, agua y condiciones para vivir al mismo tiempo que seguimos con esta dinámica de tala, sobreextracción del agua y cediéndole al fracking y minería nuestros acuíferos para que los contaminen», aseguró.
El académico también cuestionó la lógica presupuestal enfocada en el mercado extractivista. «El fracking se financia con 10 mil millones de pesos mientras que las obras de agua potable y saneamiento para los municipios cuenta sólo con 2 mil 500 millones de pesos, es decir, se le da cuatro veces más a esta técnica», comparó.
¿PRESIÓN PARA NO APROBARLA?
Pensando en los 44 millones de mexicanos que no tienen un acceso regular al agua y por los que sufren enfermedades por la contaminación hídrica, el colectivo Agua para Todxs ha impulsado desde diciembre de 2012 una iniciativa consensuada entre partidos y ciudadanos para una Ley General de Aguas, cuyo dictamen técnico —con 14 títulos y 359 artículos— se empezó a discutir en Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente desde marzo de 2020 y está listo para votarse.
El Diputado Diego del Bosque Villareal, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, reconoció que están en falta desde 2012 y estima que al menos en la Cámara de Diputados sea votado en el periodo extraordinario de sesiones que se prevé abrir en esta segunda quincena de agosto para discutir la ley reglamentaria para la revocación de mandato.
«Está difícil, nos faltan menos de 15 días para que se acabe la actual Legislatura. Queremos que mínimo salga aprobada en la Cámara de Diputados porque cambiará la composición de legisladores. Los senadores seguirán los mismos en su mayoría; ya les dejaríamos la responsabilidad de discutir y aprobar esta necesaria Ley», dijo vía telefónica el legislador morenista, quien expuso que desde que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales en 1992 se han entregado más de 500 mil concesiones de agua a empresas privadas, fundamentalmente a cerveceras, refresqueras y minas, de las cuales más de la mitad ya están sobreexplotadas.
El académico Pedro Moctezuma sentenció que se puede resolver en 24 horas. «Necesitamos una Ley con dientes», afirmó. «La Ley de Aguas Nacionales (1992) propicia que haya despachos de abogados coyotes demandando a la propia Conagua por concesiones que no deberían de existir por ser en zonas sin disponibilidad, demandando respuestas favorables en 60 días. Tenemos funcionarios que se dedican a la compra venta de agua en el mercado negro».
Elena Burns Stuck, Subdirectora General de Administración del Agua, declaró en un foro legislativo que la Conagua está obligada a otorgar concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados, por litigaciones de «una industria de abogados» que alega que no cumplen con el plazo de 60 días para darlas o, de lo contrario, se reciben sanciones como multas que se quitan del salario al funcionario público, inhabilitación o arresto.
«La omisión de la Cámara de Diputados –agregó Moctezuma– está generando que un dictamen consensuado a lo largo de mucho tiempo no se haya votado. Llevamos trabajando cien meses [de diciembre de 2012 a marzo 2021]. Ya está el producto para que haya una señal clara de la Cuarta Transformación –como el coordinador de la bancada de Morena Ignacio Mier que se rehusa a contestarles– respecto a que está resolviendo una necesidad básica de los mexicanos y mexicanas».
El Diputado Diego del Bosque expuso que está todo listo para aprobarla, «si hay voluntad política» en la Cámara de Diputados. «Hemos batallado mucho para sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales privatizadora y contaminadora. En 2018 se ganó una parte del poder otorgada por el electorado, pero sigue habiendo muchos poderes por los que nadie votó, pero están ahí y pesan. Hablamos de los poderes económicos. Sí han pesado las presiones de las grandes mineras, cerveceras y refresqueras», aseguró quien es testigo de cómo la industria lechera se acabó el agua de los ejidos en la Comarca Lagunera.
El activista Pedro Moctezuma planteó que así como ha sido apoyada por el Partido del Trabajo (PT) y Morena, también hubo una «oposición rabiosa» a una Ley General de Aguas por parte del Consejo Consultivo del Agua, integrado por la industria cervecera y refresquera, del Partido Acción Nacional (PAN) con la Ley Mata-Flores y de la dirección de Blanca Juárez Cisneros en Conagua, pero ve un cambio con la gestión de Germán Martínez Santoyo.
«Es una persona que ha estado sensible al tema y suponemos que va a favorecer una Ley General de Aguas porque la Ley de Aguas Nacionales le ata las manos a Conagua, le obliga a tener una conducta de espaldas a la sed. Ha habido un cambio de actitud y se empieza a escuchar a la gente», opinó.
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