En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. En México, la Consulta Popular del 1 de agosto podría derivar en la creación de estos mecanismos que marquen el camino para la reconstrucción de la paz y reparación del daño a las víctimas.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– La Consulta Popular que se realizará este 1 de agosto tiene como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el «Sí» abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, como lo han exigido las víctimas desde hace años y que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.
Diversos centros y organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional en México y el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han promovido una campaña para visibilizar la importancia del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, en el contexto de la Consulta Popular.
«#LAVERDADTRASLACONSULTA es una invitación a la población en general para conocer el importante papel que ocupan las víctimas al hablar de la Consulta Popular, y así sumarse al llamado de exigencia para que se garanticen sus derechos, con independencia del resultado», señalaron las organizaciones en un comunicado en el que llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer efectivos sus compromisos adquiridos hace más de tres años —frente a víctimas y a la sociedad en general— de implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición.
En la experiencia internacional, las #ComisionesDeLaVerdad han probado tener un impacto favorable en los procesos de #Verdad y #Memoria, promoviendo la reconstrucción de las sociedades.
1/3 #LaVerdadTrasLaConsulta🗳 pic.twitter.com/UnUaomB9Kw
— Justicia Transicional en México (@JTenMexico) July 27, 2021
Las organizaciones también recordaron que si bien la Consulta del 1 de agosto cumplirá con el objetivo de conocer la postura de la ciudadanía respecto a un tema determinado, el resultado no evade la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, ya que éstos se garantizan y no se consultan.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que se hará a los mexicanos este 1 de agosto y sólo será vinculante para las autoridades si participa el 40 por ciento de la lista nominal, que a nivel nacional es el equivalente a 37 millones de votantes.
Aunque para los expertos esta pregunta —redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de octubre de 2020— es confusa y ambigua porque no incluye el nombre de ningún expresidente, sí apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas, como lo han señalado el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
«Creemos que las consultas que se han aplicado en Guatemala y Argentina han tenido éxito y no hay duda de que éste es el momento que estábamos esperando para impulsar mecanismos como las comisiones de la verdad a través de un pueblo informado y organizado», dijo en entrevista Alina Duarte, periodista independiente e integrante del Comité promovente de la Consulta Popular.
En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una «Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado» (2002). La CIDH en su informe Derecho a la Verdad en América, calificó a esta fiscalía como «una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos».
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD
¿Qué es una Comisión de la Verdad?, ¿para qué sirve?, ¿cuántas han habido en México y el mundo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América –publicado el 13 de agosto de 2014– define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.
La CIDH ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como «un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos».
Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.
El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.
Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).
«La verdad que se construye a través de la recolección de datos en las Comisiones de la Verdad se puede convertir en un factor restaurador que devuelve la dignidad a las víctimas y a su familia, transforman su dolor, ayuda a la elaboración del duelo y a la superación de la situación traumática, así como a restablecer la conciencia moral de la sociedad, la convivencia y los primeros cimientos de la reconciliación», señala la publicación.
En el año 2007, Priscilla B. Hayner, directora de la Unidad de Desarrollo de políticas del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York, señalaba que en los últimos treinta años el número y tipo de Comisiones de la Verdad en todo el mundo había aumentado significativamente y se habían establecido en cerca de 30 países. Han pasado 14 años desde su registro y las comisiones de la verdad en el mundo han crecido sin que se tenga un número exacto de todas.
SinEmbargo presenta una selección de cinco comisiones de la verdad creadas en América Latina y los resultados que han tenido.
1. EL SALVADOR
Nombre: De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador.
Periodo de la comisión: Se creó el 15 de julio de 1992 y terminó sus actividades el 15 de marzo de 1993.
Conflicto: Guerra civil en El Salvador.
De acuerdo con el informe publicado en 1993 por la ONU, la Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la Guerra civil de El Salvador, para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico.
La guerra en El Salvador incluyó violaciones masivas de los derechos humanos. Hubo muchos casos bien conocidos, incluyendo al asesinato del Arzobispo Óscar Romero, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija adolescente, la masacre de El Mozote y miles de otros casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros abusos de los derechos humanos, refiere el reporte de 1993. La Comisión fue liderada por figuras internacionales como Belisario Betancurt, Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal y fue establecida para investigar “actos serios de violencia cuyo impacto en la sociedad exige urgentemente que el público conozca la verdad” de estos actos; esta tarea incluyó el nombrar a los responsables, cuando fuese posible.
En el reporte final de la Comisión resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte que llevaron a El Salvador a lo que el reporte describió como un período de “locura”. En la mayoría de los casos, la Comisión nombró a personas que se creía que habían perpetrado, ordenado o encubierto la investigación de esos casos. Para terminar con la impunidad que permitió a individuos realizar estos abusos, la Comisión recomendó la destitución de cualquier funcionario militar o del gobierno nombrado en su reporte y propuso una serie de cambios en el sistema judicial y policial.
2. ARGENTINA
Nombre: Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP).
Periodo de la comisión: Se instauró el 16 de diciembre de 1983 y concluyó el 20 de septiembre de 1984.
Conflicto: Violaciones contra los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983 durante la dictadura.
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió a la presidencia de Argentina tras siete años y meses de dictadura militar. Cinco días después del regreso de la democracia, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín creó, a través del decreto de ley 187/83, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, mejor conocida como la CONADEP.
La CONADEP fue un órgano descentralizado creado con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en la Argentina, que dio origen al informe «Nunca Más», también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984. Fue presidida por Ernesto Sábato, miembros de las iglesias (católica, judía y metodista) y tres diputados elegidos por el Presidente de la República.
La Conadep concluyó que, entre otras cosas, el número de personas en situación de desaparición forzada ascendía a 8 mil 960 y el modus operandi usado durante la dictadura para desaparecer era secuestrar a las víctimas a través de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad; el secuestrado era conducido a centros clandestinos donde eran sometidos a tormentos y humillaciones.
3. CHILE
Nombre: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR).
Periodo de la comisión: 25 de Abril de 1990 al 8 de febrero de 1991.
Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La CNVR fue un organismo creado por el Presidente Patricio Aylwin Azócar a través del Decreto Supremo No 355 del 25 de Abril de 1990 con el fin de realizar un Informe en el cual se preservara la memoria histórica sobre los acontecimientos de graves violaciones de derechos humanos y de la violencia política que se dio en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, periodo que duró el régimen militar de Augusto Pinochet, según se consigna en el informe final.
El informe final, o Informe Rettig, fue entregado por la Comisión al Presidente de la República, después de nueve meses de trabajo. Se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos en los que se señalan los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. La Comisión recibió poco más de 3 mil 400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2 mil 279 personas.
La comisión estuvo presidida por el abogado Raúl Rattig e integrada por abogados de tendencia democristiana, centro derecha, izquierda, exparlamentarios y dos exfuncionarios de la dictadura de Pinochet.
4. COLOMBIA
Nombre: Comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.
Periodo de la comisión: De 2005 a 2013.
Conflicto: Hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985.
De acuerdo con el artículo «Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir», escrito por los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez y Nelson Molina Valencia, en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) se caracterizaron por una desproporcionada acción militar desatada en respuesta al ataque del Movimiento guerrillero M-19, episodio ocurrido durante la presidencia de Belisario Betancur.
La Comisión fue creada por la Corte Suprema de Justicia en el vigésimo aniversario de los hechos del Palacio de Justicia y tuvo una duración de ocho años (2005-2013). Estuvo compuesta por tres comisionados: Nelson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera. Esta comisión, refiere el artículo, «no tuvo atribuciones jurisdiccionales, ni facultades para señalar responsabilidades individuales. Y se le presentaron muchas dificultades para esclarecer la verdad, dado que no contó con información que se suponía iba a brindar las Fuerzas Armadas, tampoco tenían financiación de ninguna instancia estatal».
Ivonne Leadith Díaz y Nelsol Molina refieren que ésta no ha sido la única comisión que ha existido en Colombia, también se tiene registro de tres más: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la Comisión de la verdad desde las mujeres, liderada por la Ruta Pacífica de las Mujeres, como colectivo afectado por el conflicto político armado del país y la nueva Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno del Presidente Santos y la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
5. PARAGUAY
Nombre: Comisión de Verdad y Justicia.
Periodo de la comisión: De 2002 a 2008.
Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, creada por Ley de la Nación No 2225/03, surgió como consecuencia de la solicitud de las víctimas y del pueblo de Paraguay por esclarecer lo sucedido durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, cuando se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, consigna el artículo «Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir».
La Comisión estuvo integrada por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de la dictadura: Monseñor Mario Melanio Medina, Juan Manuel Benítez, Yudith Rolón, Miguel Ángel Aquino, Heriberto Matías Alegre, Carlos Luís Casabianca, Carlos Portillo, Mario Sandoval y Víctor Jacinto. También fueron comisionados en una primera etapa la Canciller Leila Rachid Lichi, Margarita Durán Estragó, Jorge Domingo Rolón Luna, Juan Enrique Díaz Bordenave y Ausberto Valentín Rodríguez Jara.
De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos Mercosur, la Comisión Verdad y Justicia constituyó un logro de la Sociedad Civil y del Estado paraguayo. Su creación respondió a una fuerza de voluntades que se inició con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión– cuando cayó el dictador Alfredo Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley Nº 2225/03.
