Un aspecto poco destacado en el escándalo de Pegasus en México, además de ser el país con más casos registrados hasta ahora, es cómo fue usado este sistema de espionaje en un Gobierno con un profundo contubernio entre sectores económicos y el poder político. Recordemos, solamente, la condonación multimillonaria de impuestos que muy poderosas corporaciones recibieron en las administraciones anteriores, montos que representaron un porcentaje importante de sus ganancias. Es decir, con un acto simple de condonación, cientos y miles de millones de pesos en impuestos se convertían en ganancias. El mejor negocio y el mayor contubernio, favores bien pagados.

A tal grado fue este contubernio que el sistema altamente sofisticado de espionaje Pegasus, comprado por dependencias del Gobierno, fue utilizado para espiar a activistas que exigían políticas públicas que afectaban los intereses de muy grandes corporaciones. Es decir, todo indica que el Gobierno compró e “infectó” a defensores de derechos humanos incómodos para estas corporaciones. Este servicio de espionaje por parte del Gobierno a corporaciones trasnacionales no sólo fue contra activistas, también lo fue contra investigadores y directivos de organismos públicos de investigación cuyas posturas, basadas en evidencia científica, incomodaban a estas corporaciones.

El caso del espionaje que sufrí, junto con un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, el Dr. Simón Barquera, y el director de la red Contrapeso, Luis Manuel Encarnación, fue el primero en hacerse público a escala internacional sobre el caso Pegasus en México, con un reportaje de fondo en el New York Times en febrero de 2017. Cuatro meses después vendría otro artículo en el mismo medio que daría a conocer muchos casos más en nuestro país que tuvieron como objetivo a periodistas y defensores de derechos humanos.

Nuestro caso llamó la atención internacional porque lo que teníamos en común el Dr. Barquera, Luis Manuel Encarnación y el que esto escribe, es que: 1. promovíamos en ese momento el aumento del impuesto al refresco del 10 al 20 por ciento, que era el mínimo recomendado por los organismos internacionales y nacionales, 2. demandamos destinar los recursos de ese impuesto a las políticas de prevención de la obesidad, la diabetes y el acceso a agua de calidad para beber en escuelas y 3. Exigíamos el retiro del etiquetado frontal que había impuesto Cofepris en contubernio con Coca-Cola, ConMéxico y las grandes empresas de la comida chatarra y las bebidas azucaradas.

Se trataba de políticas que afectaban los intereses de un puñado de corporaciones de las bebidas azucaradas y la comida chatarra que habían convertido a México en su paraíso, como Coca-Cola logrando sus mayores ventas por habitante en el mundo. Un logro traducido en daños a la salud. La oposición de estas empresas a las políticas mencionadas es a tal grado que en el Observatorio Europeo de Corporaciones calculó que invirtieron mil millones de euros para evitar un etiquetado de advertencia en sus productos en Europa. ¿Cuánto y qué estarían dispuestos a hacer en México, el paraíso para sus negocios?

Los aliados de las corporaciones en el Gobierno venían actuando fuertemente en contra de quienes promovíamos estas políticas. La Secretaría de Salud de Mercedes Juan y la Cofepris de Mikel Arriola habían puesto un veto al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), uno de los organismos más prestigiados del Gobierno mexicano a escala internacional. La Secretaría de Salud había dado instrucciones al INSP en el sentido de que no podían hacer declaraciones públicas, en especial, contra el etiquetado que habían establecido. Secretaría de Salud y Cofepris habían defendido públicamente el etiquetado que inicialmente introdujo en México la empresa Coca-Cola y lo habían vuelto obligatorio. Estas instituciones habían tenido reuniones con miembros de la Organización Mundial de la Salud y con su representante en México, la Dra. Birmingham, directora de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, en las que estos organismos internacionales les habían advertido de los riesgos del etiquetado que estaban estableciendo porque tenía criterios que representaban un riesgo a la salud.

Mientras la Dra. Birmingham salía del país de forma expedita, por “motivos personales”, antes de terminar su periodo, los investigadores del INSP sufrían lo que se llamó la “ley mordaza”. En nuestra organización, El Poder del Consumidor, vivíamos una y otra vez ataques cibernéticos. Al llevar dos años de asesoría en seguridad digital por parte de la organización SocialTIC, que ha jugado un papel muy importante en el caso de revelar el uso de Pegasus en México, se agudizaron las amenazas. Casi de manera paralela, se nos filtró información de que desde Secretaría de Gobernación se planeó que estudiantes de cierta institución académica buscarían ingresar a nuestra organización a realizar su servicio social con el fin de espiarnos desde el interior, al tiempo que recibía en mi celular los primeros mensajes de SMS para infectar mi teléfono. Un par de semanas después recibimos la solicitud de un estudiante de la institución académica referida, ofreciendo realizar el servicio social en nuestra organización. Posteriormente, recibimos más información de otros intentos de Gobernación en el mismo sentido.

En mi caso, como en el de muchos otros, los mensajes de SMS llegaron acompañados de amenazas. En uno de los mensajes que recibí con una liga al malware, al activarla me abrió la página de la funeraria Gayoso. De inmediato, por el protocolo de seguridad que habíamos establecido, informe a SocialTIC, revisando si algo similar había sucedido a personas de nuestra organización o que estuvieran coincidiendo en nuestro trabajo público: fue así que se descubrió que el mismo tipo de mensajes llegaron a Barquera y Encarnación tratando de infectarlos con el mismo malware. El Dr. Barquera no fue el único de los infectados por Pegasus del INSP, altos funcionarios de esa institución también recibieron mensajes con intentos de infección.

Varios hechos nos ocurrían en esos meses, dos robos de computadoras a personas que trabajan con nosotros en temas de comunicación, robos en espacios públicos y en un periodo de sólo dos semanas, uno de ellos con violencia; evidencia de interferencia telefónica por parte de una importante embotelladora de refrescos de una entrevista que concedí a un periodista, desaparición inexplicable de archivos digitales, etcétera.

Las listas de infectados por Pegasus que vayan revelándose van a aclarar muchas cosas, tanto por quienes fueron los objetivos como por quienes no lo fueron. Es decir, en debates fuertes sobre casos y políticas públicas suelen darse posiciones encontradas, las infecciones por Pegasus muestran y mostrarán de que lado estaba el Gobierno, incluso, aportando sus sistemas de espionaje. Y veremos que estaban del lado de los peores intereses, como en nuestro caso.

Cuando hablamos de poderes fácticos con los que instituciones y grupos de funcionarios mantenían un contubernio profundo en contra del interés público, el abanico es enorme, llegando incluso, hasta el crimen organizado.

Cuando los funcionarios públicos sirven a intereses corporativos, reciben premios. Esto se expresa claramente en las puertas giratorias, no llama la atención que exfuncionarios públicos de Cofepris y de Gobernación, que la evidencia indica en mayor o menor medida sirvieron a esos intereses, ahora trabajen para empresas como Coca-Cola y FEMSA en puestos directivos.

Infección con sistemas sofisticados de espionaje, intentos de introducción de espías, robos, amenazas, ley mordaza a investigadores, actuaciones en contra de organismos internacionales, todo para favorecer a intereses de un grupo de poderosas corporaciones. Funcionarios a su servicio, ahora bien compensados. Mientras, la sociedad mexicana con uno de los mayores consumo de ultraprocesados en el mundo y con una de las mayores incidencias de obesidad y diabetes.

Pegasus puede revelar mucho de la corrupción del poder político, de los funcionarios públicos, a favor de los poderes fácticos, sacrificando el interés común.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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