De acuerdo al discurso oficial, sin juzgarlo positiva o negativamente, no es el motivo de este artículo, el actual Gobierno se propone dejar un legado, darle relevancia histórica a su Gobierno, teniendo como eje principal combatir la pobreza y la corrupción y recuperar el control del Estado sobre áreas estratégicas como lo son la energía y la salud.

En este sentido, la 4T le ha declarado la guerra al neoliberalismo. Estemos de acuerdo o no con el actual Gobierno, el neoliberalismo llegó en México a extremos insospechados. La corrupción entre políticos y corporaciones fue profunda y la punta del iceberg se muestra con los multimillonarios impuestos no pagados por un gran número de corporaciones que en varios casos son equivalentes a un porcentaje importante de sus ganancias. No sólo se sirvieron en lo económico, también en el ámbito regulatorio haciendo las regulaciones y las normas a sus gustos.

Más allá de las filias y fobias frente a la 4T, de evaluar si esos objetivos se están cumpliendo o no, la 4T se encuentra inmersa en un entorno global en que la humanidad se enfrenta al mayor reto de su existencia para poder sobrevivir: realizar un giro profundo en la forma que está produciendo y consumiendo. Y estos giros no pueden ser pausados, deben ser ágiles. Si no actuamos, los niños que están naciendo ahora, cuando lleguen a su tercera edad, estarán enfrentando severas crisis de acceso a alimentos, a agua, inmersos en medio de migraciones masivas de habitantes. Los eventos climáticos se estarán presentando en una espiral ascendente, todo a causa del calentamiento global del planeta. Van a vivir estas catástrofes, pero la dimensión de estas dependerá de lo que hagamos ahora.

La 4T está en medio de este escenario que está empujando a la humanidad a la llamada tercera Revolución Industrial, a un cambio radical en la forma de producir energía, de producir y consumir en general, en la forma de comunicarnos y de transportarnos. La 4T coincide con la 3R en enfrentar al neoliberalismo recuperando el papel fundamental del Estado como regulador y benefactor, sin embargo, no coincide con la 3R que establece la necesidad de descentralizar la producción de la energía con el fin de convertir a los propios consumidores en productores de energía.

La apuesta del Presidente López Obrador por el petróleo y los conflictos con los contratos establecidos con las empresas privadas de renovables, que debe reconocerse que fueron elaborados en una perspectiva de abandono de la CFE, no deberían impedir que el Gobierno se sume a la 3R estableciendo nuevas reglas en el mercado energético que mantenga el papel rector del Estado pero que descentralice la producción y vuelva a los consumidores de energía en productores, impulse la creación de cooperativas energéticas y permita a las empresas privadas producir electricidad bajo esquemas transparentes y bien regulados.

Alemania, una de las naciones más destacadas por sus compromisos frente al cambio climático y el impulso de las renovables, mantiene una significativa producción eléctrica basada en carbón. Alemania plantea ir dejando la electricidad en base al carbón con fuertes inversiones en las regiones dependientes de este mineral, pero será un proceso paulatino y, por lo pronto, el carbón es una fuente importante de energía en Alemania. La proyección actual es que este país abandonará la producción de electricidad en base a carbón hasta el 2038.

Por otro lado, la participación de empresas estatales en la producción de electricidad tiene un papel importante en regular los mercados y no dejarlos únicamente en manos de los privados. Se debe pensar que todo este nuevo sistema eléctrico, más horizontal pero fuertemente integrado a través de las tecnologías de la información, tendrá que operar en medio de catástrofes climáticas. Es decir, la resiliencia debe considerarse no sólo a escala nacional, debe proyectarse a escala regional y local. Ante los eventos climáticos cada vez más recurrentes y severos, cómo se responderá a nivel regional y local.

Un escenario ejemplar de los eventos climáticos severos que veremos cada vez con mayor frecuencia y severidad, se presentó en Texas con la tormenta invernal de febrero pasado en la que 4 millones de clientes, una tercera parte del total, se quedó sin electricidad. El sistema eléctrico texano ya se había desregulado. En ese escenario, las empresas privadas dispararon las facturas por esos cinco días de afectación de la tormenta invernal. Mientras los consumidores enfrentaban las consecuencias de la tormenta invernal comenzaron a recibir facturas de electricidad por miles de dólares. Quien pagaba 200 dólares pasó a pagar más de 3 mil. El Fiscal general de Texas entró a demandar a las compañías de energía que estaban realizando estos cobros.

Texas, en muchos aspectos, es un caso interesante. Siendo el Estado petrolero por excelencia, está desarrollando fuertemente las energías renovables. CPS Energy, que es la mayor empresa eléctrica municipal de los Estados Unidos, ubicada en San Antonio, Texas, la séptima ciudad más poblada de los Estados Unidos, estaba encaminada en la construcción de dos centrales nucleares que abandonó por los sobrecostos y la oposición ciudadana. El giro lo dio para invertir en energía eólica. En 2016 CPS informó que había llegado a cubrir el 45 por ciento de las necesidades diarias de energía de la ciudad de San Antonio con eólica que provenía de siete granjas contratadas. El beneficio económico era compartido con los propietarios de la tierra que mantenían sus actividades ganaderas.

El modelo de cooperativas productoras de energía, así como de la producción de energía en el techo de las casas, es decir, la descentralización en la producción, es parte esencial de la 3R. La 4T debe entrar a la 3R sentando sus bases en la elaboración de un plan de transición que permita la regulación del sistema eléctrico a través de estructuras transparentes y participativas que garanticen los derechos de los pueblos y los consumidores y ponga freno a la interferencia de las corporaciones. La 3R debe encaminarse a darle el poder a la gente y a combatir la profunda desigualdad.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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