Con un total de 362 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, y después de un álgido debate en la Cámara de Diputados, el pasado viernes 30 de abril se aprobó el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca—quien se venía desempeñando como gobernador del estado de Tamaulipas desde el 1º de octubre de 2016. El congreso local decide no acatar esta decisión, pero todo parece indicar que pronto comenzará un juicio para evaluar las pruebas con las que cuenta supuestamente la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP que vinculan a este personaje con una multitud de delitos, tales como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, vínculos con la delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros, más los que se acumulen en el transcurso de los próximos meses y semanas.

A pocos sorprende este resultado, y mucho menos a los tamaulipecos. Muchos habían venido denunciando, desde mucho tiempo atrás, las supuestas tropelías del gobernador y sus nexos con la maña o “Familia” tamaulipeca. Sorprende la defensa a ultranza que manifiestan algunos aliados políticos de García Cabeza de Vaca—entre ellos, algunos gobernadores—y miembros de su propio partido en el congreso local, si se consideran las evidencias presentadas hasta la fecha y los testimonios de muchísimas personas que serán evaluados en los juicios que tendrán lugar en las próximas semanas y meses. Hemos hablado en diversas ocasiones de algunos crímenes que se le imputan, los cuales son múltiples y algunos demasiado graves. Por ello, por la evidencia presentada hasta la fecha, y por todo lo que se comenta en distintos círculos, desconcierta que algunos de sus compañeros de partido argumenten que este proceso es una maniobra puramente política.

No obstante que me he opuesto a utilizar el término pare el caso de México, Tamaulipas sí parece ser un “estado fallido”. El estado de las instituciones a nivel estatal y las locales aquí es francamente deplorable. Quien se desempeñó hasta hace poco como cabeza del ejecutivo estatal podría ser acusado de vínculos directos con el narco. Además, por si fuera poco, su Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (GOPES)—cuya creación anunció con bombo y platillo en fechas recientes—fue relacionado con la masacre de migrantes en Camargo, en la cual 19 personas extranjeras fueron asesinadas y calcinadas. Todo parece estar fallando escandalosamente en Tamaulipas en los últimos años.

Los tres poderes en este estado de la República Mexicana no sólo están fallando, sino que parecen ser absolutamente fallidos. En primer lugar, tenemos al gobernador, quien podría terminar preso si se integra bien el expediente judicial y se presentan las pruebas contundentes de los múltiples delitos por los que se le acusa. En segundo lugar, tenemos un congreso estatal que, si insiste en no acatar la orden emitida por el Congreso de la Unión sobre el desafuero de Javier García Cabeza de Vaca, podría propiciar la desaparición de poderes en el estado. Por último, vale la pena hablar del gran estado de descomposición del poder judicial en Tamaulipas. De esto último se habla poco, pero es clave para dimensionar la tragedia institucional que existe actualmente en esta entidad fronteriza.

Pienso en los casos de Susana Prieto Terrazas y Jorge Fernández González, quienes han enfrentado abusos y arbitrariedades mayores dentro de un sistema judicial que no funciona y que se encuentra roto. En efecto, al parecer no hay Estado de Derecho alguno en Tamaulipas, al tiempo que se violan flagrantemente los derechos humanos, la Constitución y el debido proceso. En julio del año pasado, Prieto Terrazas me brindó—con desesperación y lágrimas en los ojos—un testimonio de lo ocurrido a ella en tiempos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca (véase https://www.sinembargo.mx/13-07-2020/3822370). Al parecer, le fabricaron delitos que ella no cometió y la detuvieron por órdenes, muy probablemente y según su versión, del entonces gobernador deTamaulipas—asuzado por los empresarios cuyos intereses Prieto Terrazas afectó, cuando llevaba a cabo su lucha sindical.

Otro caso escalofriante, que aún no se resuelve, es el de Jorge Fernández González, quien fue acusado de forma sorpresiva, sin evidencias contundentes y bajo condiciones muy sospechosas, del asesinato de su esposa, la ciudadana de nacionalidad española, Pilar Garrido Santamans. Al evaluar yo el caso, los reportes de prensa, los videos y entrevistas al padre del acusado y otros materiales a los que tuve acceso—tales como los testimonios de la familia de la Sra. Garrido Q.E.P.D., quienes brindan firmemente su apoyo a Jorge y muestran escepticismo sobre la historia que presentaron los fiscales. Según mi propia interpretación del caso, a partir de los documentos que revisé, y después de haber platicado con personas que estuvieron muy familiarizadas con la situación, puedo pensar que no se siguió el debido proceso y que muy posiblemente se fabricaron las pruebas que inculparon a Jorge Fernández.

Este hombre se encuentra preso desde 2017 y cumple una condena de 47 años por un crimen que—muchas personas creemos—no cometió. La defensa parece haber hecho un trabajo impecable refutando todos y cada uno de los argumentos de la fiscalía. Sin embargo, las pruebas y testigos que presentaron fueron desestimados por el juez, incluso cuando es evidente—y lo sería quizás para cualquiera que revisara concienzudamente este caso—que no existe evidencia de que Jorge Fernández Gonzáles asesinó a su esposa.

Lo interesante es que el caso diera un giro espectacular, convirtiendo a la víctima en victimario: Jorge y su familia fueron víctimas de robo y secuestro por parte de la delincuencia organizada—nada extraño en un estado donde la sociedad está a merced del crimen y donde hasta al gobernador se le relaciona con el narco. Jorge denunció el caso y terminó siendo acusado de homicidio en contra de su propia esposa—es decir, de la madre de su hijo. Este niño perdió a su madre y tiene a un padre que se encuentra preso y cumple una condena quizás de por vida.

Es aberrante esta situación y más aún el papel de los fiscales y los jueces del estado de Tamaulipas. Son notables el desaseo en la investigación y la falta de pruebas contundentes que incriminan a Jorge Fernández. Cabe destacar que este no es el único caso en el cual se argumenta encarcelamiento injustificado y violación al debido proceso. Existen otros casos, en los que las familias de los imputados alegan una detención arbitraria y relacionada principalmente con motivos políticos. El caso de Jorge, según lo leí yo, no tiene tintes políticos. Es un caso que fue muy visible dado que la víctima de secuestro y homicidio fue una mujer de nacionalidad española.

Este era un caso de alto impacto por sus implicaciones de carácter internacional. Yo pienso—y esta es meramente una especulación de mi parte—que podría haber habido bastantes incentivos para dar carpetazo a un caso que potencialmente podría haber sido escándalo internacional. En el año de lo sucedido con Jorge y su esposa, García Cabeza de Vaca parecía desear proyectarse como un gobernador tamaulipeco que lo tenía todo bajo control; inclusive se decía que tenía aspiraciones presidenciales. Además, recordemos que este individuo se caracterizaba por querer quedar bien con gobiernos extranjeros a como diera lugar [y no parecía ser su prioridad el pueblo tamaulipeco].

Lo que sucede en el sistema judicial del estado de Tamaulipas es inaceptable. Recordemos que el Fiscal general del estado de Tamaulipas es Irving Barrios Mojica, autor del “michoacanazo” en tiempos del también panista Felipe Calderón, acusado de fabricar evidencia y famosísimo por el mal uso de los testigos protegidos, por detención injustificada de personas y por violar el debido proceso. Que joyas de personalidades parecen encabezar el sistema judicial de un estado fronterizo mexicano donde parece reinar el crimen organizado y en donde el gobernador es acusado de ser narco y ultra-corrupto. Todo esto es deleznable, parece una historia de terror y nos deja con un sentimiento nauseabundo.

Sería muy conveniente investigar las alegadas malas prácticas y acusaciones graves sobre el actuar del Dr. Irving Barrios. Son múltiples las personas que lo señalan como un actor negativo y perverso, e identifican violaciones claras al debido proceso en todas las fases del sistema judicial tamaulipeco. Otras más exigen justicia por las supuestas tropelías perpetradas por diversos servidores públicos del estado de Tamaulipas, designados por quien el viernes perdió su fuero constitucional. Se debe hacer justicia. El caso de Jorge Fernández es emblemático—según lo que he podido constatar—y debe resolverse de inmediato. Solicito de la manera más atenta al Gobierno Federal que tome cartas en el asunto a la brevedad.

Actualmente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentra en el ojo del huracán. Pero en caso de confirmarse todos los delitos que se le imputan, debe recordarse que este personaje no actuó sólo, sino en contubernio con miembro de su partido y su gabinete, miembros de la élite política y económica del estado y también, quizás, con actores extranjeros. Así, el estado de los tres poderes en Tamaulipas es deplorable y el deterioro de las instituciones es bastante severo. Tamaulipas parece realmente ser un estado fallido. Quizás es bueno que el congreso local no acate la decisión del Congreso de la Unión con respecto al desafuero de García Cabeza de Vaca, lo cual desembocaría en la desaparición de poderes. Como veo yo las cosas, no hay una solución para Tamaulipas en el corto y mediano plazos si no se dan cambios drásticos. Se debe reconfigurar el tejido social y avanzar en una especie de reconstrucción de las instituciones. Se podría empezar quizás, como se ha planteado ya en el contexto actual, con una desaparición de los fallidos poderes.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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