Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, está a punto de cumplir un año de prisión en los Estados Unidos. Fue aprehendido por autoridades de aquel país el 10 de diciembre de 2019, después de una investigación en la que es acusado de cuatro delitos:

* Conspiración internacional para distribuir cocaína.
* Conspiración por posesión de cocaína con la intención de distribuirla.
* Conspiración para importar cocaína.
* Falsedad de declaraciones.

En México, hasta hace unos días, García Luna no tenía una sola investigación sobre su criminal comportamiento. Mientras en los Estados Unidos es ligado con el cártel de Sinaloa, al cual se supone ayudó con el cual conspiró para la distribución de cocaína, en nuestro país el ex Secretario de Seguridad del Gobierno Federal, anduvo impune y libre durante siete años hasta que fue aprehendido en la Unión Americana.

Sin embargo, hace unos días se informó que la Cancillería había entregado a través de la Embajada de México en los Estados Unidos, una solicitud de extradición sobre el ex funcionario mexicano al Departamento de Justicia del vecino país. El delito por el cual lo busca la justicia mexicana, es el de enriquecimiento ilícito. A saber, incrementó su fortuna, de acuerdo a la orden que emite la Fiscalía General de la República, en 27 millones de pesos, de manera ilícita.
La realidad es que en México la justicia le llegaría muy tarde, si acaso le alcanza en algún momento, pues las probabilidades de salir libre del proceso que se le sigue son más reales en este país que en el vecino. En la Unión Americana, García Luna, quien se ha declarado inocente de todos los cargos que se le acusan, podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana, citar a cómplices y otras estructuras criminales, a cambio de una condena benevolente para él.

Así ha sucedido incluso con narcotraficantes notorios en México extraditados a la Unión Americana. Es el caso por ejemplo, de Benjamín Arellano Félix, el patriarca del cártel Arellano Félix, que en México no fue juzgado por el atentado en el cual perdió la vida el Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo o aquel donde la libro el periodista Jesús Blancornelas, y que apenas alcanzó una pena de 22 años de prisión ante la justicia mexicana. En los Estados Unidos, Benjamín Arellano, uno de los capos más peligrosos y violentos de su época, cuyo cartel tenía representaciones en 22 estados de la Unión Americana y en México controlaba a sangre y plomo Baja California, Baja California Sur y parte de Sinaloa, fue sentenciado a apenas 25 años de prisión.

La idea los fiscales norteamericanos, explicarían extraoficialmente, fue acordar con él para reducir una sentencia, pero no lo suficiente como para que saliera de la prisión con bríos para continuar su imperio criminal. Al momento de la sentencia, en el 2017, Benjamín Arellano tenía 65 años, la libertad la obtendría a los 90.

Genaro García Luna tiene apenas 52 años, pero en los Estados Unidos le espera una larga condena. Las investigaciones de las autoridades de aquel país lograron ubicarlo en colusión con el cártel de Sinaloa, estructura criminal de la que dicen recibió millones de dólares, y no los 27 millones de pesos por los cuales es señalado en México de enriquecimiento ilícito. Además, residía en aquel país donde poseía otra cantidad de bienes inmuebles, inversiones y dinero.

Llama la atención que estando asegurado en los Estados Unidos, y conociendo el nivel de impunidad que persiste en México, las autoridades de este país pretendan ahora extraditar a García Luna. Una acción que se antoja improbable, pero que en un momento electoral como el que nuestro país está viviendo, abona a la caza de votos, o por lo menos a recordar los excesos y la corrupción de gobiernos pasados para mantener cautivos algunos sufragios, o despertar otros.

Ahí están los casos también recientemente señalados contra Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y los del propio priísta ex Presidente de la República, que son más llamaradas de petate que averiguaciones sostenidas y sólidas.

Señalar en estos momentos la corrupción priísta y la implicación de altos miembros del ex gabinete, o la colusión en el gobierno panista del ex Secretario de Seguridad con el crimen organizado para pretender “juzgarlo” en este país, suena más a campaña política electoral que a la real aplicación de la justicia.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no tendrían que ir a buscar a otro país a indiciados para hacer justicia, cuando en este tienen lo propio. Ahí está por ejemplo el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por el cual el gobierno de López Obrador abogó para que fuera liberado después de haber sido detenido en los Estados Unidos con cargos de narcotráfico y colusión con el cártel de los Beltrán Leyva, y a quien no han si quiera citado a declarar, mucho menos procesado.

También tienen cautivo a Emilio Lozoya, quien a su vez denunció al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, y este último que acumula también acusaciones, por lo menos de los abogados de Rosario Robles Berlanga. Además, los casos de corrupción que tanto denunció el Presidente López Obrador durante su campaña en instituciones como Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los desvíos en seguridad pública federal que fueron consignados en un reportaje de El País de España a propósito de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, y tantos otros más que ellos, los del gobierno actual, percibieron al tomar posesión de la estructura del gobierno federal.

Pero es evidente por la escases de resultados, que lo de este gobierno no es aplicar la Ley para hacer justicia y sentar precedentes de un real Estado de Derecho, sino que lo suyo, lo suyo, es amagar con la aplicación de la justicia para sacar provecho electoral. Así que de aquí al día de la elección, espere muchas acusaciones más, que no culminarán con un expediente abierto, mucho menos con una orden de aprehensión.

Adela Navarro Bello

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