El 15 de octubre pasado, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el aeropuerto de los Ángeles, California por cargos que lo relacionan con el negocio del narcotráfico y lavado de dinero. Mucho se ha escrito y especulado al respecto en los últimos días. La realidad es que lo ocurrido la semana pasada es un golpe brutal a las fuerzas armadas de México y a la política de seguridad del Presidente en turno que confiere un papel central a esta institución —al igual que sus dos predecesores-. No obstante la ganancia política que alegan algunos puede obtener el presidente mexicano, esto se trata de una tragedia monumental para México y los mexicanos. Los efectos de esta detención y la de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, es decir, de Genaro García Luna, colocan a México en una situación endeble y por demás peligrosa.

El arresto de Cienfuegos en Estados Unidos es un acto sin precedentes. Este caso, aunado al de Genaro García Luna y al juicio de Joaquín (“El Chapo”) Guzmán Loera, parecen estar todos relacionados, involucran a la DEA y se resuelven en la Corte de Nueva York por casi los mismos jueces y fiscales. Todos estos casos refuerzan la retórica estadounidense de siempre y la idea de que México es un “narco-estado” o un “estado fallido”. También apoyan la imagen que desea proyectar el Presidente estadounidense Donald J. Trump desde que arribó a la presidencia, la cual sugiere que dado que los mexicanos no podemos lidiar con los Bad Hombres (los “narcos”), los estadounidenses podrían entonces participar de forma más directa en nuestro territorio.

Con los arrestos de los hombres fuertes de la seguridad en las dos administraciones anteriores, y dados los cargos que se les imputan, pareciera que ahora sí—dentro de México y por la corrupción malsana que caracteriza a los mexicanos—“nadie podrá defendernos”. En un contexto de elevadísimos niveles de violencia, las tasas de homicidio más elevadas en la historia contemporánea de México y un vasto control territorial por parte de la delincuencia organizada, pareciera ser que el único capaz de hacer justicia en nuestro país es el gobierno de los Estados Unidos. Al coludirse con el narco en su nivel más alto, pareciera ser que las fuerzas armadas perdieron toda su credibilidad.

La información contenida en el juicio de El Chapo y los cargos por los cuales se detiene a los hombres clave de la seguridad en México—en dos controvertidos sexenios—son de una enorme relevancia para el futuro de las relaciones y la cooperación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos. Cabe destacar que en los últimos dos casos no ha habido aún juicio alguno y no conocemos ninguna de las pruebas que dicen tener los fiscales estadounidenses para inculpar a los dos ex funcionarios públicos del más alto nivel—por crímenes relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Pienso que los mexicanos nos merecemos conocer todas y cada una de las pruebas con las que dicen contar los fiscales que colocan a México, sin exagerar, como un “Estado
narco”.

Sería una enorme tragedia que en Estados Unidos los dos casos terminaran en un acuerdo extrajudicial o resolución fuera de tribunales. Y esta es una posibilidad, incluso en el caso de Genaro García Luna, quien, al igual que Salvador Cienfuegos, puede aún declararse culpable. Esto terminaría con el juicio y por lo tanto con la obligación de presentación de pruebas que relacionan supuestamente a las cabezas de la seguridad pública y la seguridad nacional mexicanas en el tráfico de estupefacientes. En caso de que no haya juicio, no conoceremos los detalles de las operaciones por las cuales se arrestó a estos individuos, ni conoceremos el modus operandi de sus redes o el nombre y apellido de todos los implicados (tanto mexicanos como extranjeros). El quedarnos sin conocer esto sería trágico y alimentaría aún más las dudas que muchos se plantean, en un momento político clave y porque esto podría, en el peor de los casos, justificar eventualmente una intervención directa de las agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional.

Aún no hay nada escrito, solo el miedo a un posible pacto entre agencias y criminales (como suelen hacerlo los estadounidenses para conseguir sus objetivos políticos o geoestratégicos), que podría poner en jaque a la soberanía de México. Es verdad que el tema de la militarización de la seguridad pública es por demás controvertido y los resultados han sido funestos para todo el pueblo mexicano desde finales de 2006 cuando Calderón declaró su “guerra contra el narco”. En ese momento, el presidente de México decidió involucrar a los militares en tareas de seguridad pública, lo cual derivó en centenas de miles de muertos y en una dinámica que no se detiene y que parece ser una inmensa bola de nieve.

En los casos de Cienfuegos y García Luna existen dos vertientes: una que se ventila en los tribunales estadounidenses y otra que únicamente concierne y compete a México. Sobre esta última nos enfocamos en los actos de corrupción, violación a derechos humanos y posible saqueo a la nación encabezados por los personajes que ahora enfrentan cargos en Nueva York. Desafortunadamente, ellos no están siendo juzgados en México. En el caso de García Luna, son del dominio público sus tropelías, sus montajes, las diferencias entre sus gastos y sus ingresos y la existencia de cuentas en paraísos fiscales. Salvador Cienfuegos, por su parte, ha sido señalado por su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos y desapariciones extrajudiciales atribuidos a las fuerzas armadas en diversos momentos, incluido el caso Ayotzinapa.

Otro detalle muy importante, que casi no se ha discutido en medios de comunicación, es la muy probable participación directa de las fuerzas armadas en el robo de combustibles, en especial el llamado “huachicoleo”. Cabe destacar que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, este delito—que ya era un enorme problema a nivel nacional—se dispara exponencialmente y como nunca antes en la historia de México. Como he dicho antes—y sin contar con pruebas debido a que no existe investigación oficial al respecto—la lógica indica una responsabilidad mayor por parte de las fuerzas armadas, quienes están encargadas de resguardar la infraestructura estratégica del país. Se culpó siempre a los “carteles” de esa nueva modalidad de crimen organizado que representa un atraco mayúsculo y sistemático a la nación.

Sin embargo, como constato en mis estudios, el nivel de atraco y la sofisticación de dichas operaciones requieren forzosamente de la participación directa de personal de petróleos mexicanos y de las fuerzas armadas. Analizando las estructuras altamente verticales y jerárquicas del sindicato petrolero y la SEDENA, no es posible creer que operaciones de la magnitud del robo de combustibles en la era de Enrique Peña Nieto no fueran del conocimiento—y hasta quizás fueran protegidas, dirigidas u operadas directamente—por las cabezas de las dos instituciones. La lógica apunta en esta dirección concreta, pero desafortunadamente todos, incluyendo al gobierno de México, han preferido mirar hacia otro lado. Aunque el presidente mexicano hizo del combate al robo de combustibles una de sus prioridades al iniciar su sexenio, las investigaciones al respecto parecen no avanzar y parece reinar la impunidad. Ningún actor en concreto—y mucho menos los responsables—han enfrentado el peso de la ley por este delito que ha sangrado a México.

Las cuentas pendientes que tienen con México Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna parecen ser de gran envergadura. El daño que su actuar u omisiones parecen haber causado a nuestro país es atroz. Ahí nos debiéramos enfocar en primer lugar y exigir a nuestro gobierno que se investigue y se haga justicia. El verdadero atraco por parte de estos dos ex servidores públicos parece haber sido fundamentalmente en contra de México y los mexicanos; las pruebas deben buscarse aquí. Es preciso recordar que los narcos se convierten en enemigos mortales de México cuando nuestros gobernantes deciden declararles la guerra—una guerra que no era nuestra—de la mano de Estados Unidos, a través de la iniciativa Mérida.

Me parece sorprendente, por decir lo menos, cómo la opinión publica responde más al espectáculo de «El Chapo» desde su última captura y su juicio, y a las detenciones de dos exfuncionarios mexicanos en Estados Unidos—aun sin pruebas mostradas por los fiscales—que al verdadero atraco que estas dos personas pudieron haber realizado en México. Me parece sorprendente también que algunos corresponsales reciten las filtraciones que vienen desde Washington en estos casos, con el afán de sacar la nota primero y aparentemente buscando notoriedad—sin realizar un análisis serio y profundo de las implicaciones de estos hechos. Se repite el guion estadounidense—casi hollywoodense o característico de las series de Netflix—sin cuestionar algunos detalles que parecen turbios o poco creíbles, y que dañan profundamente la imagen de México.

Tal cual Amazona oratrix (o loro cabeza amarilla), algunos de nuestros corresponsales en Washington—y gran parte de la prensa nacional y extranjera—repiten el guion y sirven de voceros a los grandes intereses imperialistas. Quizás tengan razón en hacerlo; quizás México sea en realidad un narco-estado y los mexicanos unos corruptos sin remedio. Quizás solo los estadounidenses son justos e impolutos, y sólo ellos pueden defendernos.

Lo que es cierto es que a Cienfuegos y a García Luna ya los condenaron muchos sin siquiera haber visto las evidencias, sin analizarlas, sin cotejarlas, es decir, sin considerar el precepto de presunción de inocencia que forma parte toral de nuestros sistemas de procuración de justicia. En un mundo en el que los gobiernos más que buscar la verdad, buscan sus intereses económicos, geopolíticos y geoestratégicos, creo que se vale dudar y más si lo que está en juego son nuestros recursos estratégicos y la soberanía nacional.

Por otra parte, y esto ya ha sido reconocido finalmente por varios analistas y por el mismo presidente, es importante destacar el hecho de que estos dos ex funcionarios públicos ahora presos en Estados Unidos colaboraron de forma cercanísima con sus contrapartes estadounidenses. García Luna trabajó con la DEA, el FBI y otras agencias, siendo su mejor empleado y operando a la perfección la dañina estrategia kingpin para descabezar carteles, que contribuyó a llenar de sangre al país. Por su parte, Cienfuegos trabajó de la mano del Departamento de Defensa de Estados Unidos, recibiendo apoyos millonarios para operar su estrategia y hasta reconocimientos por su “distinguida actuación” como secretario de la Defensa Nacional. De hecho, en 2018, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry (Centro Perry) de la Escuela Nacional de la Defensa otorgó a Cienfuegos el Premio para la Excelencia en la Educación de Seguridad y Defensa (mismo que había otorgado al Presidente Felipe Calderón en 2012). Por otro lado, el mismo Departamento de la Defensa vendió una enorme cantidad de equipo militar altamente especializado a la SEDENA cuando Cienfuegos estaba a la cabeza. Solo en los primeros dos años de la administración de Peña Nieto, estas ventas ascendieron a más de un billón de dólares (mil millones en Estados Unidos; véase: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/15/whats-behind-mexicos-military-buying-binge/).

Esto parece sugerir que a Cienfuegos el gobierno estadounidense le tuvo una enorme confianza. Lo mismo parecía ser en el caso de Genaro García Luna. Operaron de la mano los dos gobiernos con estos funcionarios públicos a la cabeza. Me cuesta trabajo pensar en la ingenuidad de las autoridades estadounidenses cuando conocemos lo capaces y profesionales que son investigando a sus socios y recopilando inteligencia. Me resisto a pensar que los estadounidenses hayan sido tan ingenuos y despistados, mientras que los mexicanos hayan sido tan hábiles como para engatusar así a las autoridades del país más poderoso del mundo. A García Luna hasta le otorgaron la residencia y éste ya se encontraba tramitando la nacionalidad. Considerando la cercanía entre las agencias estadounidenses y las mexicanas encabezadas por estos dos alegados hampones, y calculando los apoyos brindados a estos dos personajes en funciones, se podría pensar que más que Padrinos del narco en México, el verdadero Padrino podría haber sido—sin quererlo, por supuesto—el gobierno de Estados Unidos.

Nota: El juicio de Genaro García Luna aún puede cancelarse si éste se declara culpable. Lo anterior sería una tragedia mayor. Especulan los malpensados que se ha hecho todo para presionar a García Luna y lograr que se declare culpable. Piensan que así será, que no habrá juicio, y que así los fiscales no estarán obligados a presentar las pruebas que inculpan al ex secretario de seguridad pública. Se piensa incluso que se conspiró para cancelar la audiencia del 7 de octubre para ganar tiempo. Se preguntan los malpensados por qué el juez Brian Cogan decidió cancelar dicha audiencia aludiendo a que los presentes no silenciaron sus teléfonos y no guardaban silencio. En la mayor parte de las plataformas de ese tipo, precisamente para evitar bullicio y descontrol, el administrador puede silenciar a los participantes. Quizás en esta plataforma no se podía. Seguro debe haber alguna explicación técnica. Estas suposiciones pueden ser sólo ideas sinsentido de gente malpensada.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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