Ciudadanos de León, Guanajuato, denunciaron ante autoridades federales a la industria del cuero y calzado por descargas ilegales de aguas residuales sobre arroyos y un río propiedad de la Nación, y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) por irregularidades en la gestión del tratamiento de aguas domésticas e industriales.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– En el marco de la crisis hídrica en Guanajuato, la industria curtidora, clave para la economía y cultura de León hasta la década de los ochenta, descarga aguas residuales sin tratar al arroyo Las Mulas, por lo que contamina al río Turbio que atraviesa la ciudad, denunció Acción Colectiva Socioambiental a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalando como corresponsable al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), cuyo Consejo Directivo está conformado, entre otros, por representantes de la industria.
«Los industriales de la curtiduría –que fundaron la ciudad de León al surtir a la industria minera hace 400 años– contaminan el agua con sustancias peligrosas y no cumplen con su obligación de tratarla, bajo la mirada complaciente y cómplice de las autoridades», acusó la organización civil que previamente también presentó la denuncia al SAPAL para que investigue quiénes son los responsables directos de la contaminación por fallas en la infraestructura que debe tratar las aguas residuales. Esperan que las autoridades realicen visitas de inspección en las instalaciones y se indague tanto su permiso de Conagua para descarga de aguas como los análisis de la calidad del líquido vertido.
El director de la organización, Gustavo Lozano Guerrero, puntualizó vía telefónica que la industria curtidora sigue teniendo un aporte económico importante para el municipio, pero al diversificarse con otros sectores como el automotriz y la construcción inmobiliaria en los últimos treinta años, «ya no es la industria más poderosa». De 2010 a 2013, expuso, el Gobierno municipal reubicó hacia el sur-poniente de León a la mayoría de las empresas de la industria del cuero y calzado en parques industriales cercanos a arroyos, río Turbio y la colonia Morelos, rumbo a la salida al municipio San Francisco del Rincón.
Acción Colectiva Socioambiental fue advertida de manera anónima sobre cómo justo de esa zona industrial se vertía ilegalmente agua sucia al arroyo Las Mulas, una zona lacustre donde fluye el arroyo Hondo y el río Turbio. Tras un recorrido el 10 de julio por las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y el Módulo de Desbaste (MD) para el agua residual industrial, quedaron «impactados» porque encontraron que la contaminación de la industria curtidora se extiende a otras fuentes de agua: el arroyo Hondo, el arroyo Guaje y el río Lerma. Volando un dron descubrieron que SAPAL, luego de tratar las aguas residuales, mezcla las domésticas e industriales de diferentes calidades antes de verterlas al arroyo El Guaje.
SEIS DESCARGAS ILEGALES DE AGUA SUCIA
Integrantes de Acción Colectiva Socioambiental documentaron con imágenes y direcciones exactas seis descargas ilegales de aguas residuales no domésticas sin tratar directamente al arroyo Las Mulas, provenientes de empresas de la industria curtidora ubicadas en los Parques o Fraccionamientos Industriales «San Crispín», «Santa Crocce», «San Jorge», «Pamplona» y «Arroyo Hondo», reza la denuncia a las autoridades.
Al correr en dirección noreste-suroeste, las aguas sucias del arroyo Las Mulas también son vertidas al arroyo Hondo, cuerpo de agua propiedad de la Nación. A solo 650 metros del Ejido Santa Rosa Plan de Ayala, el líquido afluye al río Turbio.
«El agua residual de la industria curtidora debería estar confinada desde que sale de la planta de producción al Módulo de Desbaste para ser tratada y gestionada, pero esto no ocurre así», dijo el director de la organización, Gustavo Lozano Guerrero.
Al sur del río Turbio está el Ejido Santa Rosa Plan de Ayala. Los terrenos donde está la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste eran sus terrenos hasta que SAPAL se los compró. El ejido tiene una concesión de Conagua para recibir agua tratada para riego de cultivos que debe cumplir la NOM-003 de la Semarnat. Pero a finales de julio, habitantes del Ejido se quejaron sobre la calidad del agua tratada enviada por SAPAL desde su planta que los está enfermando y está echando a perder sus parcelas.
Las aguas del río Turbio cuentan con una Declaratoria de Propiedad de la Nación por parte del Ejecutivo Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de febrero de 1920, por lo que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, las aguas que están siendo contaminadas por las empresas de la industria curtidora son consideradas como de propiedad nacional.
Luego de recibir las aguas del arroyo Hondo, este río corre aproximadamente 8.5 kilómetros en dirección noreste-suroeste y sale del municipio de León para internarse en el municipio de San Francisco del Rincón a la altura de la comunidad Puerta de San Germán, para, desde ahí, recorrer aproximadamente 200 kilómetros más hasta encontrarse y entregar sus aguas al Río Lerma, donde se intersecta la línea divisora entre Pénjamo y Abasolo.
IRREGULARIDADES DEL SAPAL
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no trata todas las aguas residuales domésticas que recibe la Planta de Tratamiento, pero sí cobra su saneamiento, ya que a través de un canal de demasías, desvía hacia el arroyo Hondo aguas residuales sin tratar. En época de lluvias, desvía hasta 259 mil 200 litros diarios y en época de estiaje, desvía hasta 14 mil 400 litros al día, de acuerdo con la organización Acción Colectiva Socioambiental.
«Los usuarios de SAPAL pagan el saneamiento de esas aguas que no son tratadas, sino vertidas directamente al arroyo Hondo contaminando el río Turbio al que afluye», acusó. Su director, Gustavo Lozano, comentó que no es claro cuánto pagan los usuarios mensualmente por el servicio porque los recibos no están desglosados y muestran «fórmulas complejas de la tarifa», por lo que también planean acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Además, «la desequilibrada composición de los integrantes del Consejo Directivo de SAPAL es, en nuestra opinión, la principal causa de la crisis del agua en León».
Salvo tres representantes del Ayuntamiento, una representación sindical, dos de instituciones educativas privadas y el Colegio de Ingenieros Civiles de León, el resto de los miembros del Consejo Directivo 2019-2022 están asociados a intereses corporativos, algunos de los cuales, agrupan muchas de las mayores industrias consumidoras y contaminantes de agua de la ciudad: la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara de la Industria de la Curtiduría, la Cámara de la Industrial del Calzado del Estado de Guanajuato, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Centro Patronal de León (COPARMEX), la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, A.C., la Asociación Mexicana de Mujeres de Empresa, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, debería haber consejeras y consejeros propuestos por organizaciones que representen a la mujer y que defiendan el derecho humano al agua.
Pero el actual Consejo Directivo de SAPAL «no garantiza una toma de decisiones que asegure el bien común de la población por el peso excesivo que tienen los representantes del sector industrial y comercial, lo que podría derivar en un posible un conflicto de intereses», acusó Acción Colectiva Socioambiental.
En un comunicado, Acción Colectiva Socioambiental también señala que el conjunto del sistema de la Planta Tratadora de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste tiene dos entradas diferenciadas de agua, una de aguas de uso doméstico y otra de uso industrial, pero existe una única salida de aguas, por lo que SAPAL «mezcla aguas tratadas con diferentes calidades» antes de verterlas al arroyo El Guaje.
«A la infraestructura completa le entran dos tipos diferentes de agua, doméstica residual e industrial residual, pero al vuelo del dron nos dimos cuenta que solo había un punto de salida de esas aguas que está hacia el sur de la Planta de Tratamiento y descarga sus aguas mezcladas en el arroyo El Guaje que unos metros más adelante se reúne con el río Turbio. Así se contamina el agua», detalló Gustavo Lozano.
El Módulo de Desbaste de aguas residuales de la industria, evalúa la organización, es «insuficiente» frente a las cantidades de agua residual que produce la industria curtidora. Tiene una capacidad para sanear 150 litros por segundo, sin embargo el incremento en la instalación de nuevas industrias hacen que esta infraestructura sea incapaz de dar un tratamiento al total de las aguas para asegurar el cuidado y la preservación del medio ambiente.
Además, el saneamiento de aguas residuales produce lodos tóxicos que deben ser gestionados para lo cual se construyó un “Sitio de Disposición Final de Lodos”, pero se encuentra «abandonado», lo que constituye un fraude hacia los usuarios y un foco de contaminación e insalubridad para las poblaciones cercanas.
Contra la insuficiente infraestructura, SAPAL planea invertir después de septiembre, cuando termine la concesión de la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste a la empresa Ecocistres, mil 500 millones de pesos para reconstruir el sistema de tratamiento de aguas porque está en malas condiciones, acordó en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 29 de abril.
Sin embargo, observó Acción Colectiva, hace menos de dos años, el 4 de septiembre del 2018, SAPAL le informó a la Secretaría del Medio Ambiente –a través de una Manifestación de Impacto Ambiental– que la infraestructura no ha llegado al final de su vida útil y que se encuentra «en buenas condiciones de operación». Por ello presentarán una queja ante la Contraloría Municipal para indagar el uso del dinero público.
«¿Qué pasó en dos años que sufrió un desgaste? Creemos que la responsabilidad es del SAPAL. En aquel momento la directora era Angélica Casillas, la actual directora de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, que ya fue Diputada», concluyó Lozano.
