El recuento del alza en linchamientos en México indica la falta de acción de la sociedad y el Gobierno para contener la violencia, coinciden especialistas.
Por Gardenia Mendoza
Ciudad de México, 13 de agosto (La Opinión).– En el mercado de las flores de Cuemanco, al sur de la Ciudad de México, la gente dijo que el hombre, de unos 33 años, quería robarse unas rosas y que por eso los comerciantes le atacaron con violencia. Que le dieron una paliza hasta dejarlo sin aliento y que tal vez hubiera muerto si una mujer no hubiera intervenido para evitarlo.
“Ya estuvo bueno, ¡pobre hombre!”, se compadeció ella y evitó un desenlace fatal como los que ocurren diariamente en México en busca de justicia por propia mano.
Dos días antes, el asaltante de un vehículo quedó filmado para la eternidad después de una tunda que le propinaron los pasajeros de un transporte colectivo en la zona conurbada de la Ciudad de México. Con los ojos hinchados, la cara inflamada, deforme y desnudo fue arrojado desde el vehículo a una calle por la que deambuló torpe, pero vivo.
La suerte estuvo de su lado. En otros escenarios, en otro momento, hubiera sido enviado a una hoguera improvisada, rociado con gasolina y, malherido, quemado vivo en una pira larga, tortuosa y ardiente como las tantas sobre las que ha dado cuenta la prensa local durante años e incluso ahora, en tiempos del coronavirus.
“Quizás ahora haya un poco menos de casos de justicia por propia mano por el confinamiento, pero son más violentos”, advirtió Julián Flores, investigador de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“La epidemia juega un papel fundamental en estos sucesos; pues el encierro incrementa el estrés y la ansiedad que se suman a la crisis económica, por lo que al sentirse atacadas, las personas no sólo buscarán defenderse, sino que tratarán de hacer el mayor daño al delincuente”.
Hasta el momento no hay un recuento oficial reconocido sobre el número de linchamientos en todo el país desde que lo ronda la COVID-19.
Únicamente en el estado de Puebla —uno de los más representativos en esta práctica, después de Oaxaca— el secretario de Gobernación David Méndez informó que en lo que va de 2020 se han registrado 105 eventos de linchamientos en 36 municipios de la entidad y se ha logrado el rescate con vida de 158 personas.
Todo esto tiene un precedente a la alza documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con base en recuentos hemerográficos.
En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37 por ciento; mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190 por ciento respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos.
En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146 por ciento, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. El 2019 cerró con más de 300.
El método del ojo por ojo busca por un lado resarcir la impunidad y, por otro, servir de ejemplo, según los sociólogos de la violencia, Sin embargo, no ha sido efectivo en México.
Luego de la golpiza al ladrón de la ruta 83 en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los asaltos bajaron, pero los chóferes saben que la lección durará poco.
“Es normal, nos ha pasado en otras ocasiones, semana, semana y media se calman y luego otra vez empiezan a operar estos ladrones”, contó uno de los líderes de transporte a la prensa local después de que el video que se filmó en la cámara de vigilancia de la combi se volvió viral en redes.
CRIMEN Y CASTIGO
“La justicia por propia mano es una respuesta de venganza de la sociedad cuando la justicia falla; sin embargo, resulta peligroso porque puede convertirse en un caldo de cultivo para aumentar la violencia, afirmó la experta en análisis de prevención y seguridad, Eunice Rendón.
A los pocos días de que el rostro desfigurado del ladrón de la combi diera la vuelta al mundo, otro delincuente, acusado de abuso de una menor de edad, cayó en las manos de una turba enardecida en en San Marcos Tlacoyalcol, Puebla.
Los habitantes lo golpearon y lapidaron y, una vez sin vida, lo quemaron ante los policías que no pudieron controlarlos. De hecho, resultó lesionado el director de la Policía Municipal y otra persona, según reconoció el gobernador Miguel Barbosa.
La CNDH ha sido particularmente crítica con el papel de las autoridades en los linchamientos. En el informe de 2019 argumenta que “constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad” derivadas de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley.
Por otro lado, observa que es una consecuencia de la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas que canalizan el hartazgo e impotencia en las expresiones de violencia colectiva y sin control protegidos en el anonimato de la turba.
“Los linchamientos quieren llamar la atención sobre un problema de inseguridad”, advierte y, sin embargo, la respuesta suele ser tibia.
Al arribar al lugar del evento, miden el nivel de violencia y el número de elementos frente a la población y suelen concluir que no existen las condiciones de diálogo o que son ampliamente superados, sin recurrir previamente a técnicas de disuasión, dispersión y control de masas”.
En febrero de 2019 en la alcaldía de Xochimilco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió refuerzos de los alrededores ante la falta de policías para enfrentar una turba. Poco a poco llegaron otros elementos de las zonas de Copa, Milpa Alta, Hospitales, Tepepan y Tecomitl para liberar al acusado de abusar de una niña, pero fue demasiado tarde.
El enfrentamiento entre vecinos y policías termino con 23 uniformados heridos, 14 hospitalizados, tres patrullas destruidas y un acusado sin juicio que recibió tantos golpes que murió a las pocas horas de que se lo llevó un helicóptero del agrupamiento especial de seguridad llamado Cóndores.
LAVARSE LAS MANOS
Hace unos meses, la Fiscalía del Estado de México anunció con bombo y platillo una noticia: por primera vez había dictado una sentencia de 50 años de cárcel a Claudio N., acusado de incitar el linchamiento en contra de una persona en la comunidad de Santiago Tianguistenco el 14 de marzo de 2019.
Según las investigaciones, el hombre invitó a los pobladores a tomarse la justicia por propia mano con el argumento de que se trataba de un violador y de querer privar de la libertad a dos menores de edad. El detenido y demás pobladores golpearon al acusado y le rociaron con gasolina. La víctima ardió hasta la muerte como en los tiempos de la inquisición.
La sentencia contra esta barbarie se aplaudió en los círculos de la justicia aunque fue un acción aislada. Por lo común, las autoridades ,en un ánimo de evadir sus responsabilidades suelen minimizar los hechos, bajo el argumento de que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales o existía el señalamiento directo de la víctima.
Armando Perez alcalde del municipio de Atzompa, en Hidalgo, justificó recientemente el linchamiento de un asaltante diciendo que “la gente está cansada de tanto robo extorsión y secuestro” aunque parte de estos crímenes deberían ser resueltos por su propia autoridad.
La violencia trae consigo otras atrocidades donde ni siquiera la muerte es el objetivo, sino causar el mayor dolor posible como bien documentó a principios de agosto la organización Causa Común.
Por cada delito documentado en México, identificó uno o más de un hecho atroz y así contabilizó 10 masacres, 11 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, cuatro profanación de cadáveres, seis feminicidios, 13 descuartizamientos, 22 torturas, nueve intentos de linchamiento, 16 calcinamientos y cuatro atrocidades de otro tipo, sólo en Puebla.
“Hay que analizar el furor que se da en torno a los linchamientos, por ejemplo en las redes, que estamos acostumbrándonos a vanagloriar este tipo de actos y eso es también parte de nuestra desgracia; es decir, es un caldo de cultivo perfecto para la violencia”, recordó Rendón.
