De acuerdo con la investigación de la dependencia, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arrojó que a través de la suplantación de identidad las cuatro personas detenidas lavaron ocho mil 500 millones de pesos de los que seis mil 730 millones provenían de recursos y operaciones ligadas a los Panama Papers.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al detectarla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se descubrió que sus operaciones están vinculadas con las los Panama Papers. El grupo realizó retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos.
"El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto seis mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización", reveló la dependencia encabezada por Santiago Nieto en un comunicado.
El esquema utilizado por el grupo criminal utilizaba un esquema de pago a través de tarjetas de nómina. Suplantaron la identidad de personas a las que generaban cuentas para beneficiarse de recursos ilícitos. Para desarrollar la operación, la UIF detectó que en el grupo criminal participó una ejecutiva bancaria quien facilitó la entrega de tarjetas y dispositivos token para disponer del dinero.
“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras”, señaló la UIF, por lo que además de la denuncia bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con la organización.
La dependencia aseguró que las acciones realizadas se hicieron con base en la normatividad existente que busca la prevención del delito con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
EL OPERATIVO
El Ejército y la Marina Armada de México detuvo a los cuatro integrantes de la la red criminal. Dos hombres y dos mujeres que operaron la sustracción ilegal de recursos a partir de una cadena de empresas “factureras” que podrían ser más de 100.
La detención de tres de las personas integrantes se realizó en el municipio de Metepec, en el Estado de México desde donde operaban al menos 50 de las empresas falsas y localidad destinada como oficinas de ellas; el tercer cómplice fue detenido en una sucursal bancaria.
El operativo terminó con la detención de las cuatro personas y su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez fue el responsable de determinar el crimen.
Para la ejecución del operativo la FGR emitió órdenes de aprehensión para asegurar a los participantes del robo. Además, las supuestas oficinas fueron aseguradas por las fuerzas oficiales; en su interior se localizaron al menos 100 actas de constitución de 100 empresas factureras o de operaciones simuladas.
VAN POR FACTUREROS
El Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, alertó el amrtes que en abril o mayo se conocerán las primeras órdenes de aprehensión contra aquellas personas que adquirieron facturas falsas durante el mes de enero.
“Las primeras órdenes de aprehensión podríamos verlas hacia abril o mayo, dado que estaríamos esperando que los primeros que compraron facturas ahorita en enero ya tuvieron que haberlas declarado en febrero”, señaló al concluir su participación en la mesa de trabajo en materia de outsourcing en el Senado de la República.
Romero Aranda añadió que la adquisición de facturas falsas también suele emplearse para simular la subcontratación de servicios laborales, por lo que empresas dedicadas a esta práctica también podrían verse afectadas por la emisión de órdenes de aprehensión.
“Quienes hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización en enero, podríamos estar hablando también de órdenes de aprehensión por esos conceptos”, abundó.
En este sentido, el funcionario federal recordó que la emisión de facturas falsas constituye un delito equiparable a la delincuencia organizada y que amerita prisión preventiva.
