Sus abogados José Luis González Meza Badillo y Juan Pablo Badillo Soto esta semana dieron una conferencia de prensa donde pusieron dos temas sobre la mesa pública: Que el dinero y los bienes que pudieran ser confiscados se le entreguen al Presidente López Obrador para que este lo distribuya entre las comunidades indígenas y llamaron a redoblar esfuerzos para lograr la extradición de su cliente desde los Estados Unidos a México.

Esta postura resulta luego de que miembros de la familia Guzmán Loera tuvieron presuntamente conversaciones telefónicas con el sinaloense hace un mes y en ellas habrían comentado el posible destino del dinero y bienes del capo. Cuestión que resulta difícil de creer por los controles estrictos que existen en este tipo de llamadas que están protocolizadas y donde hay temas que pueden ser tocados y otros definitivamente no, por razones obvias y porque hasta estaría en juego la misma comunicación si hay sospecha de que están sirviendo de correo para trasmitir mensajes a terceros.

Cómo, se sabe, hay una discusión diplomática no resuelta sobre a qué país le corresponderían esos bienes y en qué proporción a cada uno de los países en este litigio bilateral donde ambos tienen buenas razones para reclamarlo, pero lo que sí está resuelto, es la sentencia a perpetuidad que pesa sobre el ex líder del Cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán evidentemente al estar preso por narcotráfico, ya no puede reclamar como propios, los bienes que resultaron de su actividad criminal durante décadas porque una vez confiscados, simple y llanamente, ya no serán suyos.

Y, esa condición, sitúa el dinero en el limbo diplomático por los daños que el cártel pudo cometer en estos dos países u en otros, porque perfectamente, un tercero o un cuarto país, puede igual reclamar ante la instancia correspondiente su parte con el argumento de que la actividad del capo provocó directa o indirectamente daños tangibles en su territorio -Recuérdese que el Cártel de Sinaloa tiene alianzas y ramificaciones en todo el mundo y con ello viene adosada su estela de violencia criminal.

Lo que si puede hacer El Chapo y seguro lo están haciendo sus abogados estadounidenses, es negociar con el gobierno de los Estados Unidos, la ubicación de esos bienes que son un enigma a cambio de la extradición a México o beneficios en el sistema penitenciario, que como sabemos está llevando al capo al desequilibrio mental por las duras condiciones de confinamiento. Eso lo han hecho otros capos y han logrado beneficio incluso su liberación antes de cumplir la condena. No es para nada seguro el resultado, pero cuándo se está contra la pared son pocas las cartas que se tienen para jugar y en eso son expertos los abogados estadounidenses.

Lo que nunca puede hacer El Chapo como cualquier ciudadano indicar que “sus” bienes sean destinados al mejoramiento de la vida en las comunidades indígenas o cualquier otro objeto social, no tiene mano en la decisión, y ni siquiera Marcelo Ebrard puede argumentarlo en las negociaciones con sus pares estadounidenses y si lo hiciere sería ridículo para la diplomacia mexicana.

La defensa del Chapo Guzmán debe demostrar que está trabajando para cobrar a su cliente, y más cuando su trabajo tiene que ser más mediático que jurídico, más en la luz que en la oscuridad de un despacho, cuando se trata de mantener el tema en los medios de comunicación y que la figura del capo se mantenga en el imaginario colectivo como alguien “que no se rinde jamás, que va hasta el final, aun o más porque está Trump”.

El mito omnipotente del Chapo, cómo todos los existentes en este mundo fascinante, necesita periódicamente se le saque a pasear y es lo que están haciendo los abogados mexicanos, que no son los que están llevando el caso en los tribunales estadounidenses y con los que no parecen tener contacto para una estrategia conjunta, bilateral, compleja.

Pero eso no parece importar, y hasta lleva a pensar que estos abogados más publicistas, buscan tener el tema en los medios y bajo la tensión que existe entre ambos países por el tema de la supervisión periódico en el cumplimiento de los compromisos pactados hace unos meses con el tema migratorio, que reaparece esta semana con el incremento al arancel al acero mexicano hasta llevarlo a un 31% por un supuesto dumping que realiza nuestro país con este metal.

Entonces, el caso Guzmán Loera podría significar una guerra de símbolos para consumo nacional, en el mes de la patria, frente a un Trump desalmado, está la figura de un Chapo benefactor con los más pobres; frente a un Trump antimexicano está un Chapo nacionalista que busca estar en sintonía con el Presidente López Obrador aun cuando este dreno, cómo se dijo en la Corte de Manhattan, millones dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto y no se diga la derrama en las elecciones de estados y municipios.

Se busca mantener el caso en el ánimo público y eso en un país muy dado a construir mitos, la postura de estos abogados encaja perfectamente con la ola nacionalista que esta viviendo el país, no sabemos qué tanto le va a alcanzar a la defensa para defender a su cliente, pero el hecho, de que ya el tema este en los medios es ganancia así sea efímera.

Y quiero cerrar este texto trayendo una anécdota de los pasados años ochenta, cuándo uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, el mítico Rafael Caro Quintero, quien en plena actividad de su negocio ofreció que lo dejaran trabajar y que si eso ocurría prometía pagar la deuda externa que México tenía con el mundo financiero. Aquella fanfarronada fue celebrada por muchos que tenían más confianza en Caro Quintero, que en el gobierno.
O sea, diría el clásico, la historia se repite algunas veces como drama, otras como tragedia.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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